La crisis financiera que tuvo lugar en 2008 puso al descubierto la fragilidad y eficiencias del sistema económico mundial y, en particular, de la tendencia a capitalizar los aspectos sociales de una economía. La crítica al capitalismo, como el sistema imperante, es extensa y prolongada; sin embargo, la búsqueda de modelos económicos alternativos se ha intensificado. La Economía Social y Solidaria, como elemento socializador de la economía de capital o como un punto de partida hacia un modelo más socialmente responsable, ha surgido como una alternativa responsable, viable y científicamente respalda. Aun así, este concepto requiere de mecanismos de distribución que permitan a los actores económicos gozar de derechos que los protejan de las tendencias desequilibradas propias de un sistema capitalista. Es aquí donde las políticas que conforman el Estado de Bienestar, que permiten la expansión de fuerzas democráticas, se convierten en partes esenciales de modelos como la Economía Social y Solidaria. Existe amplia literatura que analiza, clasifica y justifica la existencia del Estado de bienestar, tanto desde el punto de vista jurídico, como desde el económico. Sin embargo, y pese a que las leyes tienen una influencia directa sobre los programas de protección social, cuantificar la medida en que los cambios legales afectan a los beneficios sociales es complejo. Estos procesos de análisis son de gran importancia para evaluar objetivamente como las leyes alteran los programas de protección, especialmente durante tiempos de crisis. Es así que el objetivo de este trabajo de investigación es el cuantificar los efectos que los cambios legales que se implementaron entre los años 2010 y 2015, como respuesta a la crisis financiera del año 2008, tuvieron sobre el Estado de Bienestar. Este estudio se centra en dos países, España y Canadá, debido a que se considera que ambos se encuentran en distintas clasificaciones de Estados de Bienestar, ambos poseen diferentes sistemas legales y poseen programas o prestaciones de protección que buscan cubrir los mismos riesgos sociales. Pese a que el Estado de Bienestar es un conjunto extenso de políticas públicas, esta investigación se centra en aquellos programas de protección social que buscan mantener la capacidad de consumo del individuo de manera directa y, así, mantener la demanda agregada en situaciones de pérdida temporal o permanente de ingresos provenientes del trabajo. Estos programas son: Pensiones por jubilación (contributiva y no contributiva o social), prestaciones o seguro por desempleo y prestaciones por incapacidad temporal. El trabajo empieza con el Capítulo Primero o Marco Teórico, el mismo que se enfoca en la definición de ciertos conceptos necesarios para comprender a profundidad la materia a ser analizada. Entre los puntos expuestos podemos encontrar definiciones Economía Social y Solidaria, Estado de Bienestar, el nexo conceptual y práctico que existe entre ellos, políticas públicas en ambas naciones, entre otros. El análisis de esta investigación está dividido en dos partes. La Parte Primera se centra en la descripción de los programas de protección antes mencionados en base a la lectura de las leyes que los rigen en ambos países. Dentro de esta sección se encuentran: el Capítulo Segundo, que trata de las pensiones contributivas; un subcapítulo de mismo, que se centra en las pensiones no contributivas o sociales; el Capitulo Tercero, enfocado en el seguro o prestación por desempleo; y un subcapítulo de este último, que estudia a las prestaciones por incapacidad temporal. Los resultados de este análisis permitieron, no solo analizar la evolución de las leyes durante el periodo de estudio, sino que también permitió determinar información necesaria para la definición de las variables a ser utilizadas en la Parte Segunda. Es importante mencionar que las medidas legales implementadas en ambos países fueron diferentes y tuvieron diferentes objetivos, afectando a los programas de protección directamente, en mayor o menor medida. Es así que en España se pueden apreciar cambios más directos a los programas de protección, especialmente en cuestiones de acceso y generosidad de las prestaciones. La implementación de mecanismos para garantizar la sustentabilidad presupuestaria es evidente a lo largo de periodo de estudio. Por otra parte, en Canadá, los cambios legislativos se centraron en aspectos de administración de los procesos de apelación y de cálculo indirecto de los requisitos para acceder a las prestaciones. La Parte Segunda se centra en aspectos cuantitativos por medio de la implementación del Índice de Desmercantilización. Como ya fue mencionado, esta sección toma la información expuesta en la parte anterior y la utiliza para definir ciertas variables necesarias para el índice. Esta herramienta de medición está compuesta por tres subíndices: el primero se encarga de las pensiones, el segundo del seguro o prestación por desempleo y el tercero de la prestación por incapacidad temporal. La Parte Segunda contiene dos capítulos: el Capítulo Cuarto, que se encarga de definir el funcionamiento de índice, las variables para cada subíndice y los valores de las mismas, y; el Capítulo Quinto, enfocado en la interpretación de los resultados de cada subíndice y del índice general. Después de realizar el análisis de los resultados arrojados en el último capítulo, se puede concluir que las intervenciones legales sobre los programas de protección del Estado de Bienestar tuvieron diferentes efectos en cada país. En España, los cambios en las leyes produjeron fuertes secuelas en los valores de los subíndices de pensiones y desempleo. En contraste, el caso canadiense fue el opuesto ya que los cambios legislativos contribuyeron al incremento de los valores de los mismos. En el caso de ambos subíndices, en el año 2010, España se encontraba por encima de Canadá, pero al final del periodo de estudio, los valores canadienses sobrepasaron a los españoles. Una conclusión importante de recalcar es que las tendencias de los subíndices, a la baja en España y al alza en Canadá, ya se encontraban presentes y los cambios legislativos no hicieron más que exacerbar estas tendencias, acelerando su avance. La diferencia que existía en los valores del índice general, en el año 2010, era de 8,64 puntos, siendo superiores los valores españoles; empero, pese a que los valores para España continuaron siendo superiores, la diferencia presente en el año 2015 fue solo de 2,2 puntos. Además de proporcionar estos resultados, el aporte de la investigación es el demostrar que se puede cuantificar los efectos de los cambios legislativos directos en los programas de protección social. Esta herramienta no solo proporciona una visión retroactiva del accionar legislativos, sino que también permite evaluar el impacto de posibles leyes a futuro. Este estudio provee de un instrumento útil y necesario para un mejor y más socialmente responsable diseño de leyes y políticas públicas que puedan impactar a los programas de protección social del Estado de Bienestar

The financial crisis that took place in 2008 revealed the fragility and deficiencies of the global economic system and, in particular, the tendency to capitalize on the social aspects of an economy. Criticism of capitalism, as the prevailing system, has been extensive and prolonged; however, the search for alternative economic models has intensified. The Social and Solidarity Economy, as a socializing element of the capital economy or as a point of departure towards a more socially responsible model, has emerged as a responsible, viable and scientifically supported alternative. Even so, this concept requires distribution mechanisms that allow economic actors to enjoy rights that protect them from the unbalanced tendencies typical of a capitalist system. This is where the policies that make up the Welfare State, which allow the expansion of democratic forces, become essential parts of models such as the Social and Solidarity Economy. There is extensive literature that analyzes, classifies and justifies the existence of the Welfare State, both from the legal point of view, and from the economic one. Nevertheless, and despite the fact that laws have a direct influence on social protection programs, quantifying the extent to which legal changes affect social benefits is complex. These processes of analysis are of great importance to objectively evaluate how laws alter protection programs, especially during times of crisis. Thus, the objective of this research work is to quantify the effects that the legal changes that were implemented between the years 2010 and 2015, in response to the financial crisis of 2008, had on the welfare state. This study focuses on two countries, Spain and Canada, because they are considered to be in different classifications of welfare states, both have different legal systems and have programs or protection benefits that seek to cover the same social risks. Although the Welfare State is an extensive set of public policies, this research focuses on those social protection programs that seek to maintain directly the consumption capacity of the individual and, thus, maintain the aggregate demand in situations of temporary or permanent loss of income from work. These programs are: retirement pensions (contributory and non-contributory or social), unemployment benefits and temporary disability benefits. This work begins with the First Chapter or Theoretical Framework, which focuses on the definition of certain concepts necessary to understand the matter to be later analyzed. Among the points exposed we can find the definitions of Social and Solidary Economy, the Welfare State, the conceptual and practical nexus that exists between them, public policies in both nations, among others. The analysis of this research is divided into two parts. The First Part focuses on the description of the aforementioned protection programs based on reading the laws that govern them in both countries. Within this section can also be found: The Second Chapter, which deals with contributory pensions; a subchapter of the same, which focuses on non-contributory or social pensions; the Third Chapter, focused on the insurance or unemployment provision; and a subchapter of the latter, which studies temporary disability benefits. The results of this analysis allowed, not only to study the evolution of the law during the study period, but also to determining the necessary information to define the variables used in the Second Part. It is important to mention that the legal measures implemented in both countries were different and had different objectives, affecting protection programs directly, to a greater or lesser extent. Thus, in Spain, more direct changes to the protection programs can be seen, especially on issues of access and generosity of benefits. The implementation of mechanisms to ensure budget sustainability is evident over the period of study. On the other hand, in Canada, the legislative changes focused on aspects of administration of the processes of appeals and indirect calculation of the requirements to access the benefits. The Second Part is focused on quantitative aspects by implementing the Decommoditization Index. As already mentioned, this section takes the information presented in the previous part and uses it to define certain variables necessary for the index. This measuring tool is composed of three sub-indexes: the first is responsible for pensions, the second deals with unemployment insurance or benefits and the third takes care of the temporary disability benefit. The Second Part contains two chapters: The Fourth Chapter, which is responsible for defining how the index functions, the variables for each sub-index and their values, and; The Fifth Chapter, focused on the interpretation of the results of each sub-index and the general index. After performing the analysis of the results produced in the last chapter, it can be concluded that legal interventions on the protection programs of the welfare state had different effects in each country. In Spain, changes in laws produced strong consequences in the values of pension and unemployment sub-indexes. In contrast, the Canadian case was the opposite since the legislative changes contributed to the increase in the values of the same sub-indexes. In 2010, Spain had higher values than Canada for sub-indexes, but at the end of the study period, the Canadian values exceeded the Spanish ones. An important conclusion that needs to be emphasized is that the trends of the sub-indexes, downwards in Spain and upwards in Canada, were already present and the legislative changes did nothing but exacerbate these tendencies, accelerating their progress. The difference present in the values of the general index, in 2010, was 8.64 points, being the Spanish values superior; however, and despite the fact that values for Spain continued to be higher, the difference present in 2015 was only 2.2 points. In addition to providing these results, the contribution of this research is to demonstrate that the effects of direct legislative changes in social protection programs can be quantified. This tool not only provides a retroactive vision of the legislative actions, but also allows us to evaluate the impact of potential future laws. This study provides a useful and necessary instrument for a better and more socially responsible design of legislation and public policies that may impact Welfare State social protection programs.