El capítulo III de la Ley de Secretos Empresariales contiene una de las novedades más significativas del régimen jurídico de esta institución ya desde su propio título, «[e]l secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad». Se trata de una novedad no solo porque anteriormente no se contase con regulación alguna en España sobre esta cuestión, sino porque en la Directiva comunitaria no se establecía nada al respecto y ningún Estado miembro, a excepción de España, ha incluido una regulación similar a ésta en sus normas. Se trata, en definitiva, de un añadido cuando menos original. Ahora bien, ¿se puede ostentar realmente un derecho de propiedad sobre un secreto empresarial?
