| Artículo

Indivisibilidad como coherencia sistémica: una respuesta a la separabilidad fáctica y la erosión individualista de los derechos humanos

Indivisibility as systemic coherence: a response to factual separability and the individualistic erosion of human rights

 

 

Adriana Melgar Rimachi·

Universidad Católica San Pablo (Perú)

ORCID: 0000-0001-9372-702X

amelgar@ucsp.edu.pe

 

Fecha de recepción 14/10/2025 | De aceptación: 27/04/2026 | De publicación: 08/06/2026

RESUMEN

El principio de indivisibilidad de los derechos humanos enfrenta una doble amenaza: la crítica externa de la separabilidad fáctica y una erosión interna por un individualismo autonómico que precipita el “desbordamiento” de derechos como la autonomía reproductiva, fracturando su conexión constitutiva con otros derechos como la salud mental. Este trabajo postula la indivisibilidad no como hipótesis empírica, sino como principio hermenéutico y regulador anclado en el núcleo esencial de los derechos. Dicho modelo recontextualiza la crítica de la separabilidad al circunscribirla a la periferia gradual, y se establece como barrera de contención normativa contra el desbordamiento individualista, deviniendo en una herramienta de coherencia sistémica indispensable.

PALABRAS CLAVE

Indivisibilidad de los derechos humanos; individualismo; autonomía reproductiva; separabilidad; salud mental.

ABSTRACT

The principle of the indivisibility of human rights faces a double threat: external critique of de facto separability and internal erosion by an autonomous individualism that precipitates the “overflow” of rights such as reproductive autonomy, fracturing their constitutive connection with other rights such as mental health. This paper posits indivisibility not as an empirical hypothesis, but as a hermeneutic and regulatory principle anchored in the essential core of rights. This model recontextualizes the critique of separability by limiting it to the gradual periphery and establishes itself as a normative barrier against individualistic overflow, becoming an indispensable tool for systemic coherence.

KEY WORDS

Indivisibility of human rights; individualism; reproductive autonomy; separability; mental health.


Sumario: 1. Introducción. 2. El desafío escéptico externo: la tesis de la separabilidad empírica y conceptual. 2.1. La postura de Nickel. 2.2. La extensión de Goodhart y Ashford. 3. Las defensas de la indivisibilidad y sus límites. 3.1. La réplica de Gilabert. 3.2. La respuesta de Nickel a Gilabert. 4. Una vía de salida: la indivisibilidad como principio regulador y de coherencia sistémica. 4.1. El fundamento y los alcances de la indivisibilidad. 4.2. El giro hermenéutico y el “núcleo esencial” como locus de la indivisibilidad. 5. El desafío interno: individualismo y el “desbordamiento” de la autonomía. 5.1. El punto de partida y su conexión con los derechos humanos. 5.2. El desbordamiento de la autonomía reproductiva. 5.2. La indivisibilidad como límite. 6. El modelo propuesto en el contexto de parejas DINK. 6.1. Núcleo indivisible de dos derechos “contrapuestos”. 6.2. La ruptura interna. 6.3. La aplicación del modelo. 7. Conclusiones. 8. Bibliografía

1. Introducción

El principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, piedra angular del discurso jurídico internacional desde la Proclamación de Teherán (1968)[1] y consolidado en la Declaración de Viena (1993)[2], enfrenta una crisis que amenaza su integridad normativa. Dicho postulado que presenta el catálogo de derechos como un todo orgánico e inseparable para superar la falsa dicotomía entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales[3], es actualmente objeto de una doble amenaza que, partiendo de frentes distintos, converge en la relativización de su fuerza vinculante.

La primera amenaza, de naturaleza externa y empirista, se articula a través de la tesis de la separabilidad. Sus defensores argumentan que la indivisibilidad es una proposición fácticamente falsa[4], pues la realidad global demuestra que es posible alcanzar un alto grado de realización en una categoría de derechos mientras se tiene un bajo disfrute en la otra. Al reducir las conexiones entre derechos a meros nexos instrumentales y contingentes, esta postura no solo confronta la idea de que el logro de un derecho es necesario para el cumplimiento de los demás[5], sino que justifica la selección discrecional (cherry-picking) de los Estados y ataca directamente la coherencia del sistema, relegando el principio a una mera fórmula retórica o, en el mejor de los casos, a un ideal aspiracional.

La segunda amenaza, de carácter interno y filosófico, es posiblemente la más peligrosa. Surge de una erosión en la concepción de los derechos humanos que, impulsada por un individualismo autonómico, los despoja de su anclaje en una dignidad compartida para redefinirlos como instrumentos de autorrealización subjetiva. Al devenir deseos absolutos y desvinculados de toda relacionalidad, los derechos se desbordan y entran en inevitable colisión (la autonomía contra la salud, por ejemplo) tornando la indivisibilidad en un imposible lógico desde su propia concepción.

Frente a esta doble encrucijada, este artículo postula que el debate entre indivisibilidad y separabilidad está mal planteado. La indivisibilidad no debe entenderse como un hecho empírico a constatar, sino como un principio normativo para construir. Proponemos una reconstrucción teórica del principio sobre la distinción entre un núcleo indivisible de los derechos, donde la interdependencia e indivisibilidad es absoluta y necesaria, y una periferia gradual sujeta a una realización progresiva. Dicha reconstrucción permite, por un lado, neutralizar el desafío de la separabilidad empírica de los derechos, al reconocer la priorización en la periferia sin ceder en la integridad del núcleo; y, por otro lado, operar como contención frente al individualismo, pues el contenido de cada derecho queda definido por su coherencia relacional con el resto del sistema, impidiendo su desbordamiento.

Este trabajo asume que la indivisibilidad de los derechos supera la dicotomía empírico-conceptual al inscribirse en la tradición de la razón práctica y la justicia sustantiva, donde los derechos humanos resguardan bienes humanos básicos y objetivos –tales como la vida que engloba la salud física y mental, y la razonabilidad práctica, sustrato de la autonomía– orientados a la realización humana integral[6]. Es la inconmensurabilidad de estos bienes[7], la que exige que los derechos operen bajo una indivisibilidad normativa y no como compartimentos estancos sujetos a la evidencia empírica. Si bien somos conscientes de las críticas antiperfeccionistas del liberalismo político sobre la neutralidad institucional frente a las doctrinas del bien[8], adoptamos este paradigma para explicar la profunda interdependencia normativa entre salud mental y autonomía reproductiva.

Se examinará, primero, el desafío de la separabilidad y las respuestas que ha suscitado. Luego, se planteará nuestra vía de reconstrucción teórica de la indivisibilidad y se expondrá el modelo del núcleo indivisible-periferia gradual. Posteriormente, se analizará la amenaza interna del individualismo y sus efectos corrosivos en la relación salud mental-autonomía reproductiva. Y finalmente, se ilustrará la operatividad del modelo propuesto. Las conclusiones buscarán demostrar que esta propuesta no solo resuelve el impasse teórico, también ofrece una herramienta para la (re)interpretación y aplicación coherente de los derechos humanos en el siglo XXI.

2. El desafío escéptico externo: la tesis de la separabilidad empírica y conceptual

2.1. La postura de James Nickel

La crítica de James Nickel se articula a partir de una distinción importante, mientras la interdependencia alude a relaciones de apoyo bidireccionales débiles, la indivisibilidad representa una forma de apoyo mutuo indispensable[9], un vínculo necesario y constitutivo donde un derecho no puede realizarse plenamente sin el otro[10]. Desde esta premisa, Nickel le quita a la indivisibilidad su carácter esencial o inherente, para tratarla como una cuestión empírica y contingente.

Sostiene que las conexiones entre derechos son predominantemente instrumentales –un derecho contribuye a la realización o estabilidad de otro sin ser una condición necesaria para su existencia– y rara vez conceptuales o inherentes a su propia definición –donde un derecho es parte del otro[11]–. Por ejemplo, tener libertad de prensa ayuda a exponer la corrupción que podría estar impidiendo la realización del derecho a la alimentación, pero sigue siendo posible (aunque más difícil) que un gobierno no democrático implemente un programa de alimentos exitoso.

Con base en la tesis de la instrumentalidad, Nickel plantea como corolario que la interdependencia depende de la calidad de la implementación de los derechos y de cómo funcionan las instituciones en un contexto determinado[12]. Por ejemplo, la libertad de expresión es instrumental para proteger el derecho a no ser torturado porque permite denunciar abusos. Pero, esta conexión depende de si en la práctica la gente usa esa libertad para denunciar y de si las autoridades responden. Así, un sistema de alta calidad generará mayores sinergias[13] y uno de baja de calidad, por el contrario, presentará nexos débiles o inexistentes[14].

En esa línea, Nickel presenta su tesis de la separabilidad fáctica de los derechos humanos. La realidad, argumenta, muestra la compatibilidad entre un alto disfrute de ciertas categorías de derechos y un bajo disfrute de otras[15]. Para Nickel, si los derechos fueran verdaderamente indivisibles, estos escenarios serían imposibles. En consecuencia, no es posible sostener con firmeza que todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes.[16]

De este modo, Nickel termina otorgando a la indivisibilidad un valor meramente estratégico, como una meta política útil para combatir el cherry-picking estatal, pero no una verdad filosófica sobre la naturaleza de los derechos. Así, es provechoso que los activistas y las organizaciones promuevan la idea de indivisibilidad para evitar que los gobiernos “escojan” qué derechos respetar y cuáles ignorar. Sin embargo, no debemos confundir una estrategia política con una verdad filosófica sobre la naturaleza de los derechos[17].

Se pueden plantear dos objeciones al planteamiento de Nickel. Primero, la ambigüedad de su concepto de “disfrute sustancial” o “plena realización” que lo lleva a sugerir la compatibilidad entre un alto y bajo disfrute. Nickel no aclara qué significa “alto disfrute”. Lo que deja abiertas las interrogantes de si, en el caso de la libertad de expresión ¿es solo la ausencia de censura? ¿o para que el disfrute sea verdaderamente alto o pleno, se requiere que las personas tengan la educación, la salud y la seguridad para formar opiniones informadas y participar efectivamente en el debate público? o más bien ¿puede la libertad de expresión estar plenamente realizada si los ciudadanos no tienen la educación o la salud mínimas para participar en el debate público de forma significativa? La ausencia de una teoría sobre lo que constituye “disfrute sustancial” permite que redefinamos su noción de “alto disfrute” como un “mero goce parcial e incompleto”, vaciando de contenido su tesis de la separabilidad.

En segundo lugar, el análisis de Nickel subestima las conexiones sistémicas. Su enfoque se centra en interacciones lineales (derecho X ayuda a conseguir el derecho Y) siendo su argumento principal que estos nexos son en gran medida separables. Sin embargo, al enfocarse en conexiones lineales y en nexos separables, el autor pierde de vista las interdependencias que son sistémicas o estructurales. Estas conexiones no se refieren a que un derecho sea una herramienta para otro, sino a que un entorno general de Estado de Derecho, rendición de cuentas y participación ciudadana es una precondición estructural para la realización estable y segura de todos los derechos. Es decir, la verdadera interdependencia no es meramente instrumental, sino estructural.

Por lo que, la negación sistemática de las libertades no solo dificulta la denuncia de una hambruna (conexión instrumental), sino que fomenta un sistema de gobernanza arbitrario que es propenso a generarla e incapaz de gestionarla de manera justa y eficiente (conexión sistémica). En otras palabras, su análisis subestima cómo la negación sistemática de un nexo (el de las libertades) corroe las bases institucionales y sociales necesarias para garantizar el otro nexo (el de la subsistencia) a largo plazo. Al descomponer el sistema en “nexos” separables, Nickel pierde de vista las propiedades emergentes del sistema en su conjunto y no logra dar cuenta de la interdependencia estructural que los mantiene unidos. Y, en última instancia, los derechos no son construcciones lógicas abstractas ni meros consensos políticos empíricos, sino exigencias de la razonabilidad práctica orientadas al bien común[18] que no pueden fragmentarse ni jerarquizarse[19] sin mutilar la experiencia humana[20].

2.2. La extensión de Ashford y Goodhart

El escepticismo de Nickel encuentra un eco y una extensión en los planteamientos de Michael Goodhart y Elizabeth Ashford quienes refutan igualmente la indivisibilidad como una propiedad inherente de los derechos. Goodhart, en particular, adopta una concepción fáctica y minimalista del goce de un derecho: se disfruta del derecho a no ser torturado cuando no se está siendo torturado[21]. Desde esta óptica, la interdependencia no es un requisito funcional, pues la experiencia demuestra que es posible realizar o poseer la esencia de un derecho sin el disfrute concurrente de otros. En el ejemplo propuesto, se puede disfrutar del derecho a no ser torturado sin tener derecho al voto ni a la alimentación. La interdependencia no es un requisito funcional para el disfrute de los derechos.[22]

Ambos autores cuestionan el conocido escenario planteado por Henry Shue, según el cual a menos que el derecho a una vida digna este garantizado la desesperación por comer podría llevar a un individuo a aceptar la tortura a cambio de comida[23]. Aun concediendo la credibilidad de un intercambio similar por trabajo infantil[24], Ashford y Goodhart sostienen que una prohibición estricta y eficaz de la tortura sería conceptual[25] y funcionalmente suficiente para garantizar el derecho, aun en ausencia de un derecho a la alimentación o a condiciones de vida dignas[26]. La garantía del derecho a no ser torturado, por tanto, no depende constitutivamente de la realización de otros derechos.

El aporte principal de Goodhart es la reconceptualización de la interdependencia en clave negativa. Su relevancia no radica en que los derechos se necesiten para existir, sino en que la inseguridad de uno genera la precariedad de los demás. Esta perspectiva, argumenta, tiene mayor fuerza epistemológica y normativa, pues visibiliza las fracturas de los sistemas y estructuras sociales establecidos para garantizar los derechos, resalta la manera en que la inseguridad promueve y perpetúa la injusticia, y enmarca la lucha por la seguridad de los derechos como un proyecto político. Al dar sentada la interdependencia como un hecho establecido, esta se vuelve políticamente inerte; en cambio, al entenderla como la superación de la inseguridad, se convierte en un mandato de acción.[27]

Así, Goodhart, como Nickel, desplaza el debate del plano de la filosofía del derecho al de la estrategia política. Por su parte, la separabilidad conceptual de Ashford se conecta con la idea de separabilidad empírica de Nickel. Ambos argumentan que no existe una necesidad vinculante entre la realización de dos o más tipos de derechos. En conjunto, Goodhart, Ashford y Nickel forman un bloque escéptico que considera la indivisibilidad y la interdependencia afirmaciones contingentes, ya sea política (Goodhart/Nickel) o conceptual y empírica (Ashford/Nickel), pero no verdades normativas sobre la naturaleza y relación de los derechos humanos.

Sin embargo, Goodhart incurre en una falsa dicotomía, o la interdependencia es un hecho empírico observable o es una mera aspiración política. Su visión omite una tercera vía que es la posibilidad de que la indivisibilidad (y consecuente interdependencia) sea una verdad normativa sobre las condiciones necesarias para la plena realización de un derecho. Al relegarla al campo de la estrategia, corre el riesgo de convertirla en una “mentira noble”[28],  privándola de su fuerza moral como requisito de la justicia.

Por su parte, el argumento de Ashford se sostiene sobre una definición superficial y restrictiva de lo que implica garantizar plenamente un derecho, adoleciendo de una ceguera ante la vulnerabilidad estructural. Una persona privada de los recursos para su subsistencia (sin hogar, sin comida, sin trabajo) es estructuralmente vulnerable a la coerción por parte de actores estatales y no estatales, tiene menos recursos para una defensa legal si es acusada de un crimen y es más propensa a ser víctima de tratos inhumanos y degradantes que, si bien no son tortura en el sentido clásico, erosionan la dignidad que el derecho pretende proteger. Un sistema que tolera la indigencia es un sistema que, por su propia estructura, genera las condiciones para la violación del derecho a la integridad personal.

Adicionalmente, Goodhart parece confundir la garantía del derecho como su mera no violación activa. Esta confusión lo lleva a asumir que “garantizar” el derecho a no ser torturado significa que los agentes estatales no se encuentren torturando activamente. Sin embargo, una garantía plena requiere mucho más, como tribunales independientes, agentes policiales bien entrenados y con rendición de cuentas, acceso a la justicia para las víctimas, etc. Un Estado que no puede o no quiere asegurar los recursos para la subsistencia de sus ciudadanos es muy poco probable que tenga la capacidad institucional o la voluntad política para mantener un sistema de garantía tan complejo y costoso. En tales condiciones, la garantía se vuelve frágil y, a la larga, ilusoria.

Cabe aclarar que fundamentar la indivisibilidad en la razón práctica no excluye analizar su operatividad fáctica. Observar empíricamente que la vulneración de unos derechos hace irreal el disfrute de otros no implica ceder a la dicotomía empirista de Nickel; por el contrario, demuestra que la interdependencia práctica no es una mera contingencia empírica, sino la manifestación material de su coherencia sistémica.

3. Las defensas de la indivisibilidad y sus límites

3.1. La réplica de Gilabert

Como contrapunto al escepticismo de Nickel, la propuesta de Pablo Gilabert busca rescatar el principio de indivisibilidad mediante una redefinición de su alcance. En lugar de la exigente condición de “indispensabilidad mutua”, Gilabert postula una interpretación más laxa pero normativamente robusta, la de una relación “altamente útil”. Bajo esta concepción, la indivisibilidad sistémica ya no se presenta como una proposición inverosímil porque basta con demostrar que el cumplimiento de un derecho es sumamente provechoso para la realización de otro para establecer una razón de peso que obligue a los Estados a perseguirlos de forma conjunta[29]. Gilabert enfatiza la importancia de esta interpretación para la búsqueda dinámica e incremental de los derechos humanos.

Gilabert articula una tipología de conexiones que pueden ser conceptuales, normativas, epistémicas y causales. El apoyo conceptual se manifiesta, por ejemplo, en la relación constitutiva entre el derecho a la igualdad y todos los demás, pues un derecho implementado de forma desigualitaria es, por definición, un derecho no plenamente realizado.[30]. El apoyo normativo reconoce que existe una clara ventaja moral en asegurar, por ejemplo, que los derechos socioeconómicos se implementen a través de procesos que incluyan a los derechos políticos[31]. Las personas no solo tienen motivos para desear oportunidades económicas, también los tienen para preocuparse por cómo se crean dichas oportunidades. Es legítimo que quieran ser ellas mismas quienes diseñen las instituciones para alcanzar una vida digna. La participación política, al igual que la provisión de bienes materiales, es parte de la dignidad humana, lo cual infunde a los derechos socioeconómicos un significado moral que solo la participación política puede conferir[32]. A su vez, el apoyo sistémico de dicha participación permite la identificación de las políticas más adecuadas, mientras que el apoyo causal de la participación política asegura la rendición de cuentas de los que detentan el poder, lo que a su vez aumenta la probabilidad de que respondan eficazmente a las necesidades socioeconómicas de la población[33].

Así, vemos que el fundamento último de la propuesta de Gilabert no es meramente pragmático sino axiológico[34], dado que la indivisibilidad está anclada en las condiciones necesarias para la protección de la integralidad de la dignidad y agencia humanas. La indivisibilidad, por tanto, no exige demostrar una conexión lineal entre cada par de derechos[35], sino reconocer que estos conforman un denso entramado de relaciones instrumentales[36] y constitutivas que, no solo aumentan las posibilidades de su disfrute; sino que, en su conjunto, son indispensables para un disfrute más significativo[37].

En esta parte, es posible ahondar en una distinción que permite reconciliar la evidencia empírica con la aspiración normativa, esto es, la distinción entre realización parcial y realización plena. Lo que Nickel describe como un disfrute alto o pleno compatible con la precariedad en otros ámbitos, desde esta perspectiva, no es más que un disfrute parcial e incompleto porque la plena realización exige más. La libertad de expresión, por ejemplo, no se realiza plenamente con la mera ausencia de censura; su pleno ejercicio exige las capacidades (salud, educación, seguridad material) que permiten formar una opinión informada y participar de forma efectiva en el debate público.

Por lo que, si bien es posible un disfrute parcial o un progreso significativo en un conjunto de derechos sin tener un progreso similar en otros (como lo plantea Nickel), o un avance significativo en un derecho gracias a la implementación parcial de otro (como lo plantea Gilabert), la plena realización de cualquier derecho humano es imposible sin la plena realización de los demás o, lo que es lo mismo, se necesitan mutuamente para florecer por completo.

Esta distinción permite aceptar las observaciones de Nickel sin sacrificar el núcleo normativo de la indivisibilidad. No obstante, podría objetarse que dicha distinción elude el problema al fijar un estándar de plena realización casi inalcanzable. Pero, como el propio Gilabert aclara: la imposibilidad de alcanzar lo óptimo no anula la obligación de perseguir lo posible[38]. Es decir, que la implementación parcial de un derecho sólo pueda sustentar la realización parcial de otro no debilita el mandato de actuar.

Así, la tesis de Gilabert en cierta medida reconcilia la teoría con la práctica presentando la indivisibilidad como un horizonte normativo que, aunque se persigue de forma gradual e incremental, orienta la acción hacia la realización integral de los derechos humanos que la dignidad humana exige.

3.2. La respuesta de Nickel a Gilabert

Nickel rechaza la sugerencia de Gilabert de entender la indivisibilidad como relación “altamente útil”, pues ello supondría confundir dos categorías distintas: la interdependencia y la indivisibilidad, porque afirmar que dos derechos son sumamente útiles o se apoyan entre sí es lo mismo que decir que son interdependientes, mas no indivisibles que significa que son mutuamente indispensables[39].

Frente a ello, Nickel avanza una contrapropuesta a la que denomina la tesis de la “indispensabilidad práctica”. El criterio ya no es la necesidad absoluta, sino la ausencia de alternativas plausibles. Así, un derecho D1 es indispensable para otro derecho D2 si no existe un Dx (otro derecho o programa gubernamental) que pueda ofrecer el mismo soporte en esas circunstancias y con un coste similar.[40] La indispensabilidad, por tanto, se define negativamente por la inexistencia de alternativas plausibles[41].

Un derecho que respalda varios derechos (multiusos) se torna así prácticamente indispensable, no porque sea la única herramienta para cada fin, sino porque el costo de reemplazar su función multifacética con incontables herramientas especializadas es mucho mayor y su reemplazo no es una alternativa racional al derecho multiusos.

Aun con esta concesión, que preserva la distinción entre derechos que son sumamente útiles y los que son genuinamente indispensables, Nickel se mantiene escéptico sobre la viabilidad de una indivisibilidad sistémica. Esta lógica lo conduce a proponer un nuevo umbral de análisis que apunta a la “realización adecuada”[42]. En lugar de la maximización inherente a la “plena realización”, este estándar busca un nivel de disfrute “suficientemente bueno”[43] como para garantizar una vida decente. Así, por ejemplo, la realización adecuada del derecho a la alimentación no significa que todos tengan acceso a comida gourmet (plena realización), sino que nadie sufra hambre o malnutrición y que todos tengan acceso seguro y sostenible a una alimentación nutritiva[44].

No obstante, ni siquiera este umbral logra, a su juicio, refutar la tesis de la separabilidad empírica de los derechos humanos. Sostiene que es fácticamente posible observar Estados que garantizan una realización adecuada de los derechos civiles (elecciones libres, no tortura, debido proceso, etc.) mientras que la realización de los derechos socioeconómicos es inadecuada (pobreza, servicios sanitarios deficientes, etc.) o viceversa. Por tanto, la realización adecuada de un derecho no requiere la realización adecuada de todos los demás derechos.

Sin embargo, la reconceptualización de Nickel tiene una debilidad estructural que es la indeterminación del umbral de la “realización adecuada”. El problema de la demarcación que nuevamente Nickel no logra resolver y pasa de la “plena realización” a la “realización adecuada”. No queda claro ¿Quién define qué es adecuado o suficientemente bueno? y si bien puede parecer un estándar razonable, también es una categoría porosa y susceptible de manipulación política. Por ejemplo, un gobierno podría argumentar que un sistema sanitario público que solo cubre emergencias y excluye lo preventivo es adecuado, con el fin de eludir sus responsabilidades. Más aún, al sustituir al ideal regulador de la “plena realización” por un estándar de suficiencia, se corre el riesgo de legitimar la complacencia y justificar un cumplimiento mediocre de los derechos. Sin el horizonte normativo de la “plena realización”, la “realización adecuada” pierde su dirección moral y los derechos se arriesgan a quedarse estancados en un mínimo aceptable.

Finalmente, la tesis de Nickel se sustenta sobre una mirada estática de la interacción de los derechos a largo plazo, en el sentido de que no es posible mantener indefinidamente un nivel adecuado de los derechos civiles mientras los sociales son inadecuados o viceversa. La desigualdad social y económica es el caldo de cultivo para la inestabilidad política y el autoritarismo; los cuales, a su vez, erosionan inevitablemente las garantías civiles. En resumen, un “nivel adecuado” de derechos es una situación que o bien avanza hacia una mayor indivisibilidad o bien colapsa por sus contradicciones internas.

4. Una vía de salida: la indivisibilidad como principio regulador y de coherencia sistémica

4.1. El fundamento y los alcances de la indivisibilidad

El principio de indivisibilidad de los derechos humanos se fundamenta en la unidad inmanente de la persona y en la dignidad que le es intrínseca. El sujeto titular de los derechos, el ser humano universalmente concreto[45], constituye una totalidad indivisible; su complejidad y diversidad no son sino facetas de una misma realidad unitaria[46]. De este postulado antropológico se sigue, como corolario normativo, que el catálogo de derechos humanos que emana de su dignidad debe, a su vez, conformar un todo orgánico e inseparable[47].

Cualquier intento de aislar[48], jerarquizar[49] o satisfacer unos derechos en detrimento de otros deviene, por tanto, un atentado contra la integridad misma de la dignidad[50]. Se colige de ello, que la indivisibilidad, entendida como la unidad de propósito o sentido[51], da así lugar a la interdependencia, que opera como la lógica para su realización efectiva[52] replicando esa dinámica o lógica unitaria[53]. Lo que significa que los derechos humanos sólo pueden realizarse de forma adecuada y plena conjuntamente[54]. Por ejemplo, la interdependencia se manifiesta en que, el derecho a elegir donde vivir se torna ilusorio para personas autistas con niveles de apoyo altos si su derecho social a recibir apoyos en la comunidad no está garantizado. Del mismo modo, el derecho a la educación inclusiva carece de contenido si un niño sordo debe renunciar a su identidad cultural (abandonar el lenguaje de señas o distanciarse de la comunidad sorda) para acceder a ella[55]. Asimismo, si una persona con movilidad reducida no puede acceder físicamente a un centro de votación porque tiene barreras (escaleras, puertas estrechas, etc.), entonces su derecho al voto es imposible de realizar en la práctica. Estos casos revelan que los derechos son coesenciales y su separación es un artificio que desfigura su naturaleza intrínsecamente relacional y complementaria.

Para críticos como Nickel y Gautier, la imposibilidad de realizar de forma simultánea y completa todos los derechos, exige un ejercicio de priorización de parte de los Estados[56]. En esa línea, como la evidencia empírica respalda que la interdependencia es mayor entre algunos derechos que entre otros que parecen estar menos conectados[57], entonces debería permitirse, e incluso recomendarse, algún tipo de priorización para aquellos derechos que tienen un efecto más decisivo sobre otros[58]. Al respecto, Serrano y Vásquez consideran que se trata de priorizar los derechos que: i) son más necesarios en un lugar y tiempo determinado, ii) podrían generar mayores cadenas de impacto también llamados “derechos llave” porque abren otros derechos, iii) son más fáciles de implementar, iv) no siendo tan fáciles de implementar, o que devendrán en una implementación débil (siguiendo a Gilabert) resultan importantes para comenzar a fortalecer a un grupo de derechos.[59] Sin embargo, creemos que priorizar los derechos “más fáciles de implementar” comporta un riesgo considerable al incentivar a los Estados a que evadan o releguen los derechos más costosos y complejos, que típicamente son los DESCA, en favor de aquellos de más fácil implementación. Esto conduciría a una jerarquía de facto donde los derechos que requieren inversión y planificación a largo plazo son perpetuamente pospuestos.

Los mismos autores brindan algunas salvaguardas para dicha priorización como verificar a quién perjudica y favorece determinada elección de derechos. Si la preferencia sobre algún derecho profundiza la desigualdad de los grupos más desfavorecidos, el proceso de priorizar lesiona el principio de igualdad y no discriminación y no sería admisible[60]. Pero, incluso dichas salvaguardas se muestran como un estándar mínimo, que si bien puede evitar el empeoramiento de la desigualdad al mismo tiempo no mejora la situación y perpetúa la injusticia. En suma, esta propuesta solo crea un sistema de dos niveles donde los derechos “llave” fáciles, o que cumplen una obligación respecto de otros derechos, están en el primer nivel, mientras que los que pueden esperar, no tan necesarios, los complejos y costosos se ubican en el segundo nivel. La cuestión es si este modelo de priorización servirá para atender asuntos estructurales y no solo lo urgente o lo conveniente.

Frente a estos planteamientos, surge una tercera vía que no busca jerarquizar entre derechos sino delimitar su núcleo intangible. Como sugiere Fernández, el principio de indivisibilidad informa y limita la priorización, en el sentido de que los Estados pueden verse forzados a priorizar recursos, pero esa priorización no puede llegar al punto de violar el núcleo de ningún derecho.[61] El principio de indivisibilidad actúa como una barrera, impidiendo que la escasez de recursos se use como excusa para anular por completo ciertos derechos. Lo cual resuena con el planteamiento de Gilabert, quien sostiene que, en un sistema interconectado, la importancia de los derechos “más importantes”[62] se transfiere al resto pues estos devienen indispensables para la realización de los primeros[63].

La aparente contradicción entre indivisibilidad y prioridad se disuelve al entender que operan en contextos distintos, la primera cuando la realización simultánea es posible; mientras que la segunda, cuando las concesiones son inevitables[64]. No se trata, por tanto, de una renuncia del principio, sino de un reconocimiento de su aplicación práctica en escenarios de recursos limitados, donde la prioridad se asigna a aquellos aspectos cuya omisión haría colapsar la integridad del sistema en su conjunto.[65]

4.2. El giro hermenéutico y el “núcleo esencial” como locus de la indivisibilidad

La propuesta de Fernández redefine el propósito mismo de la indivisibilidad de los derechos humanos. La indivisibilidad no es una descripción de un rasgo de los derechos y tampoco una hipótesis empírica sobre su coexistencia. Más bien, se trata de un criterio regulador o un principio hermenéutico que dirige la (re)definición del contenido de cada derecho en coherencia sistémica con los demás. Por lo que, la cuestión ya no es si los derechos funcionan o se realizan conjuntamente, sino cómo debemos delimitarlos para que su interdependencia se vuelva una necesidad lógica y jurídica.

Esta reconceptualización da lugar a un modelo que parte de la distinción entre el núcleo esencial de un derecho y su contenido periférico. Como sabemos, el núcleo es el reducto duro e indivisible que dota de identidad al derecho y sin lo cual este se desvanece[66]. Actúa como una barrera infranqueable para el Estado, que no es susceptible de ponderación y cuya afectación supone la eliminación del derecho mismo[67] y, por un efecto sistémico, la erosión de la base sobre la que se asientan los demás derechos[68]. Es en este plano donde la indivisibilidad opera de forma absoluta, esto es, donde la conexión inherente se manifiesta de la manera más fuerte y necesaria, lo que significa que el contenido esencial de un derecho se define y se delimita de tal forma que presupone y refuerza el contenido esencial de los demás.

La periferia, en cambio, es el ámbito sujeto a la deliberación democrática, a la limitación por otros intereses legítimos[69], y a una realización progresiva y dependiente de los recursos disponibles. Así, por ejemplo, la prohibición de la censura previa constituye el núcleo de la libertad de expresión, que es indivisible e interdependiente del núcleo del derecho a la participación política y del debido proceso; mientras que la regulación de la publicidad comercial y la desinformación en redes sociales pertenecen a su periferia.[70] Estas son limitaciones que no destruyen la esencia del derecho.

No obstante, esta propuesta no está exenta de objeciones. La primera es nuevamente el problema de la demarcación. La línea entre el núcleo esencial y el contenido periférico es con frecuencia borrosa y objeto de una intensa disputa política y filosófica. Así, por ejemplo, lo que para un sector es el núcleo del derecho a la vivienda (no ser desalojado sin alternativa habitacional), para un gobierno puede ser parte de la periferia del derecho sujeto a políticas económicas. Sin embargo, el error está en tomar la delimitación como un acto de voluntad política, y no como un ejercicio de razonamiento jurídico. El contenido esencial se define por criterios objetivos, aquello sin lo cual el derecho se desvanece en una cáscara vacía o en algo irreconocible y, crucialmente, aquello cuya negación provoca un colapso sistémico (su negación hace lógicamente imposible o estructuralmente insostenible el núcleo de otros derechos). Por ejemplo, si un Estado niega sistemáticamente el acceso a la alimentación a una parte de su población crea un entorno de desesperación y desorden que hace imposible garantizar el núcleo de otros derechos como la seguridad personal, la participación política, el debido proceso o la vida digna. La negación de un núcleo causa un efecto dominó que destruye la consistencia del sistema de derechos entero.

Una segunda objeción es que esta teoría sea instrumentalizada para reducir el contenido esencial a un contenido mínimo, justificando de ese modo el incumplimiento o abandono de la mayor parte del contenido de los derechos bajo el pretexto de que pertenece a la periferia ponderable. Es decir, esta teoría podría usarse para justificar un cumplimiento minimalista de los derechos humanos. Esta crítica, sin embargo, ignora la obligación de realización progresiva (de la periferia o contenido esencial) que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos impone a los Estados. No basta con respetar el núcleo, el Estado mantiene el deber activo de dar pasos deliberados, concretos y orientados hacia la plena realización de todo derecho, utilizando el máximo de los recursos que disponga. Por tanto, la distinción núcleo-periferia, que plantea Fernández, no es un permiso para la inacción sino una estructura para la acción. Un Estado no podría decir que si garantiza la educación primaria gratuita (núcleo) ya cumplió con el derecho a la educación, cuando está legalmente obligado a demostrar que está trabajando activamente para hacer la educación secundaria y superior progresivamente más accesible para todos (incluso si esa parte pertenece a la periferia). En otras palabras, la distinción núcleo-periferia no elimina esta obligación, solo le da forma.

En esa línea, el contenido esencial no es solo un mínimo estático, sino un centro de gravedad que irradia sus principios –como la no discriminación– y dota de dirección y coherencia a la expansión de la periferia impidiendo que el progreso se desvíe de los fundamentos del sistema. Por ejemplo, un Estado que expande la cobertura de su sistema de salud (periferia) no puede hacerlo de forma discriminatoria, ofreciendo nuevos tratamientos solo a un grupo étnico. El principio del núcleo debe guiar la implementación de la periferia, lo cual impide que el cumplimiento mínimo se blinde.

Finalmente, se podría cuestionar la aplicabilidad del modelo en situaciones de crisis extremas, como una pandemia, donde los recursos se vuelven escasos, se deben tomar decisiones complejas y el dilema de “un solo respirador y varios pacientes” hace impracticable la noción de un núcleo imponderable porque inevitablemente se afectará el núcleo del derecho a la salud de algunos pacientes. Sin embargo, debemos distinguir entre el diseño de las instituciones y políticas públicas en tiempos de normalidad y la toma de decisiones de emergencia, porque la finalidad de la teoría del contenido esencial imponderable es guiar lo primero. La obligación del Estado es crear un sistema sanitario donde, en la medida de lo previsible, no se llegue a la situación de tener que elegir entre dos o más vidas. La falla del Estado en tener suficientes respiradores es en sí misma un desacierto en la protección del núcleo a nivel estructural. La teoría sirve para juzgar el diseño del sistema, no para resolver los dilemas que surgen cuando ese sistema ya ha fallado. Es decir, la distinción núcleo-periferia no le dice a un médico qué hacer con el único respirador, pero sí le dice al legislador que la financiación de unidades de cuidados intensivos no es un adicional ponderable, sino parte del contenido esencial del derecho a la salud que debe ser protegido con la máxima prioridad.

En realidad, esta teoría sí tendría un poder normativo porque incluso cuando la realización del núcleo de un derecho (salud) se torna materialmente imposible para todos, los principios del núcleo de otros derechos (igualdad y no discriminación) permanecen como límites insuperables que deben dirigir el proceso de decisión. Así, en el dilema del respirador, se deberá exigir que los criterios de decisión sean justos, transparentes, objetivos y no discriminatorios. La decisión debe basarse en criterios médicos y no en la riqueza, el estatus social, la etnia o la afiliación política del paciente. De este modo, aunque el núcleo del derecho a la salud no pueda satisfacerse para todas las partes, el núcleo del derecho a la igualdad y a la no discriminación se mantiene, preservando la justicia del sistema aun en medio de la tragedia.

5. El desafío interno: individualismo y el “desbordamiento” de la autonomía

5.1. El punto de partida y su conexión con los derechos humanos

Más allá de las críticas externas de carácter empirista, una de las amenazas más peligrosas para la integridad del sistema de derechos humanos emerge de una fractura interna, nutrida por una concepción absolutista de la autonomía y un individualismo expresivo contemporáneo. Esta visión dominante, cuyo origen se remonta a la autarquía/autosuficiencia estoica y a la reducción cartesiana del ser humano a mera conciencia[71], convierte la dignidad en una capacidad de independencia radical respecto de los otros[72] y de la naturaleza, absolutizando la condición separada del individuo[73].

En el plano jurídico, este postulado –reduccionista del ser humano– se traduce en el principio “elijo, luego tengo derechos”, un fundamento que, al limitar la titularidad a los capaces de elegir, socava la universal de los derechos y los reduce a meras reivindicaciones de poder del individuo frente a los demás.[74] Se produce así un quiebre fundamental en tanto los derechos se desvinculan de toda responsabilidad, de toda relacionalidad con los otros y con la comunidad, de toda complementariedad, y la correlación entre derechos y deberes se rompe. Emerge lo que Ballesteros ha denominado “cultura de la querella”, donde el otro es percibido como un recurso o una amenaza, y el derecho se concibe como un poder ilimitado del yo sin consideración por sus consecuencias. Los demás solo tienen un deber: no interferir en “mis derechos”[75]. Lo que también excluye los deberes con uno mismo, sobre la base de la idea de la disponibilidad ilimitada de los recursos y de los derechos, permitiendo incluso la violación de los propios derechos y libertades.

Cuando los derechos son degradados a la categoría de meros deseos, su fundamento deja de ser la dignidad universal y relacional y pasa a ser la intención o volición puramente individualista, por naturaleza ilimitada y particular. Se destruye así la noción misma de un estándar común –cada individuo crea su propio sistema de valores– abriendo la puerta a un conflicto irresoluble entre deseos contrapuestos que torna la indivisibilidad en un imposible lógico. Esta concepción, además, se erige sobre la ficción de un individuo autosuficiente, omitiendo la vulnerabilidad constitutiva del ser humano y, con ello, las condiciones materiales y relacionales que hacen posible una vida digna.

Ahora bien, debemos aclarar que esta crítica no se refiere a la formulación clásica de la autonomía. En la tradición neokantiana, la autonomía es indisociable de los deberes hacia la humanidad en la propia persona y excluye cualquier instrumentalización del otro[76]. Del mismo, doctrinarios liberales como Feinberg enraízan la autonomía en una agencia racional compleja –alineada con los deseos de segundo orden– no en la mera satisfacción de impulsos o apetitos inmediatos (deseos de primer orden)[77]. Sin embargo, en el debate bioético y jurídico contemporáneo, este concepto ha sufrido un desbordamiento hacia un individualismo expresivo. Esta mutación –donde el deseo y la voluntad se erigen como fundamentos exclusivos del derecho– es evidente en la tesis de la “libertad procreativa” de Robertson[78], o en la consolidación de la “voluntad procreacional” propugnada por autoras como Lamm[79]. A nivel jurisprudencial, este paradigma se manifiesta en la sentencia Artavia Murillo de la Corte IDH, donde el deseo de descendencia se judicializa y homologa de facto con un derecho al hijo, sentando el precedente de que el anhelo de tener un hijo biológico genera obligaciones prestacionales o de abstención para el Estado.

Nuestra crítica no se dirige contra el núcleo de la agencia personal sino contra el individualismo expresivo, que deviene en la falacia dogmática de tratar diversos asuntos vitales, entre ellos la reproducción humana, como si se tratara de una acción puramente autorreferente. Ello contradice los límites estructurales de la autonomía, como el principio de daño y la exigencia de voluntariedad genuina (que trataremos más adelante). Es esta voluntarización e individualización de los derechos, y no la autonomía moral originaria, la que erosiona el carácter relacional de los derechos humanos.

Ahora bien, descender a la reproducción humana permite ilustrar en la práctica la tesis teórica expuesta. Hoy, el individualismo ateleológico aborda la autonomía reproductiva desconectándola de las condiciones habilitantes del sujeto. Sin embargo, bajo el principio de indivisibilidad resulta imposible escindir este derecho de libertad del derecho a la salud mental. Como veremos, la verdadera autonomía reproductiva depende estructuralmente del bienestar psicológico, demostrando que los derechos son un entramado interdependiente y no meros deseos incondicionados.

5.2. El “desbordamiento” de la autonomía reproductiva

Este desbordamiento conceptual de la autonomía encuentra su manifestación en dos interpretaciones actuales de la autonomía reproductiva. Por un lado, se la concibe como una “autonomía del apetito” absoluto e invencible: si deseo tener hijos, tengo derechos a tenerlos; si no los deseo, tengo derecho a no tenerlos. El fundamento es el poder de la voluntarización; el contenido, la exigencia de que el Estado y los demás se adapten y sometan a ella. Por otro lado, atendiendo a la situación de la mujer respecto del varón en temas relacionados con la reproducción, se esgrime un argumento de igualdad. Según el cual, al ser la maternidad la diferencia fisiológica más significativa entre hombre y mujer, y la que incide de mayor forma en la vida de la mujer, la completa igualdad entre ellos no será posible mientras la mujer no sea libre para decidir tener o no hijos[80]. Por lo que, restringirles la posibilidad de decidir libremente sobre el embarazo llevaría a perpetuar la subordinación de las mujeres y preservar los roles tradicionales y discriminatorios.[81]

Sin embargo, al reducir la diferencia sexual a una mera identidad con la norma masculina[82], se alienta a las mujeres a rechazar la maternidad (tratándola como una desventaja o algo “malo”) para poder alcanzar la igualdad sustantiva frente al hombre. Es decir, que sea la mujer la que siempre tenga que pagar un precio más alto por su autonomía e igualdad[83]. Ello perpetúa un modelo, propio del individualismo postmoderno, que sobrevalora lo que se hace en el ámbito público y devalúa lo privado[84] y relacional (hogar, crianza, cuidados, etc.) y que, por tanto, incentiva a las mujeres la “urgencia” de tener mayor presencia afuera y mayor “control” de su cuerpo y de sus decisiones, siguiendo el modelo masculino de ciudadano, trabajador y de reproducción.

Nuestra intención no es imponer la procreación como un mandato ni cuestionar la autonomía de las mujeres para decidir el valor que otorgan a la maternidad en sus planes de vida. Por el contrario, la justicia exige garantizar la capacidad (la libertad sustantiva y las condiciones materiales para ejercerla), pero jamás debe obligar al funcionamiento[85]. Sin embargo, el reconocimiento de esta libertad no agota el problema estructural –y aquí radica el núcleo de nuestra crítica– visible cuando el diseño institucional y el mercado promueven la no maternidad no como una elección legítima y libre entre bienes humanos básicos, sino como el único camino viable para poder acceder a las mismas oportunidades en el ámbito público.

Bajo la óptica Rawlsiana, una estructura básica justa exige una equitativa igualdad de oportunidades y neutralidad frente a las doctrinas comprehensivas del bien. No obstante, cuando las instituciones sociales y laborales están diseñadas de tal manera que exigen la renuncia a la crianza para evitar la marginación profesional, el sistema abandona su neutralidad. No se está protegiendo la capacidad de elegir, sino imponiendo un modelo que entiende la igualdad como la adopción de un plan de vida desprovisto de responsabilidades de cuidado. Por tanto, cuando la mujer renuncia a la maternidad para competir, no está ejerciendo una libertad en un entorno neutral, sino que se está sometiendo a un modelo androcéntrico para no ser penalizada económicamente.

La autonomía reproductiva que deviene en una erosión individualista se presenta desconectada de tres anclajes fundamentales: i) de la realidad objetiva, al basarse únicamente en la preferencia subjetivista (sobre la existencia y las características de los hijos) sin referencia a bienes objetivos como la procreación[86]; ii) de la relacionalidad, al ignorar las responsabilidades inherentes a los vínculos humanos; y iii) de la propia fragilidad humana, al operar desde el espejismo de la autosuficiencia en lo relacionado a la reproducción. Esta autonomía desvinculada, que ignora las condiciones reales que hacen posible una vida digna, termina defendiendo prácticas que, aunque técnicamente son una “elección”, generan una profunda angustia psicológica y emocional (afectando la salud mental) o mercantilizan o dañan el cuerpo humano (vulnerando la integridad personal), negando así la vulnerabilidad y la dignidad humanas.[87]

Cuando un derecho se convierte en la cobertura de un deseo desvinculado, que por naturaleza es ilimitado y potencialmente egoísta, su desbordamiento es inevitable: no tiene por qué ser coherente con los derechos de los demás o con el bien común. En primer lugar, los hijos son convertidos en bienes cuya existencia y características se someten a una lógica utilitarista, valorados siempre que satisfagan el proyecto de autorrealización parental, y cuya crianza y cuidados representan una enajenación de la autarquía de los padres. En segundo lugar, esta lógica rompe la unidad de propósito del sistema de derechos. A medida que su contenido se desfigura, la autonomía reproductiva (no solo se desvincula de otros derechos) comienza a erosionar activamente el núcleo de otros derechos. Siguiendo un ejemplo anterior, una autonomía que exige el acceso a cualquier tecnología reproductiva sin considerar sus consecuencias psicológicas socava el derecho a la salud mental; una que mercantiliza el cuerpo humano vulnera la integridad personal. En este escenario, la autonomía rompe su vínculo de indivisibilidad con otros derechos y se convierte en su adversaria.

Esta ruptura también se manifiesta en el quiebre de su relacionalidad inherente. En un sistema coherente, la interdependencia opera como una dinámica de sinergia positiva, según la cual la realización (incluso parcial) de un derecho actúa como catalizador para la realización de otros, y viceversa. Sin embargo, una autonomía reproductiva desbordada ya no genera sinergias positivas con otros derechos, esto es, su disfrute no genera un mayor disfrute en otros derechos, ni la realización de otros derechos deviene en un mejor disfrute de dicha autonomía; sino que su expansión se produce a costa de ellos.

Un caso de estudio para ilustrar este quiebre de la complementariedad se encuentra en una reciente investigación sobre el impacto que el incremento del bienestar mental tiene en las decisiones reproductivas de parejas que previamente habían optado por no tener hijos motivados por dinámicas traumáticas o disfuncionales[88]. En un sistema de derechos funcional e interdependiente, cabría esperar que un aumento significativo en la salud mental (componente del derecho a la salud) se tradujera en un ejercicio más consciente y pleno de la autonomía reproductiva. Desde esta perspectiva sistémica, la realización del núcleo del derecho a la salud mental no cambia arbitrariamente el deseo, sino que restaura y fortalece la capacidad para una autonomía más robusta. Con esta capacidad restaurada, la persona puede reexaminar el bien de la procreación desde una nueva perspectiva de bienestar, lo que puede conducir a un cambio en su percepción y en su decisión final.

No obstante, lo que se observa es un fenómeno distinto. En lugar de fortalecerse la capacidad de decidir, parece satisfacerse o sustituirse el deseo subyacente que la propia autonomía buscaba gestionar. El goce del derecho a la salud mental no potencia el ejercicio del derecho a la autonomía reproductiva; más bien, parece competir con él o anular su objeto, demostrando que ambos derechos han dejado de operar en una dinámica de apoyo mutuo. Ya no se refuerzan, sino que van en direcciones divergentes, revelando la fractura del sistema cuando uno de sus componentes se desvincula de su fundamento en la dignidad relacional. Este asunto será desarrollado con mayor detalle en secciones posteriores.

5.3. La indivisibilidad como límite

Antes de adentrarnos en el estudio de la fractura interna entre dos derechos puntuales, es necesario explicar cómo el principio de indivisibilidad y la noción de contenido esencial operan como el cimiento teórico necesario para reconducir la autonomía reproductiva y suturar la triple desvinculación que precipita su “desbordamiento”.

En primer lugar, la indivisibilidad como principio hermenéutico, ordena que el núcleo de un derecho se defina en coherencia con el núcleo de los demás, forzando así su re anclaje en un fundamento objetivo. A través de esta exigencia es posible revincular la autonomía reproductiva con la realidad y los límites que ésta impone. Ello implica redefinir su contenido esencial no a partir del deseo y la preferencia subjetiva, sino en concordancia con las condiciones y exigencias de la naturaleza y dignidad humana universal. Se traza así una línea que distingue entre los bienes que hacen posible una vida digna y plena, y la anarquía de las preferencias inconmensurables, evitando que el derecho se degrade en una mera cobertura para el deseo.

En segundo lugar, la indivisibilidad nos compele a abandonar la ficción del individuo autárquico y a recuperar una antropología del ser humano como ser-en-relación[89]. Consecuentemente, la autonomía reproductiva debe ser reconsiderada desde la perspectiva del otro[90], especialmente del más vulnerable. Deja de ser concebida como independencia para ser entendida como interdependencia. Surge así el concepto de una “autonomía reproductiva relacional”[91], un constructo que integra los derechos de los demás y los deberes para con ellos y para con uno mismo, los cuales la moldean y la delimitan. Si la clave de la persona reside, como lo plantea Ballesteros, en los deberes de cuidado (de los otros, de la naturaleza y de sí mismo)[92], una concepción relacional de la autonomía reproductiva pone el acento en la responsabilidad, el compromiso, la vulnerabilidad compartida y la compasión, reorientando su fundamento desde la mera voluntad hacia el bien que ésta encierra para sus titulares[93].

Finalmente, el retorno al núcleo esencial es un retorno a la vulnerabilidad humana y su protección, como condición antropológica fundamental[94]. A través de la indivisibilidad, se revaloriza que el ser humano es antes y más radicalmente vulnerable que autosuficiente. Esta verdad se manifiesta con una nitidez particular en la esfera de la reproducción, donde la vulnerabilidad se despliega en múltiples dimensiones: en la precariedad del conocimiento sobre el propio cuerpo, la fragilidad de la salud reproductiva, las incapacidades emocionales para afrontar la maternidad/paternidad (depresión gestacional y posparto), la exposición a la violencia obstétrica, a partos deshumanizados, a la masculinidad y feminidad tóxicas, a estándares y expectativas culturales sobre la paternidad/maternidad y a los estereotipos de género[95]. Un ejercicio auténtico de la libertad reproductiva no puede ignorar estas condiciones de vulnerabilidad estructural. Al reconocerlas, se manifiesta el carácter indispensable de otros derechos (a la salud, a la integridad, a la no discriminación) para que la autonomía reproductiva pueda desplegarse y se reafirma la correlación ineludible entre derechos y deberes, reconstruyendo así la cohesión de un sistema que la autonomía desbordada había hecho quebrar.

6. El modelo propuesto en el contexto de parejas DINK[96]

6.1. Núcleo indivisible de dos derechos “contrapuestos”

El fundamento de los derechos humanos no reside en la mera volición/elección individualista o el beneficio subjetivo, sino en su anclaje en los aspectos básicos de la plena realización humana. Si bien la concepción contemporánea tiende a reducir la maternidad y paternidad a meras elecciones que deben ser “sinceramente deseadas”[97], dicha libertad no se justifica en sí misma, sino en la posibilidad de alcanzar bienes constitutivos del florecimiento humano en el contexto de la vida social[98]. La procreación, en esta línea, es uno de estos bienes básicos[99], y el derecho a la autonomía reproductiva encuentra su telos en la salvaguarda y promoción de la participación en este bien fundamental[100].

Este enfoque teleológico impone una redefinición del contenido del derecho puesto que entiende que las libertades humanas están orientadas a fines valiosos y que la reproducción no es un acto neutro, sino la realización de un bien fundamental. La autonomía reproductiva no es, por tanto, un derecho a “elegir tener o no tener hijos” como si ambas opciones fueran el objeto del derecho, sino el derecho que protege el bien de la procreación para quien esté dispuesto a realizarlo; dicho de otra manera, el derecho a la protección de la capacidad de acceder al bien de la procreación para quien desea realizarlo[101]. Su protección jurídica se dirige a remover los obstáculos –como las esterilizaciones forzadas o las políticas antinatalistas coercitivas– que impiden injustamente a una persona realizar este aspecto de su desarrollo. Se colige de ello que la decisión de no procrear pertenece a una categoría distinta: es una libertad negativa o fáctica, la ausencia de una obligación de procrear que, si bien debe ser respetada, no constituye el núcleo positivo y teleológico del derecho[102], sino que recae en el ámbito general de la libertad personal[103].

Esta distinción encuentra un paralelo en el derecho a la salud. No se trata de un derecho a estar sano[104] –un resultado específico– sino del derecho a la protección y promoción de la salud como bien individual y social irrenunciable[105]. Por un lado, la individualidad biológica, psíquica y emocional de cada ser humano evidencia que la salud tiene una innegable vertiente individual[106], es un bien individual que “tiene un componente de don y otro de motivación personal (nace y se hace)”[107]. Por otro lado, la salud es un bien social o colectivo en tanto que es un gran recurso de la sociedad y un activo para el desarrollo económico y social[108]. Su contenido comprende el acceso a un sistema de prevención de la enfermedad, protección y promoción de la salud que le brinde a la persona posibilidades iguales y reales para alcanzar (y disfrutar a lo largo del tiempo) el máximo grado de bienestar físico y mental posible; sin que las circunstancias sociales sean un obstáculo para ello[109].

En esa línea, cuando se habla de salud no se está haciendo referencia a preferencias o deseos subjetivos sino a hechos objetivos en los que cabe verificar una carencia humana esencial[110]. En este sentido, la salud es una necesidad: i) básica, necesaria e indispensable para conducir una vida digna a tal punto que quien no logra su satisfacción lleva una vida inhumana, carente de un bien mínimo exigible por la condición de ser humano; ii) objetiva, cuya privación, que es externa al sujeto, puede constatarse con claridad y evidencia. Así, la carencia de asistencia sanitaria es claramente determinable en los sujetos que la padecen; iii) generalizable, puede extenderse a toda la humanidad e iv) histórica, ligada a un contexto espacio-temporal específico, de modo que puede variar si esas circunstancias varían[111].

De forma análoga, la autonomía reproductiva protege la capacidad y las condiciones para el discernimiento y la realización del bien de la procreación. Y es aquí donde se revela la indivisibilidad de su núcleo esencial con el derecho a la salud, particularmente –lo que trataremos aquí– en su dimensión mental. Por un lado, la salud mental opera como la infraestructura interna de la libertad y la agencia humana[112], es decir, comprende/protege la capacidad de pensar con claridad, gestionar las emociones, afrontar el estrés normal, deliberar y planificar el futuro sin caer en ansiedad. Lo que hace al núcleo del derecho a la salud mental la condición de posibilidad[113] para que el núcleo de la autonomía reproductiva alcance su finalidad[114], esto es, que el discernimiento sobre el bien de la procreación y el relacionamiento de la persona con este bien sea libre y auténtico.

Un ejercicio deficiente del derecho a la salud mental reflejado en un estado de ansiedad crónica, depresión, o trauma no resuelto interfiere negativamente con el ejercicio del derecho a la autonomía reproductiva al distorsionar la percepción de la realidad y del futuro, haciendo que la procreación se perciba como una amenaza, una carga insoportable o una fuente de sufrimiento inevitable. Así, una autonomía reproductiva ejercida desde un estado de grave deterioro mental no es la realización de un derecho, sino un acto potencialmente destructivo. Por tanto, el núcleo de la autonomía reproductiva –en conformidad con la indivisibilidad como criterio regulador– debe incluir las precondiciones de salud mental que la hacen una facultad constructiva y no destructiva.

Se establece así una dinámica de interdependencia recíproca donde la realización o violación de cualquiera de ellas fortalece o debilita, respectivamente, a la otra. Por un lado, la mejora en la salud mental no dicta la decisión reproductiva, sino que crea las condiciones para una elección verdaderamente libre al restaurar la capacidad interna del sujeto para reevaluar el bien de la procreación como una posibilidad real y deseable. Por otro lado, un ejercicio de la autonomía reproductiva que no se ancla en la elección por elección, sino en una valoración objetiva del bien, fortalece la salud mental. La toma de una decisión fundamental de manera consciente y deliberada genera una sensación de coherencia, propósito y paz interior, pilares del bienestar psíquico y emocional que un sistema de derechos coherente debe proteger y promover.

6.2. La ruptura interna

Cuando el deseo y la volición subjetivista se establecen como el fundamento de un derecho, como ocurre en ciertas concepciones de la autonomía reproductiva, su conexión con el sistema de derechos se rompe. Esta alteración se muestra en la lógica que subyace en la decisión de ciertas parejas DINK. En varios casos, el deseo de no procrear y la facultad de materializarlo se convierten en el núcleo mismo del derecho obstruyendo así cualquier canal de comunicación con la procreación. Consecuentemente, el sistema se vuelve incomprensible para el propio sujeto, es decir, estas parejas son incapaces de reconocer o articular cómo las mejoras en su salud mental moldean e impactan objetivamente en su autonomía reproductiva, o de siquiera avizorar un cambio en su percepción sobre la procreación y la paternidad/maternidad.

El derecho, así concebido, se fundamenta en una preferencia individual (“no quiero hijos”) que se asume estática y desvinculada. Su contenido deviene puramente negativo que es el “derecho a no ser interferido en la decisión de no tener hijos”. Al operar de este modo, la autonomía deja de ser una facultad relacional para convertirse en un escudo defensivo que se blinda frente a la influencia de otros derechos. El ejercicio de estos, como la búsqueda de la salud mental, es susceptible de ser percibido no como una sinergia, sino como una intromisión.

Este paradigma de autonomía reproductiva es incapaz de procesar el cambio. Si una mejora en el bienestar mental conduce a una reconsideración de la paternidad/maternidad, el modelo individualista lo interpreta no como el florecimiento de una autonomía más plena, sino como una contradicción o una traición a la preferencia original que el “derecho” debía blindar. El sujeto, atrapado en este marco, no puede explicar su propia evolución, pues su paradigma niega la posibilidad de que la autonomía sea un proceso dinámico y vulnerable, intrínsecamente influido por el bienestar integral, y que la procreación pueda convertirse en el bien protegido.

Ahora bien, esta vinculación de la salud mental con las decisiones reproductivas no busca patologizar opciones de vida legítimas en una sociedad plural, ni estereotipar a quienes optan por no tener hijos. Al contrario, el propio paradigma liberal exige someter estas decisiones al escrutinio de la agencia racional. Como advierte Feinberg, la autonomía genuina requiere la ausencia de coacciones internas que vicien la voluntariedad. En este sentido, la evidencia empírica demuestra que, en una pluralidad de casos, la decisión radical de no tener descendencia está íntimamente asociada a fragilidades en la salud mental y dinámicas disfuncionales. Investigaciones clínicas han documentado que ciertas configuraciones familiares sin hijos presentan cuadros de “desnutrición relacional” heredada –manifestada en parentalización temprana, rechazo a la dependencia, violencia doméstica, abandono o agotamiento emocional– donde la negativa a cuidar de un tercero responde a una necesidad no resuelta de ser cuidados[115]. Asimismo, se observaron cuadros de ansiedad ante una responsabilidad perpetua y la exigencia de la “maternidad intensiva y perfecta”[116].

Así las cosas, el Derecho no puede presumir una autonomía reproductiva plena allí donde las condiciones psicológicas subyacentes operan como coacciones internas que merman la capacidad del sujeto para ejercer una voluntad genuina, independientemente de si la procreación es asumida o no como un bien objetivo. Por tanto, vincular salud mental y autonomía reproductiva no es patologizar, es verificar la estructura de la agencia. En cambio, ignorar la interdependencia entre ambas no es un ejercicio de neutralidad estatal, sino una renuncia del Derecho frente a decisiones estructuralmente defectuosas que el propio paradigma liberal clásico consideraría inválidas.

En esta línea, debemos distinguir entre la aprehensión racional de un bien básico y la obligación de perseguirlo. Cuando la salud mental se encuentra comprometida por dinámicas traumáticas o disfuncionales, es clínicamente esperable que la persona experimente un bloqueo afectivo o cognitivo que le impida percibir, e incluso tolerar, la procreación y la crianza de forma saludable. Sin embargo, advertir esta interdependencia no equivale a establecer un mandato reproductivo. La restitución o el cuidado de la salud mental no tiene como fin forzar la opción por la paternidad/maternidad, puesto que, en un marco de bienes humanos inconmensurables, ninguna persona está moral ni jurídicamente obligada a procrear.

Por el contrario, un modelo anclado en la indivisibilidad redefine la autonomía no como la protección de una elección estática, sino como la capacidad dinámica para un discernimiento auténtico sobre la procreación. Donde el objetivo de garantizar la salud mental es disipar las coacciones internas derivadas del trauma para permitir que la persona sea capaz de hacer una valoración positiva y genuina de la procreación (como un bien en sí mismo). Una vez mejorada esta sanidad integral, la persona posee la libertad para estructurar su plan de vida, puede optar legítimamente por no ser padre o madre, pero dicha elección ya no emanará de un rechazo patológico, de un trauma no resuelto o de la incapacidad para reconocer el valor intrínseco de la vida, sino del ejercicio de una autonomía robusta que, reconociendo el valor de la procreación, decide libremente priorizar la consecución de otros bienes humanos básicos.

6.3. La aplicación del modelo

La evidencia empírica sobre la separabilidad de los derechos humanos, presentada por Nickel y otros autores, lejos de refutar la indivisibilidad, no hace sino confirmar que en la periferia gradual de los derechos los Estados pueden y deben priorizar. Es en este plano donde resulta factible que coexistan la alta realización de unos derechos y la baja realización de otros. El error de la tesis de la separabilidad, por tanto, no está en la observación fáctica en sí misma, sino en la indebida generalización de esa observación al sistema en su conjunto, ignorando la lógica necesaria y unitaria que gobierna el núcleo indivisible de los derechos.

Así, mientras un Estado puede debatir legítimamente sobre el nivel de cobertura de su seguro de desempleo (periferia del derecho a la seguridad social), no puede sostener que la protección contra la inanición (núcleo del derecho a la alimentación) sea separable del núcleo del derecho a no ser torturado. La vulnerabilidad extrema que genera la primera socava estructuralmente la garantía del segundo. Por tanto, este modelo sistémico reconoce la realidad de la priorización en la periferia de los derechos al tiempo que establece un límite normativo infranqueable en el núcleo de estos, como exigencia directa de la dignidad humana. Por lo que, aceptamos la premisa fáctica de Nickel, pero rechazamos su conclusión normativa.

Por otro lado, frente al segundo y acaso más peligroso desafío, la erosión interna del sistema por la “ideología del deseo”, la indivisibilidad se coloca como una barrera normativa. Entendida como un principio de coherencia sistémica, opera como una barrera de contención contra la desvinculación y el desbordamiento de los derechos. En el nexo específico entre autonomía reproductiva y salud mental, la exigencia de coherencia del núcleo esencial implica que cualquier interpretación de la primera que conduzca a resultados que socaven la segunda es, ipso facto, una interpretación que ha violado el principio de indivisibilidad.

Mediante este principio es posible evitar que la autonomía reproductiva, justificada en el mero deseo, devenga en la destrucción del bienestar, recuperando así su unidad de propósito y su complementariedad efectiva. Si el individualismo ha empobrecido el concepto de autonomía, reduciéndolo a una preferencia estática, un enfoque sistémico revela que la verdadera autonomía es un proceso dinámico, intrínsecamente ligado a nuestra vulnerabilidad y bienestar. Esta propuesta, por tanto, no busca coartar la autonomía, sino liberarla de una concepción empobrecedora. Se trata de redefinirla como una capacidad dinámica y relacional que se nutre, en su núcleo, de la salud psíquica y el bienestar integral. Así, la indivisibilidad no se presenta como una limitación externa o una enemiga de la autonomía, sino como la condición de posibilidad que la hace sostenible y verdaderamente humana.

7. Conclusiones

El aporte de este trabajo ha residido en la articulación de un modelo de indivisibilidad, fundado sobre la distinción entre el núcleo esencial y la periferia gradual de los derechos, capaz de ofrecer una respuesta a la doble amenaza que hoy asedia al sistema de derechos humanos. Por un lado, este modelo ofrece una respuesta al escepticismo empírico al integrar la realidad de la priorización estatal y la coexistencia de distintos niveles de disfrute dentro de una estructura normativa coherente. Por otro lado, se erige como un muro de contención frente a la deriva individualista que amenaza con desvincular los derechos, y específicamente la autonomía reproductiva, de su anclaje en una dignidad compartida.

Este modelo es importante tanto para la teoría como la práctica del DIDH. Con este enfoque se rescata a la indivisibilidad de su condición de mero lema político para convertirla en una herramienta hermenéutica y analítica de primer orden. Al centrarse en el núcleo esencial, el modelo proporciona a los legisladores un marco para la formulación de políticas públicas que sean efectivas y respetuosas de la integridad del sistema; fortalece la justiciabilidad de los derechos sociales al definir un umbral no negociable que, además, es imprescindible para el disfrute de otros derechos; y ofrece a los jueces un criterio más sólido para la interpretación sistemática. Ante un caso, el juzgador deberá trascender el derecho presuntamente lesionado, para examinar aquellos derechos de los que depende su realización, de tal forma que pueda verificar el impacto que aquellos tuvieron en el derecho vulnerado y las consecuencias de la violación en aquellos.

Es evidente que este enfoque no cierra el debate, más bien inicia uno nuevo. Es necesario también que futuras investigaciones apliquen de forma detallada la distinción núcleo-periferia para estudiar las formas en que los derechos se sostienen unos a otros; especialmente en el caso de derechos complejos, como los derechos de los migrantes o los derechos medioambientales. En última instancia, un sistema de derechos humanos incapaz de neutralizar los peligros externos y de suturar sus fracturas internas, no puede perdurar. La indivisibilidad, entendida como coherencia sistémica, no es una opción entre otras posibles; es su garantía de supervivencia.

 


 

8. Bibliografía

8.1 Fuentes Doctrinales

Alston, Philip; “Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights”, UN. Human Rights Council, 28 April 2016, A/HRC/32/313.

Bachiochi, Erika; “Embodied Equality: Debunking Equal Protection Arguments for Abortion Rights”. Harvard Journal of Law and Public Policy, 34, pp. 890 - 950.

Ballesteros, Jesús; “El individualismo como obstáculo a la universalidad de los derechos humanos”, Persona y derecho, ISSN 0211-4526, Nº. 41, 1999, pp. 15-28.

Beitz, Charles R. y Goodin, Robert E. (eds.); Global Basic Rights, Oxford, UK: Oxford University Press, 2009.

Benavente Moreda, Pilar (coord.); Mujeres y derechos, Madrid: Marcial Pons, 2020.

Cárdenas-Medina, M. A., Coronado-Muñoz, D. P., Revelo-Montenegro, M. E., Trujillo-Cuéllar, S. M., & Gómez-González, J. A.; “Dinámica relacional de familias que deciden no tener descendencia”, Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 7(1), 2015, pp. 143-162. https://revistas.udea.edu.co/index.php/psicologia/article/view/25268

Carozza, P.; “Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law”, 97 AJIL. 38, 2003, pp. 37-79.

Castillo Córdova, Luis; “El significado del contenido esencial de los derechos fundamentales”, Foro Jurídico, (13), 2014, pp. 143–154.

Cianciardo, J.; “Los límites de los derechos”, Dikaion, 10, 2001, pp. 53-73.

Chávez-Fernández Postigo, José; “Vulnerabilidad y dignidad: un diálogo con la teoría de Martha Fineman”, Díkaion, 32(1), 2003.  https://doi.org/10.5294/dika.2023.32.1.18

Correa Ramírez, C., Martínez Gallego, S., Alzate Velásquez, V., & Castro López, A.; “La decisión de no ser padres: motivaciones desde la trayectoria vital y personal de la pareja”, Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (70), 2023, pp. 121-154. https://www.doi.org/10.35575/rvucn.n70a6

Cotta, S.; La coexistencialidad ontológica como fundamento del derecho. En Persona y Derecho. 9, 1982, pp. 13-18.

Craig, Scott; "Interdependence and Permeability of Human Rights Norms: Towards a Partial Fusion of the International Covenants on Human Rights." Osgoode Hall Law Journal, 27(3), York University, 1989, pp. 769-878.

De Barbieri, Teresita; “Derechos reproductivos y sexuales. Encrucijadas en tiempos distintos”, Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales, 62(1), pp. 45-59.

De Beco, Gauthier; “The indivisibility of Human Rights and the Convention on the rights of persons with disabilities”. International and Comparative Law Quarterly, 68(1), 2019, pp. 141–160.

Donnelly, Jack; Universal Human Rights in Theory and Practice, Segunda Edición, Estados Unidos: Cornell University, 1993.

Elósegui Itxaso, María; Diez temas de género. Hombre y mujer ante los derechos productivos y reproductivos, Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2002.

Feinberg, J.; Harm to Self: The moral limits of the Criminal Law, Vol. 3, OUP, New York, 1986.

Fernández Ruíz-Gálvez, Encarnación; “Condicionantes sociales de la salud: Una cuestión de justicia distributiva”, Derechos Humanos y Bioética, 2017, pp.1-10. https://derechoshumanosybioetica.org/condicionantes-sociales-salud.pdf.

Fernández Ruíz-Gálvez, Encarnación; “Derechos humanos: ¿Yuxtaposición o integración?”, Anuario de filosofía del derecho, ISSN 0518-0872, Nº 13-14, 1996-1997, pp. 679-702.

Fernández Ruíz-Gálvez, Encarnación; “La salud como capacidad global y el reto de la equidad”, Derechos y Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos humanos, n. 41, junio 2019, pp. 83-115. https://doi.org/10.14679/1211.

Fernández Ruiz-Gálvez, Encarnación y Garibo Peyró, Ana Paz; El futuro de los derechos humanos, Valencia: Tirant lo blanc, 2016.

Finnis, J.; Ley Natural y Derechos Naturales, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1992.

Gilabert, Pablo; “The importance of linkage arguments for the theory and practice of human rights: A response to James Nickel”, Human Rights Quarterly, 32(2), 2010, pp. 425–438.

González Hincapié, V., & López López, M. T.; “¿Aplazando la llegada del primer hijo? Un estudio cualitativo sobre las percepciones en torno al retraso de la fecundidad”, Revista De Sociología, 106(2), 2021, pp. 221–253. https://doi.org/10.5565/rev/papers.2735

Goodhart, Michael; “Revisiting interdependence in times and terms of crisis”, Journal of Human Rights, 19(5), pp. 521-522.

Gostin L.O.; “Beyond moral claims: a human rights approach in mental health”, Camb Q Healthc Ethics, 10(3), 2001, pp. 264-74.

Griffin, J.; On Human Rights, Oxford: OUP, 2008.

Kant, I.; Fundamentación de la metafísica de las costumbres (M. García Morente, Trad.). Alianza Editorial, 1785/2012.

Lamm, E.; Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2013.

Macías, Julián. “Noble mentira” y bien común: la justificación platónica del uso de la mentira como herramienta de gobierno del filósofo”, Stylos, Nº 20, 2011. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/3959/1/noble-mentira-bien-comun-macias.pdf

Marcos del Cano, Ana María (dir.), El derecho a una asistencia sanitaria para todos: Una visión integral, Madrid:Dykinson, 2017.

Martínez-Pujalte, A.-L.; “Ámbito material de los derechos fundamentales, dimensión institucional y principio de proporcionalidad STC 136/199, de 20 de julio”, Persona Y Derecho, 54, pp. 75-116. https://doi.org/10.15581/011.32451

Melgar Rimachi, Adriana Alejandra; “Las técnicas de reproducción humana asistida y su desvinculación del derecho a la salud y autonomía reproductivas”, Revista Chilena De Derecho, 51(2), 2024, pp. 99–129. https://doi.org/10.7764/R.512.4

Melgar Rimachi, Adriana Alejandra; “Mitos y verdades de la Reproducción Humana Asistida. Un estudio de la percepción arequipeña sobre las TERAS”, Prudentia Iuris, (98), 2024. https://doi.org/10.46553/prudentia.98.2024.2

Mihr, Anja y Gibney, Mark; The SAGE handbook of human rights. Los Angeles: SAGE, 2014.

Nickel, James W.; “Indivisibility and Linkage Arguments: A Reply to Gilabert”, Human Rights Quarterly, 32 (2), 2010, pp. 439-446.

Nickel, James W.; “Rethinking Indivisibility: Towards a Theory of Supporting Relations between Human Rights”, Human Rights Quarterly, 30(4), 2008, pp. 994-997.

Nussbaum, M.; Women and Human Development: the capabilities approach, CUP, Cambridge, 2000.

Pérez Luño, Antonio Enrique; Los derechos fundamentales, Madrid: Tecnos, 6 ed.,1995.

Rawls, J.; Liberalismo político, México: FCE, UNAM, 1995.

Ribeiro Leao, Renato Z.; “Derechos Humanos, apuntes a la luz de Pedro Nikken”, Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ISSN 1015-5074, Nº. 71, 2020, pp. 167-192.

Rishmawi, Mervat; A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 4: The Nature of States Parties’ Obligations, Martinus Nijhoff Publishers, 2006.

Robertson, J.; Children of choice: Freedom and the New Reproductive Technologies, PUP, Princeton, 1994.

Salazar Ugarte, Pedro (coord.), La reforma constitucional sobre derechos humanos: Una guía conceptual, México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 2014.

Serna, Pedro y Toller, Fernando; La interpretación constitucional de los derechos fundamentales, Buenos Aires: La Ley, 2000.

Smolin, David M.; “Why Abortion Rights are not Justified By Reference to Gender Equality: A Response to Professor Tribe”, J. Marshall L. Rev., 621 (23), 1990.

Soiffer, Stephanie y Rowlands, Dane; “Examining the Indivisibility of Human Rights: A Statistical Analysis” Journal of Human Rights, 17(1), 2017, pp. 89–106.

Talavera Fernández, P.; “El actual paradigma subjetivista de la salud y sus repercusiones en su configuración como derecho humano y su cobertura universal”, en Santos, J. A., Albert, M., Hermida, C. (Eds.), Bioética y nuevos derechos, Granada: Comares, 2016, pp. 105-132.

Vidal Martínez, J. (Coord.); Derechos reproductivos y técnicas de reproducción asistida, Granada: Biblioteca de Derecho y Ciencias de la vida, pp. 1-52.

Whelan, Daniel J.; Indivisible Human Rights: A History, Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2010.

Whelan, Daniel J.; “Untangling the Indivisibility, Interdependency and Interrelatedness of Human Rights”, Working paper 7, Estados Unidos, The Human Rights Center, University of Connecticut, 2008.

8.2 Instrumentos Internacionales:

Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 27 de noviembre de 2003, CRC/GC/2003/5.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, CEDAW /C/GC/35, 26 de julio de 2017. https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf.

Corte IDH, OC 18/2003, 17 de septiembre de 2003, “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados” voto razonado de García Ramírez. https://www.refworld.org/es/jur/jur/corteidh/2003/es/130574

ONU, Proclamación de Teherán, aprobada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Teherán, 13 de mayo de 1968, párr. 13.

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Parágrafo I.5 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, A/CONF.157/23, Viena, 14-25 de junio de 1993.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (E/C.12/2000/4, CESCR), 11 de agosto de 2000. https://www.refworld.org/es/leg/coment/cescr/2000/es/36991.

 

 


 



· Docente de tiempo completo en el Departamento de Derecho y Ciencia Política, Universidad Católica San Pablo (UCSP). Dirección Postal: Urb. Campiña Paisajista, s/n, Quinta Vivanco, Arequipa, 04001. Correo electrónico: amelgar@ucsp.edu.pe. 0000-0001-9372-702X. Esta investigación ha sido desarrollada gracias al financiamiento de la UCSP a través del concurso de Proyectos de Investigación Interdisciplinar 2024, PII24-UCSP-15.

[1] Donde se utiliza por primera vez oficialmente el término indivisible. ONU, Proclamación de Teherán, aprobada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Teherán, 13 de mayo de 1968, párr. 13.

[2] Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Parágrafo I.5 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, A/CONF.157/23, Viena, 14-25 de junio de 1993.

[3] Para Donnelly, los derechos humanos son una estructura indivisible en la cual el valor de cada derecho se ve incrementado por la presencia de los otros. Cfr. Donnelly, J.; Universal Human Rights in Theory and Practice, Segunda Edición, Estados Unidos: Cornell University, 1993, p. 27.

[4] Cfr. Whelan, D. J.; “Untangling the Indivisibility, Interdependency and Interrelatedness of Human Rights”, Working paper 7, Estados Unidos, The Human Rights Center, University of Connecticut, 2008, p. 10; De Beco, G.; “The indivisibility of Human Rights and the Convention on the rights of persons with disabilities”. International and Comparative Law Quarterly, 68(1), 2019, pp. 141–160, p. 146; Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility: Towards a Theory of Supporting Relations between Human Rights”, Human Rights Quarterly, 30(4), 2008, pp. 984-1001, p. 994; Soiffer, S. y Rowlands, D.; “Examining the Indivisibility of Human Rights: A Statistical Analysis” Journal of Human Rights, 17(1), 2017, pp. 89–106, p. 97.

[5] Soiffer, S. y Rowlands, D.; “Examining the Indivisibility…”, cit., p. 89.

[6] Cfr. Finnis, J.; Ley Natural y Derechos Naturales, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2000, pp. 121-124; pp. 148-152 y pp. 184-188.

[7] Ibidem, pp. 142-147.

[8] Cfr. Rawls, J.; Liberalismo político, México: FCE, UNAM, 1995, pp. 171-203; Cfr. Griffin, J.; On Human Rights, Oxford: OUP, 2008, pp. 31-37.

[9] Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., pp. 987-988.

[10]Coinciden: Whelan, D. J.; Indivisible Human Rights: A History, Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2010, p. 3; Goodhart, M.; “Revisiting interdependence in times and terms of crisis”, Journal of Human Rights, 19(5), 2020, pp. 521-522. Según Craig Scott, la AGNU utiliza ambos términos indistintamente. Cfr. Craig, S.; "Interdependence and Permeability of Human Rights Norms: Towards a Partial Fusion of the International Covenants on Human Rights." Osgoode Hall Law Journal, 27(3), York University, 1989, pp. 769-878, p. 779.

[11] Por ejemplo, el derecho a un juicio justo es parte del derecho al debido proceso. Estas conexiones, aunque fuertes y necesarias, no abarcan a todos los derechos. Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., pp. 987-988.

[12] Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., pp. 991-994.

[13] Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., p. 999.

[14] Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., p. 994.

[15] Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., pp. 994-995.

[16] Cfr. Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., p. 997.

[17] Cfr. Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., p. 985.

[18] Cfr. Finnis, J.; Ley natural…, cit., pp. 241-250.

[19] Los bienes humano básicos protegidos son inconmensurables; ninguno es un mero medio para otro, ni puede reducirse a una métrica común. Cfr. Finnis, J.; Ley natural…, cit., pp. 142-147.

[20] Cfr. Carozza, P.; “Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law”, 97 AJIL. 38, 2003, pp. 42-44.

[21] Cfr. Goodhart, M.; “Revisiting…”, cit., p. 522.

[22] Cfr. Goodhart, M.; “Revisiting…”, cit., p. 522.

[23] Cfr. Shue, H.; Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996, citado por Goodhart, M.; “Revisiting…”, cit., pp. 522-523.

[24] Cfr. Ashford, E.; “The alleged dichotomy between positive and negative rights and duties”, en Global Basic Rights, Beitz, C. R. y Goodin, R. E. (eds.), Oxford, UK: Oxford University Press, 2009, p. 97.

[25] Cfr. Ashford, E.; “The alleged dichotomy…”, cit., pp. 94-96; Goodhart, M.; “Revisiting…”, cit., pp. 522-523.

[26] Ashford, E.; “The alleged dichotomy…”, cit., pp. 94-96.

[27] Cfr. Goodhart, M.; “Revisiting…”, cit., pp. 523-524.

[28] Macías, J.; “Noble mentira” y bien común: la justificación platónica del uso de la mentira como herramienta de gobierno del filósofo”, Stylos, Nº 20, 2011, p. 150. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/3959/1/noble-mentira-bien-comun-macias.pdf

[29] Cfr. Gilabert, P.; “The importance of linkage arguments for the theory and practice of human rights: A response to James Nickel”, Human Rights Quarterly, 32(2), 2010, pp. 425–438, pp. 430, 435.

[30] Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 429.

[31] Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 429.

[32] Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 429.

[33] Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 429.

[34] Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 431.

[35] Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 430, 436.

[36] "Supporting relations" Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 429.

[37] Gilabert, P.; “The importance…”, cit., pp. 430, 436.

[38] Gilabert da un ejemplo sobre las escaleras de emergencia. Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 435.

[39] Nickel recurre a la analogía de que las manos de una persona son mutuamente útiles, pero no indispensables porque la pérdida de una no anula la función de la otra; en cambio, el corazón y el hígado son indispensables porque la falla de uno precipita el colapso del otro. Nickel, J. W.; “Indivisibility and Linkage Arguments: A Reply to Gilabert”, Human Rights Quarterly, 32 (2), 2010, pp. 439-446, p. 442.

[40] Cfr. Nickel, J. W.; “Indivisibility…”, cit, p. 443.

[41] Nickel propone el uso de los alicates domésticos como una analogía. Nickel, J. W.; “Indivisibility…”, cit, p. 443.

[42] Nickel, J. W.; “Indivisibility…”, cit., p. 441.

[43] Nickel, J. W.; “Indivisibility…”, cit, p. 444.

[44] “Some children do receive at least a partial education, however, which supports the implementation of other rights to some degree because these children, once grown up, are more capable of understanding, using, and protecting their rights and of assisting others in doing so.” Nickel, J. W.; “Indivisibility…”, cit, p. 445.

[45] Nuestra común humanidad y dignidad son realidades encarnadas en cada modo de ser o de manifestarse el ser humano. Cfr. Fernández Ruíz-Gálvez, E.; “Derechos humanos: ¿Yuxtaposición o integración?”, Anuario de filosofía del derecho, ISSN 0518-0872, Nº 13-14, 1996-1997, pp. 679-702, p. 694.

[46] Cfr. Fernández Ruíz-Gálvez, E.; “Derechos humanos…”, cit., p. 694.

[47] Cfr. Meyer-Bisch, P., “Le corps des droits de I‘homme”, Suisse: Fribourg, Editions Universitaires, 1992, pp. 121 ss. citado por Fernández Ruíz-Gálvez, E.; “Derechos humanos…”, cit., pp. 693-695; Cfr. Ribeiro, R.; “Derechos Humanos, apuntes a la luz de Pedro Nikken”,  Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ISSN 1015-5074, Nº. 71, 2020, pp. 167-192, p. 177.

[48] “No existe una división simple o autorizada de los derechos humanos en general ni de los derechos de la Convención en dos categorías” (Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 27 de noviembre de 2003, CRC/GC/2003/5, párrafo 6).

[49] Cfr. Alston, P.; “Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights”, UN. Human Rights Council, 28 April 2016, A/HRC/32/313, párr. 63. 

[50] Cfr. Fernández Ruíz-Gálvez, E.; “Derechos humanos…”, cit., p. 699.

[51] Cfr. Pérez Luño, A. E.; Los derechos fundamentales, Madrid: Tecnos, 6 ed.,1995, p. 134.

[52] Cfr. Mihr, A. y Gibney, M.; The SAGE handbook of human rights. Los Angeles: SAGE, 2014, p. 123.

[53] García Ramírez, en su voto razonado a la OC 18/2003 de la Corte IDH, 17 de septiembre de 2003, “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados” voto razonado de García Ramírez, párr. 27. https://www.refworld.org/es/jur/jur/corteidh/2003/es/130574

[54] Cfr.  Fernández Ruíz-Gálvez, E.; “Derechos humano…”, cit., p. 698. Cfr. Rishmawi, M.; A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 4: The Nature of States Parties’ Obligations, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, p. 16. Cfr. Salazar Ugarte, P. (coord.), La reforma constitucional sobre derechos humanos: Una guía conceptual, México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 2014, p. 105. 

[55] De Beco, G.; “The indivisibility…”, cit., p. 149.

[56] De Beco, G.; “The indivisibility…”, cit., p. 145.

[57] Soiffer, S. y Rowlands, D.; “Examining the Indivisibility…”, cit., p. 92.

[58] De Beco, G.; “The indivisibility…”, cit., p. 146.

[59] Serrano, S. y Vásquez, D.; Los derechos humanos…, cit., pp. 29-30.

[60] Serrano, S. y Vásquez, D.; Los derechos humanos…, cit., pp. 29-30.

[61] Fernández Ruíz-Gálvez, E.; “Derechos humanos…”, cit., p. 700.

[62] Nickel menciona, por ejemplo, las cláusulas de suspensión introducidas por el CEDH, el PIDCP y la CADH, todos los cuales permiten que algunos derechos, pero no otros, puedan suspenderse temporalmente durante ciertas situaciones de emergencia. Cfr. Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., p. 996.

[63] Según Gilabert, dichas normas no tendrían sentido a menos que se considerara que algunos derechos tienen prioridad sobre otros. Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 433

[64] Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 433

[65] Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., p. 995.

[66]  Cfr. Fernández Ruíz-Gálvez, E.; “Derechos humanos…”, cit., p. 700.

[67] Castillo Córdova, L.; “El significado del contenido esencial de los derechos fundamentales”, Foro Jurídico, (13), 2014, pp. 146-147. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13783

[68] El contenido de los derechos recibe de su fundamento un carácter coexistencial y relacional determinante. Cfr. Cianciardo, J.; “Los límites de los derechos”, Dikaion, 10, 2001, pp. 53-73, p. 72.

[69] Cfr. Castillo Córdova, L.; “El significado del contenido esencial de los derechos fundamentales”, Foro Jurídico, (13), 2014, pp. 143–154, pp. 148.

[70] Existen conductas materialmente expresivas que, sin embargo, no forman parte del ámbito jurídicamente protegido del derecho a la libre expresión. Cfr. Martínez-Pujalte, A.-L. “Ámbito material de los derechos fundamentales, dimensión institucional y principio de proporcionalidad. STC 136/199, de 20 de julio”. Persona y Derecho, 54, pp.  75-116, p. 77.

[71] Ballesteros, J.; “El individualismo como obstáculo a la universalidad de los derechos humanos”, Persona y derecho, ISSN 0211-4526, Nº. 41, 1999, pp. 15-28, p. 16.

[72] Ver Cotta, S.; La coexistencialidad ontológica como fundamento del derecho. En Persona y Derecho. 9, 1982, pp. 13-18, p. 17.

[73] La cultura de la separación como la llama Ballesteros, J.; “El individualismo…”, cit., p. 16.

[74] Cita a Kant para ilustrar esta visión que exige ser "su propio señor" y tener propiedad para ser sujeto de derecho, excluyendo a quienes necesitan tutela. Ballesteros, J.; “El individualismo…”, cit., p. 18.

[75] Ballesteros, J.; “El individualismo…”, cit., p. 18.

[76] Kant, I.; Fundamentación de la metafísica de las costumbres (M. García Morente, Trad.). Alianza Editorial, 1785/2012, Ak. IV, 429-440.

[77]  Feinberg, J.; Harm to Self: The moral limits of the Criminal Law, Vol. 3, OUP, New York, 1986, pp. 27- 142.

[78] El deseo de reproducirse genera un derecho a usar cualquier medio tecnológico no coactivo para lograrlo. Con ese argumento, Robertson eleva el deseo de ser padre/madre a un estatus casi supremo que invisibiliza el tejido relacional de la filiación, convirtiendo la tecnología médica y los gametos en instrumentos al servicio del yo, desdibujando la frontera entre la persona y el producto biotecnológico. Cfr. Robertson, J.; Children of choice: Freedom and the New Reproductive Technologies, PUP, Princeton, 1994, pp. 3-44.

[79] Se instituye la voluntad procreacional como la única fuente creadora de la filiación paterno/materno-filial y con ello se consolida una visión contractualista e individualista de la familia. Así, el “yo quiero ser padre” se vuelve performativo creando realidad jurídica por sí solo. Esto separa fácticamente los derechos de la base material/ontológica, que es el núcleo de nuestra crítica. Cfr. Lamm, E.; Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2013, pp. 31-57.

[80] Gómez Montoro, A.; “Autonomía reproductiva”, en Benavente Moreda, P. (coord.); Mujeres y derechos, Madrid: Marcial Pons, 2020, p. 73

[81] Cfr. Gómez Montoro, A.; “Autonomía…”, cit., p. 74.

[82] Bachiochi, E.; “Embodied Equality: Debunking Equal Protection Arguments for Abortion Rights”. Harvard Journal of Law and Public Policy, 34, pp. 890 - 950, pp. 893-95. 

[83] Smolin, D. M.; “Why Abortion Rights are not Justified By Reference to Gender Equality: A Response to Professor Tribe”, J. Marshall L. Rev., 621 (23), 1990, p. 639.

[84] Visto como “campo de concentración”. Cfr. Ballesteros, J.; “El paso…”, cit., p. 17.

[85] Cfr. Nussbaum, M.; Women and Human Development: the capabilities approach, CUP, Cambridge, 2000, pp. 34-110.

[86] Estos argumentos presuponen la tradición teleológica o del perfeccionismo moral de raigambre aristotélica, cuya defensa exhaustiva excede los propósitos y los límites de este trabajo. Bajo este paradigma, los derechos y las libertades no se conciben como fines en sí mismos, ni como meros instrumentos para la satisfacción del principio de deseo o de preferencias subjetivas emancipadas de un orden racional. Por el contrario, se justifican normativamente en tanto constituyen condiciones necesarias para la consecución de bienes humanos básicos e intrínsecamente valiosos. Para una defensa contemporánea de esta fundamentación, resultan importantes los trabajos de Robert P. G.; Making Men Moral. Civil liberties and public morality, Oxford: OUP, 1993 y de Simón Yarza, F.; Entre el deseo y la razón. Los derechos humanos en la encrucijada. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2017. Para revisar las objeciones a esta postura desde el liberalismo “antiperfeccionista” puede acudirse a autores como Atienza, M.; El sentido del Derecho, Barcelona: Ariel, 2001 o MacCormick, N.; Practical reason in Law and Morality, Oxford: OPU, 2008.

[87] Ver Melgar Rimachi, A.; “Las técnicas de reproducción humana asistida y su desvinculación del derecho a la salud y autonomía reproductivas”, Revista Chilena De Derecho, 51(2), 2024, pp. 99–129. https://doi.org/10.7764/R.512.4

[88] Ver Melgar Rimachi, A. A. y Meza Perochena, A C.; “Del vínculo humano-animal a la decisión parental: salud mental, autonomía y reevaluación de la paternidad/maternidad en parejas DINK” [Manuscrito presentado para su publicación], 2025.

[89] Cfr. Ballesteros, J.; “El individualismo…”, cit., p. 19.

[90] “El hombre es en cuanto es en relación con los otros, la relación es el elemento constitutivo radical de la existencia humana”. Ballesteros, J.; “El paso…”, cit., p. 19.

[91] Cfr. Chodorov, Nancy, El ejercicio de la maternidad, Barcelona: Gedisa, 1984, citada por Ballesteros, J.; “El individualismo…”, cit., p. 20.

[92] Cfr.Ballesteros, J.; “El individualismo…”, cit., p. 25.

[93] Cfr. Maccormick, N.; Derechos de los niños, AFD 1988, p. 293 ss., citado por Ballesteros, J.; “El individualismo…”, cit., p. 22.

[94] Todos somos vulnerables, pero nadie lo es exactamente del mismo modo. Cfr. Chavez-Fernández Postigo, J.; “Vulnerabilidad y dignidad: un diálogo con la teoría de Martha Fineman”, Díkaion, 32(1), 2003, p. 21. https://doi.org/10.5294/dika.2023.32.1.18

[95] Cfr. Melgar Rimachi, A. A.; Mitos y verdades de la Reproducción Humana Asistida. Un estudio de la percepción arequipeña sobre las TERAS, Prudentia Iuris, (98), 2024, p. 21. https://doi.org/10.46553/prudentia.98.2024.2

[96] Abreviatura en inglés de “Double Income, No Kids” (doble ingreso, no hijos).

[97] Algunos autores consideran que la autonomía reproductiva comprende el derecho a no tener hijos. Cfr. De Barbieri, T.; “Derechos reproductivos y sexuales. Encrucijadas en tiempos distintos”, Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales, 62(1), pp. 45-59, p. 54. Otros insisten en que este derecho comprende la opción por la procreación. Cfr. Vega Gutiérrez, A. M.; Los “derechos reproductivos” en la sociedad postmoderna: ¿una defensa o una amenaza contra el derecho a la vida?, 1998, en Vidal Martínez, J. (Coord.), Derechos reproductivos y técnicas de reproducción asistida, Granada: Biblioteca de Derecho y Ciencias de la vida, pp. 1-52, p. 17; Elósegui Itxaso, M.; Diez temas de género. Hombre y mujer ante los derechos productivos y reproductivos. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2002, p. 136.

[98] Cfr. Finnis, J.; Ley Natural…, cit., p.117.

[99] Los bienes básicos pueden ser considerados como bienes comunes en la medida en que “son buenos para todas y cada una de las personas” y cada uno de ellos “puede ser participado por un número inagotable de personas en una variedad inagotable de formas o en una variedad inagotable de ocasiones”. Finnis, J.; Ley Natural…, cit., p. 184.

[100] “La vida-en-su-transmisión”. Finnis, J.; Ley Natural…, cit., p. 118.

[101] Siempre que los medios empleados no vulneren el núcleo esencial de otros derechos humanos.

[102] El deseo de no tener hijos no es una razón suficiente para considerarlo un derecho.

[103] Podríamos decir que esta libertad negativa no forma parte del ámbito jurídicamente protegido ni del ámbito material de la autonomía reproductiva. Cfr. Martínez-Pujalte, A.-L. “Ámbito material…”, cit., p. 79. Cfr. Serna, P. y Toller, F., La interpretación constitucional de los derechos fundamentales, Buenos Aires: La Ley, 2000, p. 65.

[104] Factores como la genética, la propensión individual a enfermedades y los estilos de vida poco saludables escapan al control de los Estados. Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (E/C.12/2000/4, CESCR), 11 de agosto de 2000, párr. 4, 8 y 9.

[105] Cfr. Marcos del Cano, A. M., “Derecho a la protección de la salud: Delimitación y alcance en el contexto actual”, en Marcos del Cano, A. M. (dir.), El derecho a una asistencia sanitaria para todos: Una visión integral, Madrid: Dykinson, 2017, p. 27. 

[106] Fernández Ruiz-Gálvez, E.; “Condicionantes sociales de la salud: Una cuestión de justicia distributiva”, Derechos Humanos y Bioética, 2017, pp. 1-10, p. 2. https://derechoshumanosybioetica.org/condicionantes-sociales-saludencarnacionfernandez.pdf

[107] Martínez Part, S., “Derecho a la salud: competencia pública/privada”, en Fernández Ruiz-Gálvez, E. y Garibo Peyró, A. P.; El futuro de los derechos humanos, Valencia: Tirant lo blanc, 2016, p. 137.

[108] Cfr. Fernández Gálvez-Ruíz, E.; “La salud como capacidad global y el reto de la equidad”, Derechos y Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos humanos, n. 41, junio 2019, pp. 83-115, p. 98.

[109] Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (E/C.12/2000/4, CESCR), 11 de agosto de 2000, párr. 8.

[110] Cfr. Talavera Fernández, P.; “El actual paradigma subjetivista de la salud y sus repercusiones en su configuración como derecho humano y su cobertura universal”, en Santos, J. A., Albert, M., Hermida, C. (Eds.), Bioética y nuevos derechos, Granada: Comares, 2016, pp. 105-132. p. 115.

[111] Añon, M.J.; Necesidades y derechos, Madrid: CEC, 1994, pp. 61-69, citado en Cfr. Talavera Fernández, P.; “El actual…”, cit., p. 115.

[112] El Comité CEDAW reconoce que una de las formas y consecuencias de la violencia de género es el daño o sufrimiento psicológico, afectando la capacidad de decisión y actuación de la víctima. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, 26 de julio de 2017, CEDAW /C/GC/35, Párr. 14. https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf.

[113] O presupuesto primario e indispensable para el ejercicio real y pleno de la autonomía reproductiva.

[114] Cfr. Gable, Lance and Gostin, Lawrence O., Mental Health as a Human Right (June 18, 2009). SWISS HUMAN RIGHTS BOOK, Vol. 3, pp. 249-261, Rüffer & Rub, 2009, Wayne State University Law School Research Paper No. 09-15, p. 250. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1421901.

[115] Cárdenas-Medina, M. A., et al.; “Dinámica relacional de familias que deciden no tener descendencia”, Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 7(1), 2015, pp. 143-162. https://revistas.udea.edu.co/index.php/psicologia/article/view/25268; Correa Ramírez, C., et al.; “La decisión de no ser padres: motivaciones desde la trayectoria vital y personal de la pareja”, Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (70), 2023, pp. 121-154. https://www.doi.org/10.35575/rvucn.n70a6

[116] González Hincapié, V., & López López, M. T.; “¿Aplazando la llegada del primer hijo? Un estudio cualitativo sobre las percepciones en torno al retraso de la fecundidad”, Revista De Sociología, 106(2), 2021, pp. 221–253. https://doi.org/10.5565/rev/papers.2735