El seguro privado como herramienta de transmisión de riesgos es, sin duda, un elemento esencial de la vida moderna. La configuración de sus elementos de funcionamiento, adquiere, por tanto, una relevancia capital a la hora de entender cómo y en qué medida se ha de realizar ese traspaso de la probabilidad de disminución patrimonial que éste está llamado a cubrir. En este contexto, el grado de precisión con el que se haya configurado el contrato a través del que se instrumenta esa transmisión del riesgo es esencial para que todas las partes implicadas vean satisfechas sus razonables expectativas objetivas de cumplimiento contractual. En este contexto, el grado de "conocimiento" de las obligaciones contractuales es señal clara de una adecuada expectativa, por parte de todos los obligados, de cumplimiento de las prestaciones contractuales. Por este motivo, el "deber de transparencia" expresado por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico a través del sistema general de derecho público, trasciende esa esfera y encuentra expresión concreta no solamente a través de la adopción de principios de ordenación de la actividad regulada - en nuestro caso - del mercado de seguros privados, sino también en la configuración de la fase de conclusión de la relación contractual entre el particular y la entidad aseguradora, así como durante la vigencia y, en caso de siniestro, ejecución del contrato. El primer apartado de la obra pone de manifiesto el contenido jurídico constitucional del principio de transparencia para, a continuación, identificar la expresión de éste y su contenido tuitivo en el sistema de normas y principios de la esfera jurídico privada que afectan a la contratación de seguros privados. Seguidamente, era necesario exponer las tres vertientes generales que afectan a la transmisión de riesgos instrumentada a través del contrato de seguro sujeto a la Ley 50/1980. Por este motivo, hemos organizado nuestro análisis de la vertiente contractual en dos capítulos en los que damos cuenta de la configuración de los elementos de transparencia en la relación obligacional directa que emana del contrato de seguro, es decir aquélla directamente regulada por la norma material y que atañe al asegurador, tomador del seguro y asegurado. Conocidas las vicisitudes habituales de esta relación contractual era necesario tomar en cuenta la expresión del principio de transparencia en la fase previa a la contratación y ponerla en relación con los elementos que trascienden ese momento y afecta la fase de vigencia contractual. Por este motivo, el segundo capítulo de la obra está dedicado a hacer incidencia especial en las obligaciones precontractuales, mientras que el tercero se ha centrado en la situación ateniente a los deberes de información entre las partes durante la vigencia del contrato y en los casos en los que el siniestro ha llegado a materializarse. Al hilo de las tendencias normativas de consolidación del sistema financiero europeo y que han motivado - y motivarán - actualizaciones normativas en la supervisión de las entidades de seguros y sus distribuidores, en el siguiente apartado, hemos considerado necesario incluir una visión más amplia del deber de transparencia tomando, como punto de partida, la visión general de este deber en la configuración que, del mercado financiero, se ha hecho desde las instituciones europeas y que tienen directa incidencia en la configuración del sistema regulatorio español de la industria de los seguros privados. Por último, nuestra labor se ha centrado en analizar los deberes de transparencia del comercializador - a.k.a. distribuidor - del seguro "como producto". En este punto, es necesario resaltar las recientes reformas legislativas en la materia que han venido a reconfigurar el sistema de protección del comprador de productos de seguro, en especial de aquéllos con un contenido contractual de naturaleza distinta al seguro "tradicional" como son los productos de inversión basados en seguros de personas.
