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Language CIRIEC - Revista jurídica de economía social y cooperativa. 2019. No. 35
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Recent Submissions
- Las sociedades cooperativas agroalimentarias ante la aplicación de las normas de competencia(2019-12-30) García Ruiz, EncarnaciónLas sociedades cooperativas agroalimentarias están sometidas a las normas de competencia, tanto nacionales como europeas. Los expertos advierten que éste es uno de los retos a los que deben de enfrentarse estas sociedades a la hora de competir en el mercado. Sin embargo, hay pocos estudios doctrinales sobre qué implicaciones supone, para elsector cooperativo agroalimentario, estar sometido a un control cada vez más estricto por parte de las autoridades de competencia. Nuestro propósito es estudiar cómo se aplican las normas de competencia a este sector, así como mostrar la dificultad que presenta establecer los límites de compatibilidad entre los dos conjuntos normativos: el que regula al sector agroalimentario y el que regula al sector de la competencia. Muestra de ello son los cambios que se han ido produciendo en los criterios de política jurídica en cuanto a la interpretación convencional del Derecho de la competencia aplicado al sector agroalimentario.
- Las cláusulas sociales en la contratación pública: un estudio de su idoneidad para el fomento de la economía social(2019-12-30) Canalda Criado, SergioLa colaboración público-privada a través de la contratación pública representa una manifestación de la descentralización productiva produciendo ocasionalmente efectos adversos en términos sociales. Sin embargo, mediante las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE la Unión Europea desea impulsar, a través de la contratación pública, mejores estándares sociales y la consecución de la Estrategia Europa 2020.La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ha incorporado importantes novedades sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, virando hacia criterios cualitativos que debieran primar el cumplimiento de los principios orientadores de la economía social. Sin embargo, el tipo de contenidos de dichas cláusulas que la Ley sugiere se concentran en corregir los resultados perniciosos en términos sociales que la descentralización productiva ha provocado en algunos casos, afectando la idoneidad de aquellas para tomar en consideración las características de la economía social y, en el caso estudiado, las cooperativas de trabajo asociado.
- Contratación pública socialmente responsable: la exigencia de un salario mínimo como condición especial de ejecución(2019-12-30) Gómez Fariñas, BeatrizLa contratación pública se ha revelado en los últimos años como una herramienta esencial para fomentar determinadas políticas públicas de carácter social. El fuerte impulso que su dimensión estratégica ha recibido a nivel legal y jurisprudencial hace que sea posible exigir a las empresas que operan en el mercado el cumplimiento de un determinado estándar en materia social en las distintas fases contractuales. El objetivo de este trabajo es analizar la inclusión de consideraciones sociales como condiciones especiales de ejecución del contrato y, en particular, dar cuenta de la posibilidad de emplear este mecanismo para garantizar el pago de un salario mínimo.
- Centros especiales de empleo de iniciativa social. Avances legislativos y ajustes necesarios(2019-12-30) García Sabater, Antonio BorjaLa actual Ley de Contratos del Sector Público, modificó la Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad caracterizando la nueva categoría de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. La obligación de realizar contratos reservados para entidades sociales y la posibilidad de aplicar características objetivas que formulen licitaciones más sociales permite impulsar la igualdad por medio de los contratos públicos. Los centros especiales de empleo de iniciativa social pueden ser un instrumento para promover el empleo de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de acceso al empleo, pero todavía se requieren algunos ajustes en la normativa estatal y autonómica.
- Cooperativas de recolección de residuos sólidos y ofertas públicas: un estudio de caso brasileño(2019-12-30) Siqueira Neto, José Francisco; Menezes, Daniel Francisco NagaoEl objetivo de esta investigación fue analizar la exención de licitación para la recolección selectiva por parte de asociaciones y cooperativas formadas por personas de bajos ingresos como resultado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se proclamó en la Agenda 2030. Como resultado, se descubrió que 13 de los 17 ODS propugnados en la Agenda 2030 pueden tener un impacto en la exención de licitación, especialmente porque fomentarán organizaciones colectivas, generando reflexiones sobre la vida de las personas de bajos ingresos que pueden involucrarse en ellas. Además, se observó que la implementación de esta política local de desarrollo sostenible genera desafíos tales como: los intereses de las élites locales y regionales, la ausencia de una política ambiental de desarrollo equilibrada y la incapacidad de la gestión ambiental, así como problemas sociales y económicos en el ciclo de institucionalización de estas cooperativas y asociaciones de trabajadores.
- Concurrencia competitiva, igualdad entre licitadores y discriminación positiva en las reservas de contratos: un análisis desde los conflictos(2019-12-30) Burzaco Samper, MaríaLas Directivas de 2014 suponen un viraje hacia la contratación pública estratégica. Ésta se concibe como un instrumento de intervención económico-social que comporta la introducción de elementos correctores en las reglas tradicionales de la contratación pública. Dichas reglas (marcadas por los principios de igualdad entre licitadores y concurrencia competitiva) podían dejar en posición de desventaja a organizaciones empresariales y entidades del tercer sector en las que priman las personas sobre consideraciones puramente economicistas. Este trabajo se centra en uno de esos elementos correctores (las reservas de contratos) en las dos modalidades que contempla la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Con base en el análisis de los conflictos, defendemos que no estamos ante excepciones a las reglas generales, sino ante variaciones fundadas en determinados principios de la contratación pública actual, así como en el interés general como guía de la actuación administrativa. Por otro lado, se examinan algunos de los obstáculos en la implementación de la contratación pública socialmente responsable, subrayando la importancia del control sobre la ejecución y el análisis de sus efectos en la consecución de algunos objetivos estratégicos para la Unión Europea.
- La dimensión social e inclusiva de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. ¿Un nuevo avance en la inclusión de las personas con discapacidad?(2019-12-30) Marín Cáceres, LauraAnálisis jurídico de las principales cláusulas sociales en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el objetivo de determinar si su tardía promulgación responde al compromiso adquirido de utilizar la contratación pública como instrumento para implementar políticas tanto europeas como nacionales que supongan un avance en el obligado respeto a los derechos de las personas con discapacidad y, por tanto, su plena inclusión.Para ello, gran parte del trabajo se dedica a analizar el impulso de la normativa internacional, como motor de inclusión de las cláusulas sociales relativas a la discapacidad en la contratación pública, pues no cabe duda que las modificaciones en nuestro Derecho interno sobre contratos públicos, se deben al impulso que con distinta intensidad provocan las Directivas de contratos de la Unión Europea que se suceden desde 1971.
- La mediación, nuevo instrumento para el consenso al alcance de las cooperativas valencianas(2019-12-30) Sanchis Crespo, CarolinaEl Reglamento de Mediación, publicado por Resolución de 22 de noviembre de 2018 del presidente del Consejo Valenciano del cooperativismo y conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, supone un gran paso adelante en la administración de las cooperativas. En el ADN de estas instituciones está la autorregulación y el modo más coherente de autogestionarse cuando surge un conflicto, es acudir a la mediación. Al otorgarse recíprocamente los mediados el acuerdo de mediación, y no ser por tanto, imposición de un tercero, es mucho más factible que lo pactado se cumpla de manera voluntaria.En el presente artículo se explica la nueva normativa de mediación al alcance de las cooperativas con especial detalle en las tres fases del procedimiento: la fase preparatoria inicial, la fase de consolidación y desarrollo y la fase de terminación.
- Contratação pública responsável e autonomia: para uma inclusão social das pessoas com deficiência(2019-12-30) Oliveira Neiva Santos, MelanieEn la presente comunicación se analizará el fomento de un trato igualitario y la integración de las personas con discapacidad, dentro de un modelo social de discapacidad, establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es objeto de la presente exposición la contratación pública responsabley la protección de la autonomía individual, como factores de superación de la pobreza y la inclusión de las personas con discapacidad.Sobre la base de la Convención e de la Estrategia Europa 2020, se examinará la Directiva 2014/24/UE* y su incorporación al orden jurídico portugués en el Código dos Contratos Públicos y la tutela de la autonomía de la persona en el Código Civil. Finalmente, se presenta un resumen de la inclusión social en análisis.
- Reserva de contratos a los centros especiales de empleo de iniciativa social: régimen jurídico y doctrina consultiva y de los tribunales administrativos de recursos contractuales(2019-12-30) Martín Lorenzo, BeatrizLa reserva de contratos a los Centros Especiales de Empleo, si bien excepciona el principio general de libre competencia, se autoriza por el derecho comunitario y el nacional como instrumento estratégico al servicio de la integración social de personas o colectivos con dificultades de empleabilidad. En este artículo se exponen las líneas principales de su régimen jurídico, de la doctrina consultiva y de los Tribunales de recursos contractuales a propósito de los distintos rasgos caracterizadores de los contratos reservados y de las novedades que en esta figura introduce la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el establecimiento de porcentajes mínimos de reservay la limitación de la reserva a los Centros Especiales de Empleo de “iniciativa social”, con la eventual discriminación que ello podría suponer para los de “iniciativa empresarial”, que sin embargo se descarta.
- Contratación pública responsable. El caso de la Junta de Castilla y León(2019-12-30) Bragado López, Virginia; Muñoz del Moral, Noelia; Enciso de Yzaguirre, VicenteLa Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, articula los medios para establecer y diseñar criterios de adjudicación que permitan “obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores”. Las administraciones públicas han comenzado a adaptarse a la Ley y resulta de interés poder conocer el grado de cumplimiento. En este sentido, analizamos el comportamiento de las condiciones de contratación de la Junta de Castilla y León mediante el análisis comparativo de una muestra aleatoria de los pliegos de contratación emitidos desde 2016 a 2018. Tomaremos como base el Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y utilizaremos como referencia, el elenco de indicadores planteados por Gutiérrez Ponce, Nevado Gil y Pache Durán.
- Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 24 de enero de 2017, unificación de doctrina (RJ 2017, 928)(2020-04-09) Monjas Barrena, MiriamLa sentencia escogida, de la que es ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel García de la Serrana, desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina por falta de contradicción, al existir diferencias fácticas con trascendencia jurídica en la sentencia aportada como de contraste que impiden entrar a conocer del fondo del asunto.
