El historial de las Naciones Unidas de imponer sanciones en respuesta a proliferadores nucleares, guerras (civiles), organizaciones terroristas y golpes de Estado refleja un régimen de seguridad selectiva. Algunos delitos se han visto sancionados con arreglo al artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, mientras que muchos casos similares quedaron no sancionados ¿Cuál es la lógica detrás de esta selectividad? ¿Es política de poder? ¿Humanitarismo? ¿Democracia? ¿O algo más? Esta tesis es un intento científico de responder a esta pregunta. Considera un total de 191 "delitos sancionables" en cinco categorías (proliferación nuclear, guerra interestatal, guerra civil, terrorismo y golpe de Estado), sesenta (31%) recibió sanciones de la ONU. Posteriormente, cada infracción se prueba en una amplia gama de variables, que sirven como proxies para siete hipótesis: hypotheses: (1) poder compensatorio, (2) intereses humanitarias, (3) estados fragiles (4) democracia, (5) presión mediatica, (6) parcialidad hacia Africa, y (7) parcialidad hacia Islam. La conclusión es que diferentes tipos de delitos pueden explicarse a través de diferentes hipótesis. Laproliferación de nucleares y las guerras interestatales siguen una lógica relativamente directa de la política de poder neorrealista y el poder compensator. Lo mismo ocurre con las sanciones en respuesta a las guerras interestatales. Estados más débiles como Etiopía, Eritrea e Irak reciben sanciones, mientras que aquellos con suficiente poder y sus aliados cercanos, incluyendo India, Pakistán y Estados Unidos no lo hacen. El historial de la ONU en respuesta a la guerra civil revela una lógica mucho más informada por las preocupaciones y preocupaciones humanitarias sobre el fracaso del Estado y sus consecuencias. Las guerras civiles son aproximadamente el doble de mortales que los no sancionados, y los conflictos de más de 10.000 muertes son 3 veces más propensos a recibir una sanción de la ONU. Lo mismo ocurre con los conflictos que inducen el fracaso del Estado o en los que la democracia se ve amenazada. Esto no quiere decir que el peso geopolítico de los involucrados sea irrelevante (definitivamente no lo es), sino que es una excepción. La presión pública a través de la atención de los medios de comunicación en Occidente puede magnificar estas preocupaciones en las guerras civiles. Los registros de sanciones en respuesta al terrorismo y los golpes de Estado siguen otros patrones de selectividad. Las sanciones a grupos terroristas se centran exclusivamente en grupos islámicos extremistas relacionados con Al-Qaida y el Estado Islámico, omitiendo muchos grupos no islámicos responsables de miles de muertes inocentes como las FARC en Colombia o los Tigres Tamiles en Sri Lanka. Simultáneamente, las listas de terrorismo designadas por las Naciones Unidas han ayudado a estados relativamente poderosos como China, Pakistán o Nigeria a agregar grupos armados a la lista, incluso si algunos de ellos forman amenazas relativamente menores. Por último, las sanciones de la ONU después de los golpes de Estado se utilizan como una especie de "comodín democrático" para Occidente, que pueden jugar cuando sea conveniente, pero que carece de cualquier forma de coherencia. Las tres ocasiones en que el Consejo de Seguridad impuso sanciones en respuesta a un golpe de Estado fueron todos los casos en los que un demócrata respaldado por Occidente había sido derrocado (Haití y Sierra Leona), o en los que el narcotráfico amenazaba intereses europeos (Guinea-Bissau ). Los otros 33 golpes de estado que ocurrieron desde 1990 quedaron sin ser autorizados. Esto es una pena, porque es difícil convencer a los miembros de que te sigan si no siempre practicas lo que predicas.

The United Nations record of imposing sanctions in response to nuclear proliferators, (civil) wars, terrorist organizations, and coups d’état reflects a regime of selective security. Some offences have been met with sanctions under Article 41 of the UN Charter, while many similar cases were left off the hook or blocked. What is the logic behind this selectivity? Is it power politics? Humanitarianism? Democracy? Or something else? This dissertation is a scientific attempt to answer this question. It considers a total of 191 ‘sanctionable offences’ in five categories (nuclear proliferation, interstate war, civil war, terrorism, and coup d’état), sixty of which (31%) received UN sanctions. Subsequently, each offence is tested on a wide range of variables, which serve as proxies for seven hypotheses: (1) countervailing power, (2) humanitarianism, (3) state fragility, (4) democracy, (5) public pressure, (6) A bias towards Africa, and (7) a bias towards Islam. The conclusion is that different types of offences can be explained through different hypotheses. Nuclear proliferation and interstate wars follow a relatively straightforward logic of neorealist power politics and countervailing power. The same goes for sanctions in response to interstate wars. Weaker states such as Ethiopia, Eritrea, and Iraq receive sanctions, while those with sufficient power and their close allies, including India, Pakistan, and the United States don’t. The UN’s sanctioning record in response to civil war reveals a logic that is much more informed by humanitarian concerns and concerns about state failure and its consequences. Sanctioned conflicts are about twice as deadly as non-sanctioned ones, and conflicts of 10.000+ deaths are 3 times as likely to receive a UN sanction. The same goes for conflicts that induce state failure or in which democracy is threatened. This is not to say that the geopolitical weight of those involved is irrelevant (it most definitely isn’t), but rather that it is an exception. Public pressure through media attention in the West can magnify these concerns in civil wars. The sanctions records in response to terrorism and coups d’état follow yet other patterns of selectivity. Sanctions on terrorist groups exclusively focus on Islamic extremist groups related to Al-Qaida and ISIS, disregarding many non-Islamic groups responsible for thousands of innocent deaths such as the FARC in Colombia or the Tamil Tigers in Sri Lanka. Simultaneously, the UN’s designated terrorism lists have helped relatively powerful states such as China, Pakistan, or Nigeria to add armed groups to the list, even if some of them form relatively minor threats. Finally, UN sanctions after coups d’état are used as a sort of ‘democracy wild-card’ for the West, which they can play whenever convenient, but which lacks any form of coherency. The three occasions on which the Security Council imposed sanctions in response a coup were all cases in which a Western-backed democrat had been overthrown (Haiti and Sierra Leone), or in which narco-trafficking threatened European interests (Guinea-Bissau). The other 33 coups that occurred since 1990 were all left unsanctioned. This is a shame, because it is difficult to convince members to follow you if you don’t always practice what you preach.