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Language Clínica Jurídica per la Justícia Social. Informes. 2013. No. 01-2024. No. 11
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- Indirect Discrimination and School Segregation of Roma Children in the Czech Republic(2020-05-15) Añón Roig, María José; Gascón Cuenca, Andrés; Dalli Almiñana, María Amparo; Dupont, Pier-Luc; Calvo Sierra, AnaIn DH v. Czech Republic (2007), the Czech government argued that Roma parents consented to the assignment of their children to ‘special’ schools. According to the government, parental consent undermined the claim that the disproportionate assignment of Roma children to inferior schools amounted to discrimination. The court rejected the argument, finding as a matter of law that parents could not choose to subject their children to discriminatory education, and as a matter of fact that the parents’ consent was not informed. Since the judgment, the Czech government continues to disproportionately assign Roma children to inferior schools, but it has revised the procedure they use to obtain parental consent for the assignment, and there are some indications that Roma parents indeed wish for their children to go to separate schooling from Czech children because they would be subjected to bullying and other intimidation in integrated schools. This memorandum examines circumstances in which the disparate impact of a government policy is said to result from choices made by the purported victims, and analyses of how courts have addressed the issue of agency and discrimination.
- Situación actual de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España y su adecuación al marco legal vigente(2020-05-15) Universitat de València. Clínica Jurídica per la Justicia Social; Universidad Pontificia Comillas. ICADE; Universidad de Barcelona. Dret al Dret; Universidad de Valladolid. Observatorio de Derechos HumanosInforme elaborado por las Clínicas Jurídicas de ICADE (Universidad Pontificia Comillas), Per la Justícia Social (Universidad de Valencia), Dret al Dret (Universidad de Barcelona) y el Observatorio de Derechos Humanos (Universidad de Valladolid) para la Organización No Gubernamental “Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes” ___________________________________________________
- Apología del terrorismo y libertad de expresión en España y Francia. Un análisis crítico a la luz de la jurisprudencia del TEDH(2020-05-15) Gomis Fons, Andrés; Ripollés Pellicer, Míriam; Jurado Cepas, Juan; Mira Benavent, JavierEn este informe, elaborado para la Open Society Justice Initiative, se analiza la regulación y aplicación práctica de los delitos de apología del terrorismo en las leyes penales española y francesa, todo ello atendiendo a los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con las limitaciones al derecho a la libertad de expresión. En este sentido, desde el punto de vista de los derechos fundamentales y los principios penales se observa una tendencia a la redacción vaga y difusa de los tipos penales y a una aplicación cada vez más expansiva y discrecional, lo cual ha permitido la vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión y la utilización de dicho delito como instrumento para la criminaliazción de la disidencia, especialmente en el caso español.
- La discriminación en el acceso a la federación deportiva de las personas que viven o conviven con VIH en el ámbito de la Comunitat Valenciana(2020-05-15) Gascón-Cuenca, Andrés; de Sousa Selfa, Ana; Domingos, Victorino; Proaño Guzmán, Christian; Granda Iñiguez, AndreaEl presente informe ha sido realizado por un grupo de estudiantes del Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional pertenecientes a la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València. El mismo tiene por objeto la realización de una investigación de carácter jurídico-social respecto a la posible situación de discriminación que pueden estar afectando a las personas que viven o conviven con VIH dentro del ámbito deportivo. Concretamente, este estudio se centra en los requisitos establecidos por las federaciones deportivas ubicadas en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para acceder al deporte profesional o federado. La realización de esta investigación se estructurará de la siguiente manera. En primer lugar, se realizará una breve referencia a la razón que motiva el informe, es decir, a la necesidad detectada que nos indujo a efectuar esta investigación. En segundo lugar, se valorará desde el punto de vista constitucional el razonamiento argumentado para la realización de pruebas serológicas de VIH respecto al acceso a la federación deportiva, revisando desde el criterio de la proporcionalidad si sería constitucionalmente aceptable que las personas que conviven con VIH tengan la obligación de presentar un examen serológico de VIH para acceder al carácter de federado, o si al contrario, esto supone una vulneración de derechos fundamentales. En tercer lugar, nos referiremos de forma breve a la normativa internacional y nacional concerniente a la cuestión investigada, en cuanto a la regulación del proceso de federación deportiva y al tratamiento de datos de carácter personal, de igual manera, a lo pertinente en cuanto a la legislación relativa en materia de igualdad, dignidad y no discriminación. Posteriormente, se expondrán de forma clara y sintética los datos y resultados obtenidos del estudio de campo realizado en el período de elaboración del presente informe1, el cual ha consistido en contactar a la totalidad de federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de solicitar información concerniente a los requisitos exigidos a las personas que deseen federarse. De esta manera, nos ha sido posible conseguir una visión clara del estado de la cuestión dentro de este ámbito territorial y obtener un conocimiento tanto a nivel cuantitativo como cualitativo de las federaciones que solicitan exámenes serológicos de VIH para que una persona pueda proceder a la federación. Por último, se presentará un apartado en el que se sinteticen las conclusiones alcanzadas.
- Present problems to the Right to Peaceful Public Assembly in Spain(2020-05-15) Gascón-Cuenca, Andrés; Año-Ibiza, Alejando; Diago-Sanz, Marcos; Lenzi, Olga; Mercader-Jiménez, Lorena; Núñez-Ávila, María Dolores; Quintana-Nieto, Paulahe Public Safety Organic Act 4/2015, also known as Spanish "gag law", has been harshly criticized by both national and international experts, and several worldwide institutions, due to the fact that it may be considered contrary to human rights and fundamental freedoms. This report focuses on the identification of the standards of protection of the right to peaceful public assembly and the challenges this new regulation poses to it. Therefore, we will cover the following areas: On the one hand, we shall analyze the Spanish legal framework, that includes the following: Article 21 of the Spanish Constitution, which offers a special protection to the right to peaceful public assembly. The constitutional standards of protection. The problem of the definition of this right. The case-law of the Constitutional Court, in order to identify the standards of protection set by it. Articles 513 and 557 of the Criminal Code. The Private Security Services Act, as it regulates some aspects that may interfere with fundamental rights, as the one we are studying in this report. Finally, we will analyze the regulation established by the new Public Safety Organic Act, entered into force in 2015, and also the Peaceful Public Assembly Regulatory Act. On the other hand, we will research into the international standards of protection of the right to peaceful public assembly, which are mainly settled in three international legal instruments: The Human Rights Council, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the European Convention on Humans Rights, and its case-law. Finally, we shall conclude this report with a critical approach to the new regulation established by the Public Safety Organic Act, as we consider it precludes the standards of protection we will identify throughout the report.
- Ethnic profiling: Informe sobre conductas tipificadas que afectan a la calidad de vida en España(2020-05-15) Gascón-Cuenca, Andrés; Morano García, David; Okechi Alawai, Whitney Maribel; Casero, Julio; Townend, Kimberly Jade; Torreño Lerma, Carlos; Cardicio, Luisa; Mosquera Gironza, Mayra A,; Savona Navarro, Wanda; Marín Soler, Amparo J.; Pelechà Aigües, Néstor; Juan Amat, Isabel; Crespo, Andrea; Puertos García, Begoña; García Añón, JoséIntroducción. Sobre el problema hermenéutico. Si bien nos encontramos ante un problema hermenéutico sobre el contenido semántico de los conceptos “desobediencia” y “autoridad”, con su consecuente problema normativo, intentaremos a lo largo del capítulo esquematizar la regulación normativa a nivel nacional y municipal (en el caso de Valencia, Madrid y Barcelona). Para ello, revisaremos la articulación que se hace en los reglamentos y códigos, así como la doctrina jurisprudencial que se aplica en cuestiones relacionadas con la desobediencia a la autoridad. Empezaremos por exponer aquellos artículos de la Constitución Española (CE) relativos a la materia que nos ocupa. Así, según el art. 9.1 CE cualquier poder público está sujeto a la Constitución, quedando por tanto regido y autorizado por ella. La función de estos poderes es la salvaguarda de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. De esta forma, el artículo 9.2 CE establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Por su parte, el artículo 9.3 CE garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras que no sean favorables de los derechos individuales y la seguridad jurídica. Por otro lado, el artículo 103 CE expresa la intencionalidad de la Administración pública, así como su adecuación de la ley al Derecho. Aquélla se servirá de la objetividad de los intereses generales y de los principios de descentralización y coordinación, y prevé la regulación del estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública “de acuerdo con los principios de méritos y capacidad”. En el artículo 104 CE se manifiesta el objetivo perseguido con la creación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado, así como la adecuación de sus protocolos ? de acción con los estatutos reguladores. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tendrán “como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
- El derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y farmacéuticas de extranjeros en España afectados por el VIH(2020-05-15) Tatay Puchades, Carmen; Dallí, Maria; Gandia Ferrero, Lluís Xavier; Enguídanos Lázaro, Verónica; Pascual Alcayde, Ana; Linuesa Blasco, Pilar
- La asistencia sanitaria en los Centros de Internamiento de Extranjeros(2020-05-15) Dalli, María; Alvarez Guasco, Rita Aracely; Fernández Domingo, Neu; Segui Casas, LiaUn CIE es oficialmente una institución no penitenciaria donde son ingresadas las personas que, careciendo de permiso de residencia en territorio español, tienen pendiente de ejecutar una orden de expulsión, siendo ésta una mera sanción administrativa. La Ley de Extranjería española permite la privación de libertad por esa circunstancia hasta un máximo de 60 días. En la “Clínica Jurídica per la Justícia Social” hemos elaborado, a petición de la Plataforma “CIEs NO”, el presente trabajo, que pretende encuadrar la regulación delderecho a la sanidad de los extranjeros en situación de internamiento dentro de los CIEs. Para ello, hemos desarrollado tres apartados fundamentales, que entendemos, sigue la línea argumentativa esencial, del resultado del informe. En el primer bloque del trabajo, hablaremos sobre el reconocimiento del derecho a la salud y de la asistencia sanitaria, de un modo global, y de cómo los distintos instrumentos internacionales, circunscriben y acogen el derecho a la salud como derecho intrínseco al ser humano. Para ello, comentaremos los distintos instrumentos internacionales, tales como la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1948, La Carta Social Europea de 1996. Por último, nuestra propia Constitución de 1978, que en su artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. En el segundo bloque, trataremos la regulación general del derecho a la salud. Para ello, haremos mención a la teoría tripartita de los derechos de los extranjeros del Tribunal Constitucional, con la finalidad de determinar, ante qué tipo de derechos nos encontramos. Esta teoría tiene su origen en una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se diferencian claramente tres tipos de derechos: “los que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos; los que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros (...);; y otros que pertenecerán o no a losextranjeros según lo dispongan los tratados y las Leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio”1. En segundo, lugar, trataremos la regulación general en nuestra normativa del derecho a la salud, centrándonos específicamente en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, diferenciando entreresidencia legal o “irregular”, ya que, una y otra, confieren asistencias diferenciadas. En tercer lugar, nos centraremos en la situación de internamiento del extranjero dentro del CIE, y de cómo, debido a su anómala realidad, se amplían sus derechos que habían sido modulados por la normativa en materia de extranjería, y ello debido a la “relación de sujeción especial”, teoría ya estudiada por autores doctrinales, dándole en este trabajo, ybajo la finalidad del estudio, una comparativa y una adaptación, para aplicarla a las personas que se encuentran dentro de los CIEs. En el tercer bloque del trabajo, expondremos los antecedentes legislativos de la situación de internamiento de los extranjeros dentro de los CIEs, así como su actual regulación con la entrada en vigor del Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo de 2014, incidiendo, tal y como es la finalidad de éste informe, en las cuestiones atinentes a la materia sanitaria. Para ello, situaremos el marco legislativo de las normas en materia de extranjería, analizando sucintamente, la reciente normativa desarrollada por el nuevo Reglamento, y observaremos si ésta supone una mejora cualitativa respecto de la anterior regulación, o se limita a contemplar en un Reglamento, que ya se venía reclamando desde 1985, las anteriores normas. En un segundo punto, enunciaremos los Autos de los Juzgados de Control que nos parecen más relevantes y que afectan de forma directa o indirecta al derecho de la salud de las personas internas, así como los incidentes con resultado de muerte de las personas que se encontraban dentro de los CIEs. Por último, analizaremos las normas contenidas en el Reglamento y que afectan de forma directa a la materia sanitaria, encuadrándolas en nueve apartados diferenciados, en un intento de simplificar, a modo de herramienta, el Reglamento, y de cómo creemos que debe ser utilizado, en beneficio de la persona internada.
- Estándares internacionales y nacionales de protección de las personas con discapacidad y su aplicación por parte de los tribunales de la Comunitat Valenciana. Un análisis crítico(2020-05-15) Gascón-Cuenca, Andrés; Benito Peláez, Cristina; Castellano Navarro, Daniel; Marín Vaca, Alberto José; Martínez Prieto, Alicia; Segarra Villar, MaríaDesde que en 1948 la Carta Internacional de Derechos Humanos hablara por primera vez de los derechos de las personas con discapacidad, hasta la Convención de Nueva York de 2006, hemos atendido a un fenómeno creciente, contínuo y gradual de progreso en la protección de las personas con discapacidad. Sin embargo, la protección formal de los derechos de las personas con discapacidad dista mucho de la situación material que a diario experimentan. Las políticas de los Estados son importantes, pero cómo la sociedad las concibe, y cómo el entorno se adecua, es lo que determina el carácter favorable o desfavorable, positivo o negativo, del contexto en el que interactuamos. Con el objetivo de estudiar esta dicotomía entre la protección legal ofrecida y su aplicación material, desde la Clínica Jurídica per la Justícia Social de Universitat de València, por encargo del CERMI, hemos procedido a la realización de un informe donde investigamos las posibles divergencias que pueden existir entre la protección formal y material de los derechos de las personas con discapacidad. Para lograr este objetivo, se ha procedido en primer lugar, a realizar un análisis normativo de la legislación internacional, estatal y autonómica, en el que se identifican los estándares internacionales de protección a los que se ha vinculado España mediante la ratificación de tratados internacionales, cómo ha sido recibidos en el ordenamiento jurídico nacional y autonómico; y en segundo lugar un estudio jurisprudencial de la aplicación de estos estándares de protección limitado al ámbito geográfico de la Comunitat Valenciana. Podo este trabajo tiene por finalidad poder evaluar desde un punto de vista crítico, si existe una adecuación entre ambas, o si por el contrario, existen divergencias entre ellas, siempre con el objetivo de plantear vías de actuación por parte de los poderes públicos.
- Informe sobre el modelo de Barnahus para Save the Children(2021-02-04) García Sáez, Jose Antonio; Juan Sánchez, Ricardo; Ramírez González, Alejandra; Da Re, Giulia; Cubas Gómez, Celia; García Monzó, Marta; González Iniesta, Román; Granell Navarro, Ángeles; Torrecillas Martínez, Ana; Ferrández Sansano, Laura; Tejada Berrocal, Agnes Madeliz; Pedrozo Arbeláez, Natalia Carolina; Verdú Gómez, Jose Antonio; Torres Míguez, Ángela YaniraEl presente informe surge de un encargo realizado por Save the Children en el mes de octubre de 2019 a la Clínica Per la Justicía Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Los objetivos que se establecieron en dicho encargo fueron los siguientes: 1.Realizar un estudio sobre las competencias estatales y autonómicas en materia de actuación ante casos de abuso sexual infantil (ASI) con el fin de determinar su grado de compatibilidad con la implementación del Modelo Barnahus en la Comunitat Valenciana. 2.Realizar un estudio estadístico de los casos de ASI judicializados en la Comunidad Valenciana entre 2016 y 2019. De manera que el desarrollo de este Informe se divide en dos partes que coinciden con cada uno de los Objetivos.
- Cumplimiento de condena penal extranjera en España. Problemas aplicativos(2021-02-16) Colás Turégano, María Asunción; Correcher Mira, Jorge; Juan Sánchez, Ricardo; Jusue Moñino, Nerea G.
- Amicus Curiae a la Corte Constitucional de la República de Colombia Expediente T-7092205(2021-03-29) Colás Turégano, María Asunción; Correcher Mira, Jorge; Esteve Moltó, José Elías; Fernández Artiach, Pilar; Juan Sánchez, Ricardo; García Sáez, Jose A.; Gascón Cuenca, Andrés; Vanyo Vicedo, Raquel; Del Valle Calzada, Estrella; Ferrando Hernández, Joan-Marc; Peris Iborra, María; Pinto Patiño, Laura; Rojas Varón, Angie Steffania; Torrecillas Martínez, AnaEl 13 de noviembre el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Apartadó dictó requerimiento para cumplimiento del fallo de tutela dirigido contra el representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el Señor Germán Graciano Posso. En el requerimiento de este procedimiento incidental de desacato se vino a requerir de forma específica cumplir con lo ordenado en la sentencia de tutela no 327 de 5 de octubre de 2018 para que procediera a la corrección de publicaciones emitidas en la página electrónica, la cuenta de Twitter y el blog de la mencionada comunidad, y al mismo tiempo presentara pruebas documentales de las acusaciones que se vertían en dichos medios. Dicha resolución traía causa de la acción de tutela ejercida por el mecanismo constitucional previsto en la Constitución Política de Colombia para hacer valer los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la honra, buen nombre y a la intimidad personal ejercido por el comandante de la Décimo Séptimo Brigada. En el punto quinto del fallo de la sentencia de tutela mencionado, se ordenaba la remisión del presente expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Habida cuenta de las medidas provisionales que ya decretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su día sobre la protección de la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de la sentencia T-1025 de 2007 y del auto de seguimiento de la misma de 7 de septiembre de 2018 de la Corte Constitucional de la República de Colombia, se pretendía poner de manifiesto que la inmediata ejecución del requerimiento para cumplimiento del fallo de tutela 13 de noviembre del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Apartadó lo cual ya podía suponer una colisión con la protección otorgada a nivel internacional a la Comunidad de Paz. En efecto la posible ejecución de sanción por desacato e incluso detención del representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el Señor Germán Graciano Posso, destinatario del fallo mencionado ya podía entrar en contradicción con el amparo de los derechos fundamentales otorgados a esta comunidad por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional mediante sentencia T-1025 de 2007. Tomando en consideración el amparo otorgado a los derechos fundamentales de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó mediante el fallo constitucional aludido, resultaba coherente con el mismo el proceder a la suspensión cautelar de la sanción por desacato emitida y proceder a su revisión, ya que, de lo contrario, dicha ejecución podía incurrir en la protección última que esta Corte Constitucional pretende. Siendo así, y con el ánimo de dar efecto en este asunto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto a esta comunidad, entre otros, al auto de 7 de septiembre de 2018 en el que de nuevo se requería a la Defensoría del Pueblo que siguiera desarrollando su labor de mediación entre dicha comunidad y las instituciones del Estado, y de implementación del procedimiento para la recepción, monitoreo y supervisión de todo aquello que pudiera acontecer en este contexto, resultaba indispensable que con el objeto de evitar vulneraciones de derechos humanos contra miembros de la Comunidad de Paz, y en especial a su representante legal, el señor Germán Graciano, se suspendiera la sanción de desacato y se revisara el fallo que dio lugar a la misma. Es más, resultaba chocante y paradójico que la acción de tutela concluyera reconociendo vulnerados los derechos fundamentales del comandante de la Décimo Séptimo Brigada, cuando precisamente integrantes de esa misma brigada fueron los destinatarios de previas acciones de tutela que ampararon a los miembros de la comunidad ahora condenados. En definitiva, habida cuenta de la protección reconocida a esta Comunidad de Paz por la Corte Interamericana y por la Corte Constitucional, de la labor de mediación y supervisión atribuida a la Defensoría del Pueblo, y de los efectos sobre los derechos humanos que pueda tener la ejecución de la sanción de la acción de tutela en cuestión, se solicitó la revisión del auto relativo al Incidente de desacato al fallo de tutela del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Apartadó de 13 de noviembre de 2018, que finalizó con la actual sentencia de tutela T-342 de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia. Veredicto que ha sido objeto de apelación. Por el presente amicus curiae se procede a manifestar los argumentos jurídicos que a continuación se expondrán en relación a esa supuesta colisión de derechos fundamentales. El mismo se organiza alrededor de dos capítulos. En el primero se verá la colisión del derecho al honor de los militares con el derecho de libre expresión, defensa y denuncia de la Comunidad de San José de Apartadó en el orden interno colombiano y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y en el segundo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito del derecho al honor y la libertad de expresión.
- Evaluación de la implementación y desarrollo de la Ley 4/2018, que modificó la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro(2021-04-23) Gascón-Cuenca, Andrés; Gómez Mancipe, Alfredo Rafael; Jurado, Jimena; Luchsinger Faret, Dominique; Romero Alarcón, Andrea; Verdú Gómez, José AntonioEl presente informe ha sido elaborado para la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA (CESIDA) por estudiantes del Máster de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional pertenecientes a la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València. El objeto del mismo es realizar un análisis holístico de la implementación de la disposición final primera de la Ley 4/2018, que modificó la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, añadiendo una disposición adicional quinta, que establece una prohibición general de discriminación a las personas que conviven con VIH, así como la prohibición de denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habituales o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de convivir con VIH o SIDA u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente. El informe se divide en dos ejes temáticos. El primero se centra en el estudio del concepto de discriminación y en la protección internacional y constitucional contra la discriminación por razón de convivir con VIH. Asimismo, en este apartado expondremos los aspectos relevantes de la legislación internacional que impone estándares de protección a España para garantizar los derechos de las personas que conviven con VIH. Además, a nivel nacional se estudiarán, por un lado, los derechos fundamentales que se pueden ver afectados por la falta de garantías en el acceso a los productos contemplados en la ley de Contrato de Seguros, y por otro, la Ley 4/2018 y los objetivos de su sanción, y algunos aspectos relevantes de la Ley de Contrato de Seguros. El segundo corresponde con un análisis de campo en el que se evalúan las condiciones generales de contratación de una muestra de seguros publicadas por algunas empresas aseguradoras que operan en España. En este sentido, los objetivos plantados en el marco teórico se centran en la necesidad de avanzar de un enfoque médico a un enfoque integral en Derechos Humanos, que permita enfrentar la discriminación y estigmatización que sufren las personas que conviven con VIH. Asimismo, revisaremos la forma en que la falta de acceso a la contratación de seguros, además que constituir una discriminación per se, puede afectar y vulnerar otros derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Por otro lado, respecto al estudio de las condiciones generales de contratación de diferentes tipos de seguros, revisaremos si las aseguradoras analizadas cumplen con la normativa incluida con la Ley 4/2018. Finalmente, expondremos nuestras conclusiones. Se acompaña un Anexo que incluye un resumen de las condiciones generales de los seguros revisados.
- Informe para la Asociación Española Pro Derechos Humanos (APDHE). Denuncia sobre la falta de independencia del Poder Judicial español en la investigación de los crímenes del franquismo. Valencia, 14 de junio de 2019(2021-04-26) Vanyó Vicedo, Raquel; Correcher Mira, Jorge; Esteve Moltó, José Elías; Juan Sánchez, Ricardo; García Sáez, Jose A.Informe para la Asociación Española Pro Derechos Humanos (APDHE). Denuncia sobre la falta de independencia del Poder Judicial español en la investigación de los crímenes del franquismo. Valencia, 14 de junio de 2019.
- El ordenamiento jurídico español y las personas con discapacidad: entre la autodeterminación y el paternalismo(2021-05-04) Gascón-Cuenca, Andrés; Bernabé Padilla, Iván; Hernández Azcón, Ainhoa; Ramos Miralles, Alejando; Martínez Trigo, Amanda; Martínez Cameros, Carmen E.; Costa Navarro, David; Jusue Moñino, Nerea G.; Muñoz Ruíz, Rubén; Fierrez Soria, Sonia; Gregorio Alcaide, YaizaEl ordenamiento jurídico español y las personas con discapacidad: entre la autodeterminación y el paternalismo
- Informe sobre permisos de salida en el medio penitenciario(2021-06-10) Correcher Mira, Jorge; Colás Turégano, María Asunción; Calabuig Gómez, Alicia Tian; Martínez Cameros, Carmen; Montoro Belmonte, Celia; Nadal Soria, Alicia; Torrent Zamora, NataliaEl presente informe ha sido realizado por un grupo de estudiantes de la Clínica Jurídica por la Justicia Social, en colaboración con Iniciatives Solidàries. El trabajo trata de sintetizar el marco legal en materia penitenciaria para garantizar el acceso a los permisos de salida por parte de las personas presas.
- Denuncia al Comité de Derechos Humanos de la ONU contra Guinea Ecuatorial: caso de torturas y tentativa de asesinato al Juez Inocencio Membila Mbula(2021-10-14) Esteve Moltó, José Elías; Vanyó Vicedo, Raquel; García Sáez, Jose Antonio; Del Valle Calzada, Estrella; Ferrando Hernández, Joan-MarcInforme de denuncia al Comité de Derechos Humanos
- Informe sobre las posibles vías de reclamación política y jurídica frente a la ampliación del Puerto de Valencia(2022-07-21) García Sáez, Jose Antonio; Vanyó Vicedo, Raquel; Correcher Mira, Jorge; Sancho López, MarinaInforme sobre las posibles vías de reclamación política y jurídica frente a la ampliación del Puerto de Valencia
- Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral. Análisis de los avances en la imlementación del Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera(2022-07-18) Del Valle Calzada, Estrella; Ferrando Hernández, Joan-Marc; Esteve Moltó, José Elías; Vanyó Vicedo, Raquel; Besa, Julia; Hoňová, Alexandra; Yilmaz, Aydogan; Gómez, José Ángel; Delcher, PierrineEl acceso justo y equitativo a la tierra está intrínsecamente conectado con la realización de múltiples derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a la alimentación, la vivienda adecuada, el desarrollo o la cultura. Pese a ello, es habitual encontrar cómo el derecho a la tierra está sujeto a estructuras jerárquicas según las cuales las poblaciones con menos recursos carecen de garantías sobre su control y tenencia. En Colombia, el acceso a tierras se erige como un problema profundamente arraigado, generador de altos niveles de desigualdad, catalizador del conflicto armado y que a día de hoy, sigue generando una violación continua de los derechos humanos de una parte de la sociedad colombiana.
- El asesinato al liderazgo social en Colombia. Análisis de la situación de las personas defensoras de derechos humanos tras el Acuerdo de Paz(2022-07-18) Del Valle Calzada, Estrella; Ferrando Hernández, Joan-Marc; Esteve Moltó, José Elías; Vanyó Vicedo, Raquel; De la Cruz Vicente, Blanca; Lodi, Maria Fiamma; Donge, Adalberto; Amado, Isabel; Tonzi, JosephCon el presente informe se pretende (i) contribuir a la denuncia de la situación de violencia ejercida contra todas aquellas personas que defienden los derechos humanos, labor ya realizada por organizaciones nacionales e internacionales; (ii) reivindicar la exigencia de obligaciones al gobierno colombiano en materia de protección a las personas defensoras; y (iii) ahondar en la comprensión de las debilidades de los mecanismos de protección establecidos hasta la fecha. Asimismo, y a la luz de los hechos, se considera pertinente incidir en la dirección ya apuntada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia sobre la posible configuración de estos homicidios como un crimen de lesa humanidad.
