El presente artículo reflexiona sobre la necesidad de establecer en el ámbito parlamentario las garantías suficientes para que las proposiciones de ley sigan reglas de técnica y calidad normativa. El procedimiento prelegislativo en el seno del Consell para la elaboración de los proyectos de ley dota a estas normas de unas garantías que coadyuvan a una mayor seguridad jurídica, toda una serie de consultas e informes de los que el procedimiento legislativo en el seno de las Cortes está carente. Tanto en las Cortes Generales como en los parlamentos autonómicos la mayor parte de las leyes que finalmente son aprobadas tienen su origen en la iniciativa legislativa gubernamental, pero en los últimos años, coincidiendo con una mayor fragmentación parlamentaria, ha habido un incremento significativo de las proposiciones de ley que finalmente han sido aprobadas. Algunas de estas normas han generado problemas de interpretación, problemas de encaje en el ordenamiento, presentan lagunas o han estado redactadas con un lenguaje manifiestamente mejorable, repercutiendo todo esto en una menor calidad de nuestro ordenamiento jurídico. Resulta, por tanto, necesario establecer una serie de mecanismos en el ámbito parlamentario que permitan normas de mayor calidad para una mayor seguridad jurídica
