Este artículo analiza la necesidad de someter los algoritmos y sistemas de Inteligencia Artificial (IA) empleados por las Administraciones públicas a los mismos estándares de transparencia que las normas reglamentarias, dado que cumplen materialmente la misma función al predeterminar las decisiones. Partiendo de la histórica Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2025 sobre el caso BOSCO, se examina cómo esta resolución desmonta las excusas tradicionales de opacidad institucional basadas en la protección de la propiedad intelectual y la seguridad nacional. El trabajo sostiene que el acceso íntegro al código fuente siempre que ello sea posible es una exigencia insoslayable del Estado de Derecho para combatir el inaceptable efecto de 'caja negra'. Asimismo, se evalúan las insuficiencias del marco normativo actual, incluyendo el Reglamento Europeo de IA (RIA), concluyendo que el único camino viable para garantizar los derechos ciudadanos es consolidar un debido proceso tecnológico fundamentado en la transparencia algorítmica más profunda y completa que sea posible.
