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Indivisibilidad como coherencia sistémica:
una respuesta a la separabilidad fáctica y la erosión individualista de los
derechos humanos
Indivisibility as
systemic coherence: a response to factual separability and the individualistic
erosion of human rights
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Adriana Melgar
Rimachi· Universidad
Católica San Pablo (Perú) ORCID: 0000-0001-9372-702X amelgar@ucsp.edu.pe |
Fecha de
recepción 14/10/2025 | De aceptación: 27/04/2026 | De publicación: 08/06/2026
RESUMEN
El principio de indivisibilidad de los derechos humanos enfrenta
una doble amenaza: la crítica externa de la separabilidad fáctica y una erosión
interna por un individualismo autonómico que precipita el “desbordamiento” de
derechos como la autonomía reproductiva, fracturando su conexión constitutiva
con otros derechos como la salud mental. Este trabajo postula la
indivisibilidad no como hipótesis empírica, sino como principio hermenéutico y
regulador anclado en el núcleo esencial de los derechos. Dicho modelo
recontextualiza la crítica de la separabilidad al circunscribirla a la
periferia gradual, y se establece como barrera de contención normativa contra
el desbordamiento individualista, deviniendo en una herramienta de coherencia
sistémica indispensable.
PALABRAS CLAVE
Indivisibilidad
de los derechos humanos; individualismo; autonomía reproductiva; separabilidad;
salud mental.
ABSTRACT
The principle of the
indivisibility of human rights faces a double threat: external critique of de
facto separability and internal erosion by an autonomous individualism that
precipitates the “overflow” of rights such as reproductive autonomy, fracturing
their constitutive connection with other rights such as mental health. This
paper posits indivisibility not as an empirical hypothesis, but as a
hermeneutic and regulatory principle anchored in the essential core of rights.
This model recontextualizes the critique of separability by limiting it to the
gradual periphery and establishes itself as a normative barrier against
individualistic overflow, becoming an indispensable tool for systemic
coherence.
KEY WORDS
Indivisibility of human rights; individualism;
reproductive autonomy; separability; mental health.
Sumario: 1.
Introducción. 2. El desafío escéptico externo: la tesis de la separabilidad
empírica y conceptual. 2.1. La postura de Nickel. 2.2. La extensión de Goodhart
y Ashford. 3. Las defensas de la indivisibilidad y sus límites. 3.1. La réplica
de Gilabert. 3.2. La respuesta de Nickel a Gilabert. 4. Una vía de salida: la
indivisibilidad como principio regulador y de coherencia sistémica. 4.1. El
fundamento y los alcances de la indivisibilidad. 4.2. El giro hermenéutico y el
“núcleo esencial” como locus de la indivisibilidad.
5. El desafío interno: individualismo y el “desbordamiento” de la autonomía.
5.1. El punto de partida y su conexión con los derechos humanos. 5.2. El
desbordamiento de la autonomía reproductiva. 5.2. La indivisibilidad como
límite. 6. El modelo propuesto en el contexto de parejas DINK. 6.1. Núcleo
indivisible de dos derechos “contrapuestos”. 6.2. La ruptura interna. 6.3. La
aplicación del modelo. 7. Conclusiones. 8. Bibliografía
1. Introducción
El principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos
humanos, piedra angular del discurso jurídico internacional desde la
Proclamación de Teherán (1968)[1] y
consolidado en la Declaración de Viena (1993)[2], enfrenta una crisis que
amenaza su integridad normativa. Dicho postulado que presenta el catálogo de
derechos como un todo orgánico e inseparable para superar la falsa dicotomía
entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales[3], es
actualmente objeto de una doble amenaza que, partiendo de frentes distintos,
converge en la relativización de su fuerza vinculante.
La primera amenaza, de naturaleza externa y empirista, se articula a
través de la tesis de la separabilidad. Sus defensores argumentan que la
indivisibilidad es una proposición fácticamente falsa[4], pues la realidad global
demuestra que es posible alcanzar un alto grado de realización en una categoría
de derechos mientras se tiene un bajo disfrute en la otra. Al reducir las
conexiones entre derechos a meros nexos instrumentales y contingentes, esta
postura no solo confronta la idea de que el logro de un derecho es necesario
para el cumplimiento de los demás[5],
sino que justifica la selección discrecional (cherry-picking)
de los Estados y ataca directamente la coherencia del sistema, relegando el
principio a una mera fórmula retórica o, en el mejor de los casos, a un ideal
aspiracional.
La segunda amenaza, de carácter interno y filosófico, es posiblemente la
más peligrosa. Surge de una erosión en la concepción de los derechos humanos
que, impulsada por un individualismo autonómico, los despoja de su anclaje en
una dignidad compartida para redefinirlos como instrumentos de autorrealización
subjetiva. Al devenir deseos absolutos y desvinculados de toda relacionalidad,
los derechos se desbordan y entran en inevitable colisión (la autonomía contra
la salud, por ejemplo) tornando la indivisibilidad en un imposible lógico desde
su propia concepción.
Frente a esta doble encrucijada, este artículo postula que el debate
entre indivisibilidad y separabilidad está mal planteado. La indivisibilidad no
debe entenderse como un hecho empírico a constatar, sino como un principio
normativo para construir. Proponemos una reconstrucción teórica del principio
sobre la distinción entre un núcleo indivisible de los derechos, donde la
interdependencia e indivisibilidad es absoluta y necesaria, y una periferia
gradual sujeta a una realización progresiva. Dicha reconstrucción permite, por
un lado, neutralizar el desafío de la separabilidad empírica de los derechos,
al reconocer la priorización en la periferia sin ceder en la integridad del
núcleo; y, por otro lado, operar como contención frente al individualismo, pues
el contenido de cada derecho queda definido por su coherencia relacional con el
resto del sistema, impidiendo su desbordamiento.
Este trabajo asume que la indivisibilidad de los derechos supera la
dicotomía empírico-conceptual al inscribirse en la tradición de la razón
práctica y la justicia sustantiva, donde los derechos humanos resguardan bienes
humanos básicos y objetivos –tales como la vida que engloba la salud física y
mental, y la razonabilidad práctica, sustrato de la autonomía– orientados a la
realización humana integral[6].
Es la inconmensurabilidad de estos bienes[7],
la que exige que los derechos operen bajo una indivisibilidad normativa y no
como compartimentos estancos sujetos a la evidencia empírica. Si bien somos
conscientes de las críticas antiperfeccionistas del liberalismo político sobre
la neutralidad institucional frente a las doctrinas del bien[8],
adoptamos este paradigma para explicar la profunda interdependencia normativa
entre salud mental y autonomía reproductiva.
Se examinará, primero, el desafío de la separabilidad y las respuestas
que ha suscitado. Luego, se planteará nuestra vía de reconstrucción teórica de
la indivisibilidad y se expondrá el modelo del núcleo indivisible-periferia
gradual. Posteriormente, se analizará la amenaza interna del individualismo y
sus efectos corrosivos en la relación salud mental-autonomía reproductiva. Y
finalmente, se ilustrará la operatividad del modelo propuesto. Las conclusiones
buscarán demostrar que esta propuesta no solo resuelve el impasse teórico,
también ofrece una herramienta para la (re)interpretación y aplicación
coherente de los derechos humanos en el siglo XXI.
2. El
desafío escéptico externo: la tesis de la separabilidad empírica y conceptual
2.1. La postura
de James Nickel
La crítica de James Nickel se articula a partir de una distinción
importante, mientras la interdependencia alude a relaciones de apoyo
bidireccionales débiles, la indivisibilidad representa una forma de apoyo mutuo
indispensable[9], un
vínculo necesario y constitutivo donde un derecho no puede realizarse
plenamente sin el otro[10].
Desde esta premisa, Nickel le quita a la indivisibilidad su carácter esencial o
inherente, para tratarla como una cuestión empírica y contingente.
Sostiene que las conexiones entre derechos son predominantemente
instrumentales –un derecho contribuye a la realización o estabilidad de otro
sin ser una condición necesaria para su existencia– y rara vez conceptuales o
inherentes a su propia definición –donde un derecho es parte del otro[11]–.
Por ejemplo, tener libertad de prensa ayuda a exponer la corrupción
que podría estar impidiendo la realización del derecho a la alimentación, pero
sigue siendo posible (aunque más difícil) que un gobierno no democrático
implemente un programa de alimentos exitoso.
Con base en la tesis de la instrumentalidad, Nickel plantea como
corolario que la interdependencia depende de la calidad de la implementación de
los derechos y de cómo funcionan las instituciones en un contexto determinado[12].
Por ejemplo, la libertad de expresión es instrumental para proteger el derecho
a no ser torturado porque permite denunciar abusos. Pero, esta conexión depende
de si en la práctica la gente usa esa libertad para denunciar y de si las
autoridades responden. Así, un sistema de alta calidad generará mayores
sinergias[13] y
uno de baja de calidad, por el contrario, presentará nexos débiles o
inexistentes[14].
En esa línea, Nickel presenta su tesis de la separabilidad fáctica de
los derechos humanos. La realidad, argumenta, muestra la compatibilidad entre
un alto disfrute de ciertas categorías de derechos y un bajo disfrute de otras[15].
Para Nickel, si los derechos fueran verdaderamente indivisibles, estos
escenarios serían imposibles. En consecuencia, no es posible sostener con
firmeza que todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes.[16]
De este modo, Nickel termina otorgando a la indivisibilidad un valor
meramente estratégico, como una meta política útil para combatir el cherry-picking
estatal, pero no una verdad filosófica sobre la naturaleza de los derechos.
Así, es provechoso que los activistas y las organizaciones promuevan la idea de
indivisibilidad para evitar que los gobiernos “escojan” qué derechos respetar y
cuáles ignorar. Sin embargo, no debemos confundir una estrategia política con
una verdad filosófica sobre la naturaleza de los derechos[17].
Se pueden plantear dos objeciones al planteamiento de Nickel. Primero,
la ambigüedad de su concepto de “disfrute sustancial” o “plena realización” que
lo lleva a sugerir la compatibilidad entre un alto y bajo disfrute. Nickel no
aclara qué significa “alto disfrute”. Lo que deja abiertas las interrogantes de
si, en el caso de la libertad de expresión ¿es solo la ausencia de censura? ¿o
para que el disfrute sea verdaderamente alto o pleno, se requiere que las
personas tengan la educación, la salud y la seguridad para formar opiniones
informadas y participar efectivamente en el debate público? o más bien ¿puede
la libertad de expresión estar plenamente
realizada si los ciudadanos no tienen la educación o la salud mínimas para
participar en el debate público de forma significativa? La ausencia de una
teoría sobre lo que constituye “disfrute sustancial” permite que redefinamos su
noción de “alto disfrute” como un “mero goce parcial e incompleto”, vaciando de
contenido su tesis de la separabilidad.
En segundo lugar, el análisis de Nickel subestima las conexiones
sistémicas. Su enfoque se centra en interacciones lineales (derecho X ayuda a
conseguir el derecho Y) siendo su argumento principal que estos nexos son en
gran medida separables. Sin embargo, al enfocarse en conexiones lineales y en
nexos separables, el autor pierde de vista las interdependencias que son
sistémicas o estructurales. Estas conexiones no se refieren a que un derecho
sea una herramienta para otro, sino a que un entorno general de Estado de
Derecho, rendición de cuentas y participación ciudadana es una precondición
estructural para la realización estable y segura de todos los derechos. Es
decir, la verdadera interdependencia no es meramente instrumental, sino
estructural.
Por lo que, la negación sistemática de las libertades no solo dificulta
la denuncia de una hambruna (conexión instrumental), sino que fomenta un
sistema de gobernanza arbitrario que es propenso a generarla e incapaz de
gestionarla de manera justa y eficiente (conexión sistémica). En otras
palabras, su análisis subestima cómo la negación sistemática de un nexo (el de
las libertades) corroe las bases institucionales y sociales necesarias para
garantizar el otro nexo (el de la subsistencia) a largo plazo. Al descomponer
el sistema en “nexos” separables, Nickel pierde de vista las propiedades
emergentes del sistema en su conjunto y no logra dar cuenta de la
interdependencia estructural que los mantiene unidos. Y, en última instancia,
los derechos no son construcciones lógicas abstractas ni meros consensos
políticos empíricos, sino exigencias de la razonabilidad práctica orientadas al
bien común[18]
que no pueden fragmentarse ni jerarquizarse[19]
sin mutilar la experiencia humana[20].
2.2. La
extensión de Ashford y Goodhart
El escepticismo de Nickel encuentra un eco y una extensión en los
planteamientos de Michael Goodhart y Elizabeth Ashford quienes refutan
igualmente la indivisibilidad como una propiedad inherente de los derechos.
Goodhart, en particular, adopta una concepción fáctica y minimalista del goce
de un derecho: se disfruta del derecho a no ser torturado cuando no se está
siendo torturado[21].
Desde esta óptica, la interdependencia no es un requisito funcional, pues la
experiencia demuestra que es posible realizar o poseer la esencia de un derecho
sin el disfrute concurrente de otros. En el ejemplo propuesto, se puede
disfrutar del derecho a no ser torturado sin tener derecho al voto ni a la
alimentación. La interdependencia no es un requisito funcional para el disfrute
de los derechos.[22]
Ambos autores cuestionan el conocido escenario planteado por Henry Shue,
según el cual a menos que el derecho a una vida digna este garantizado la
desesperación por comer podría llevar a un individuo a aceptar la tortura a
cambio de comida[23].
Aun concediendo la credibilidad de un intercambio similar por trabajo infantil[24],
Ashford y Goodhart sostienen que una prohibición estricta y eficaz de la
tortura sería conceptual[25] y
funcionalmente suficiente para garantizar el derecho, aun en ausencia de un
derecho a la alimentación o a condiciones de vida dignas[26]. La garantía del derecho a
no ser torturado, por tanto, no depende constitutivamente de la realización de
otros derechos.
El aporte principal de Goodhart es la reconceptualización de la
interdependencia en clave negativa. Su relevancia no radica en que los derechos
se necesiten para existir, sino en que la inseguridad de uno genera la
precariedad de los demás. Esta perspectiva, argumenta, tiene mayor fuerza
epistemológica y normativa, pues visibiliza las fracturas de los sistemas y
estructuras sociales establecidos para garantizar los derechos, resalta la
manera en que la inseguridad promueve y perpetúa la injusticia, y enmarca la
lucha por la seguridad de los derechos como un proyecto político. Al dar
sentada la interdependencia como un hecho establecido, esta se vuelve
políticamente inerte; en cambio, al entenderla como la superación de la
inseguridad, se convierte en un mandato de acción.[27]
Así, Goodhart, como Nickel, desplaza el debate del plano de la filosofía
del derecho al de la estrategia política. Por su parte, la separabilidad
conceptual de Ashford se conecta con la idea de separabilidad empírica de
Nickel. Ambos argumentan que no existe una necesidad vinculante entre la
realización de dos o más tipos de derechos. En conjunto, Goodhart, Ashford y
Nickel forman un bloque escéptico que considera la indivisibilidad y la
interdependencia afirmaciones contingentes, ya sea política (Goodhart/Nickel) o
conceptual y empírica (Ashford/Nickel), pero no verdades normativas sobre la
naturaleza y relación de los derechos humanos.
Sin embargo, Goodhart incurre en una falsa dicotomía, o la
interdependencia es un hecho empírico observable o es una mera aspiración
política. Su visión omite una tercera vía que es la posibilidad de que la
indivisibilidad (y consecuente interdependencia) sea una verdad normativa sobre
las condiciones necesarias para la plena realización de un derecho. Al
relegarla al campo de la estrategia, corre el riesgo de convertirla en una
“mentira noble”[28], privándola de su fuerza moral como requisito
de la justicia.
Por su parte, el argumento de Ashford se sostiene sobre una definición
superficial y restrictiva de lo que implica garantizar plenamente un derecho,
adoleciendo de una ceguera ante la vulnerabilidad estructural. Una persona
privada de los recursos para su subsistencia (sin hogar, sin comida, sin
trabajo) es estructuralmente vulnerable a la coerción por parte de actores
estatales y no estatales, tiene menos recursos para una defensa legal si es
acusada de un crimen y es más propensa a ser víctima de tratos inhumanos y
degradantes que, si bien no son tortura en el sentido clásico, erosionan la
dignidad que el derecho pretende proteger. Un sistema que tolera la indigencia
es un sistema que, por su propia estructura, genera las condiciones para la
violación del derecho a la integridad personal.
Adicionalmente, Goodhart parece confundir la garantía del derecho como
su mera no violación activa. Esta confusión lo lleva a asumir que “garantizar”
el derecho a no ser torturado significa que los agentes estatales no se
encuentren torturando activamente. Sin embargo, una garantía plena requiere
mucho más, como tribunales independientes, agentes policiales bien entrenados y
con rendición de cuentas, acceso a la justicia para las víctimas, etc. Un
Estado que no puede o no quiere asegurar los recursos para la subsistencia de
sus ciudadanos es muy poco probable que tenga la capacidad institucional o la
voluntad política para mantener un sistema de garantía tan complejo y costoso.
En tales condiciones, la garantía se vuelve frágil y, a la larga, ilusoria.
Cabe aclarar que fundamentar la indivisibilidad en la razón práctica no
excluye analizar su operatividad fáctica. Observar empíricamente que la
vulneración de unos derechos hace irreal el disfrute de otros no implica ceder
a la dicotomía empirista de Nickel; por el contrario, demuestra que la
interdependencia práctica no es una mera contingencia empírica, sino la
manifestación material de su coherencia sistémica.
3. Las defensas de la indivisibilidad y
sus límites
3.1. La réplica
de Gilabert
Como
contrapunto al escepticismo de Nickel, la propuesta de Pablo Gilabert busca
rescatar el principio de indivisibilidad mediante una redefinición de su
alcance. En lugar de la exigente condición de “indispensabilidad mutua”,
Gilabert postula una interpretación más laxa pero normativamente robusta, la de
una relación “altamente útil”. Bajo esta concepción, la indivisibilidad
sistémica ya no se presenta como una proposición inverosímil porque basta con
demostrar que el cumplimiento de un derecho es sumamente provechoso para la
realización de otro para establecer una razón de peso que obligue a los Estados
a perseguirlos de forma conjunta[29].
Gilabert enfatiza la importancia de esta interpretación para la búsqueda
dinámica e incremental de los derechos humanos.
Gilabert articula una tipología de conexiones que pueden ser
conceptuales, normativas, epistémicas y causales. El apoyo conceptual se
manifiesta, por ejemplo, en la relación constitutiva entre el derecho a la
igualdad y todos los demás, pues un derecho implementado de forma
desigualitaria es, por definición, un derecho no plenamente realizado.[30]. El
apoyo normativo reconoce que existe una clara ventaja moral en asegurar, por
ejemplo, que los derechos socioeconómicos se implementen a través de procesos
que incluyan a los derechos políticos[31]. Las personas no solo
tienen motivos para desear oportunidades económicas, también los tienen para
preocuparse por cómo se crean dichas oportunidades. Es legítimo que quieran ser
ellas mismas quienes diseñen las instituciones para alcanzar una vida digna. La
participación política, al igual que la provisión de bienes materiales, es
parte de la dignidad humana, lo cual infunde a los derechos socioeconómicos un
significado moral que solo la participación política puede conferir[32]. A
su vez, el apoyo sistémico de dicha participación permite la identificación de
las políticas más adecuadas, mientras que el apoyo causal de la participación
política asegura la rendición de cuentas de los que detentan el poder, lo que a
su vez aumenta la probabilidad de que respondan eficazmente a las necesidades
socioeconómicas de la población[33].
Así, vemos que el fundamento último de la propuesta de Gilabert no es
meramente pragmático sino axiológico[34], dado que la
indivisibilidad está anclada en las condiciones necesarias para la protección
de la integralidad de la dignidad y agencia humanas. La indivisibilidad, por
tanto, no exige demostrar una conexión lineal entre cada par de derechos[35],
sino reconocer que estos conforman un denso entramado de relaciones
instrumentales[36] y
constitutivas que, no solo aumentan las posibilidades de su disfrute; sino que,
en su conjunto, son indispensables para un disfrute más significativo[37].
En esta parte, es posible ahondar en una distinción que permite
reconciliar la evidencia empírica con la aspiración normativa, esto es, la
distinción entre realización parcial y realización plena. Lo que Nickel
describe como un disfrute alto o pleno compatible con la precariedad en otros
ámbitos, desde esta perspectiva, no es más que un disfrute parcial e incompleto
porque la plena realización exige más. La libertad de expresión, por ejemplo,
no se realiza plenamente con la mera ausencia de censura; su pleno ejercicio
exige las capacidades (salud, educación, seguridad material) que permiten
formar una opinión informada y participar de forma efectiva en el debate
público.
Por lo que, si bien es posible un disfrute parcial o un progreso
significativo en un conjunto de derechos sin tener un progreso similar en otros
(como lo plantea Nickel), o un avance significativo en un derecho gracias a la
implementación parcial de otro (como lo plantea Gilabert), la plena realización
de cualquier derecho humano es imposible sin la plena realización de los demás
o, lo que es lo mismo, se necesitan mutuamente para florecer por completo.
Esta distinción permite aceptar las observaciones de Nickel sin
sacrificar el núcleo normativo de la indivisibilidad. No obstante, podría
objetarse que dicha distinción elude el problema al fijar un estándar de plena
realización casi inalcanzable. Pero, como el propio Gilabert aclara: la
imposibilidad de alcanzar lo óptimo no anula la obligación de perseguir lo
posible[38]. Es
decir, que la implementación parcial de un derecho sólo pueda sustentar la
realización parcial de otro no debilita el mandato de actuar.
Así, la tesis de Gilabert en cierta medida reconcilia la teoría con la
práctica presentando la indivisibilidad como un horizonte normativo que, aunque
se persigue de forma gradual e incremental, orienta la acción hacia la
realización integral de los derechos humanos que la dignidad humana exige.
3.2. La
respuesta de Nickel a Gilabert
Nickel rechaza la sugerencia de Gilabert de entender la indivisibilidad
como relación “altamente útil”, pues ello supondría confundir dos categorías
distintas: la interdependencia y la indivisibilidad, porque afirmar que dos
derechos son sumamente útiles o se apoyan entre sí es lo mismo que decir que
son interdependientes, mas no indivisibles que significa que son mutuamente
indispensables[39].
Frente a ello, Nickel avanza una contrapropuesta a la que denomina la
tesis de la “indispensabilidad práctica”. El criterio ya no es la necesidad
absoluta, sino la ausencia de alternativas plausibles. Así, un derecho D1 es
indispensable para otro derecho D2 si no existe un Dx
(otro derecho o programa gubernamental) que pueda ofrecer el mismo soporte en
esas circunstancias y con un coste similar.[40] La indispensabilidad, por
tanto, se define negativamente por la inexistencia de alternativas plausibles[41].
Un derecho que respalda varios derechos (multiusos) se torna así
prácticamente indispensable, no porque sea la única herramienta para cada fin,
sino porque el costo de reemplazar su función multifacética con incontables
herramientas especializadas es mucho mayor y su reemplazo no es una alternativa
racional al derecho multiusos.
Aun con esta concesión, que preserva la distinción entre derechos que
son sumamente útiles y los que son genuinamente indispensables, Nickel se
mantiene escéptico sobre la viabilidad de una indivisibilidad sistémica. Esta
lógica lo conduce a proponer un nuevo umbral de análisis que apunta a la
“realización adecuada”[42]. En
lugar de la maximización inherente a la “plena realización”, este estándar
busca un nivel de disfrute “suficientemente bueno”[43] como para garantizar una
vida decente. Así, por ejemplo, la realización adecuada del derecho a la
alimentación no significa que todos tengan acceso a comida gourmet (plena
realización), sino que nadie sufra hambre o malnutrición y que todos tengan
acceso seguro y sostenible a una alimentación nutritiva[44].
No obstante, ni siquiera este umbral logra, a su juicio, refutar la
tesis de la separabilidad empírica de los derechos humanos. Sostiene que es
fácticamente posible observar Estados que garantizan una realización adecuada
de los derechos civiles (elecciones libres, no tortura, debido proceso, etc.)
mientras que la realización de los derechos socioeconómicos es inadecuada
(pobreza, servicios sanitarios deficientes, etc.) o viceversa. Por tanto, la
realización adecuada de un derecho no requiere la realización adecuada de todos
los demás derechos.
Sin embargo, la reconceptualización de Nickel tiene una debilidad
estructural que es la indeterminación del umbral de la “realización adecuada”.
El problema de la demarcación que nuevamente Nickel no logra resolver y pasa de
la “plena realización” a la “realización adecuada”. No queda claro ¿Quién
define qué es adecuado o suficientemente bueno? y si bien puede parecer un
estándar razonable, también es una categoría porosa y susceptible de
manipulación política. Por ejemplo, un gobierno podría argumentar que un
sistema sanitario público que solo cubre emergencias y excluye lo preventivo es
adecuado, con el fin de eludir sus responsabilidades. Más aún, al sustituir al
ideal regulador de la “plena realización” por un estándar de suficiencia, se
corre el riesgo de legitimar la complacencia y justificar un cumplimiento
mediocre de los derechos. Sin el horizonte normativo de la “plena realización”,
la “realización adecuada” pierde su dirección moral y los derechos se arriesgan
a quedarse estancados en un mínimo aceptable.
Finalmente, la tesis de Nickel se sustenta sobre una mirada estática de
la interacción de los derechos a largo plazo, en el sentido de que no es
posible mantener indefinidamente un nivel adecuado de los derechos civiles
mientras los sociales son inadecuados o viceversa. La desigualdad social y
económica es el caldo de cultivo para la inestabilidad política y el
autoritarismo; los cuales, a su vez, erosionan inevitablemente las garantías
civiles. En resumen, un “nivel adecuado” de derechos es una situación que o
bien avanza hacia una mayor indivisibilidad o bien colapsa por sus
contradicciones internas.
4. Una vía de salida: la indivisibilidad
como principio regulador y de coherencia sistémica
4.1. El
fundamento y los alcances de la indivisibilidad
El principio de indivisibilidad de los derechos humanos se fundamenta en
la unidad inmanente de la persona y en la dignidad que le es intrínseca. El
sujeto titular de los derechos, el ser humano universalmente concreto[45],
constituye una totalidad indivisible; su complejidad y diversidad no son sino
facetas de una misma realidad unitaria[46]. De este postulado
antropológico se sigue, como corolario normativo, que el catálogo de derechos
humanos que emana de su dignidad debe, a su vez, conformar un todo orgánico e
inseparable[47].
Cualquier intento de aislar[48], jerarquizar[49] o
satisfacer unos derechos en detrimento de otros deviene, por tanto, un atentado
contra la integridad misma de la dignidad[50]. Se colige de ello, que la
indivisibilidad, entendida como la unidad de propósito o sentido[51], da
así lugar a la interdependencia, que opera como la lógica para su realización
efectiva[52]
replicando esa dinámica o lógica unitaria[53]. Lo que significa que los
derechos humanos sólo pueden realizarse de forma adecuada y plena conjuntamente[54].
Por ejemplo, la interdependencia se manifiesta en que, el derecho a elegir
donde vivir se torna ilusorio para personas autistas con niveles de apoyo altos
si su derecho social a recibir apoyos en la comunidad no está garantizado. Del
mismo modo, el derecho a la educación inclusiva carece de contenido si un niño
sordo debe renunciar a su identidad cultural (abandonar el lenguaje de señas o
distanciarse de la comunidad sorda) para acceder a ella[55]. Asimismo, si una persona
con movilidad reducida no puede acceder físicamente a un centro de votación
porque tiene barreras (escaleras, puertas estrechas, etc.), entonces su derecho
al voto es imposible de realizar en la práctica. Estos casos revelan que los
derechos son coesenciales y su separación es un artificio que desfigura su
naturaleza intrínsecamente relacional y complementaria.
Para críticos como Nickel y Gautier, la imposibilidad de realizar de
forma simultánea y completa todos los derechos, exige un ejercicio de
priorización de parte de los Estados[56]. En esa línea, como la
evidencia empírica respalda que la interdependencia es mayor entre algunos
derechos que entre otros que parecen estar menos conectados[57], entonces debería
permitirse, e incluso recomendarse, algún tipo de priorización para aquellos
derechos que tienen un efecto más decisivo sobre otros[58]. Al respecto, Serrano y
Vásquez consideran que se trata de priorizar los derechos que: i) son más
necesarios en un lugar y tiempo determinado, ii) podrían generar mayores
cadenas de impacto también llamados “derechos llave” porque abren otros
derechos, iii) son más fáciles de implementar, iv) no siendo tan fáciles de implementar, o que devendrán
en una implementación débil (siguiendo a Gilabert) resultan importantes para
comenzar a fortalecer a un grupo de derechos.[59] Sin embargo, creemos que
priorizar los derechos “más fáciles de implementar” comporta un riesgo
considerable al incentivar a los Estados a que evadan o releguen los derechos
más costosos y complejos, que típicamente son los DESCA, en favor de aquellos de
más fácil implementación. Esto conduciría a una jerarquía de facto donde
los derechos que requieren inversión y planificación a largo plazo son
perpetuamente pospuestos.
Los mismos autores brindan algunas salvaguardas para dicha priorización
como verificar a quién perjudica y favorece determinada elección de derechos.
Si la preferencia sobre algún derecho profundiza la desigualdad de los grupos
más desfavorecidos, el proceso de priorizar lesiona el principio de igualdad y
no discriminación y no sería admisible[60]. Pero, incluso dichas
salvaguardas se muestran como un estándar mínimo, que si bien puede evitar el
empeoramiento de la desigualdad al mismo tiempo no mejora la situación y
perpetúa la injusticia. En suma, esta propuesta solo crea un sistema de dos
niveles donde los derechos “llave” fáciles, o que cumplen una obligación
respecto de otros derechos, están en el primer nivel, mientras que los que
pueden esperar, no tan necesarios, los complejos y costosos se ubican en el
segundo nivel. La cuestión es si este modelo de priorización servirá para
atender asuntos estructurales y no solo lo urgente o lo conveniente.
Frente
a estos planteamientos, surge una tercera vía que no busca jerarquizar entre
derechos sino delimitar su núcleo intangible. Como sugiere Fernández, el
principio de indivisibilidad informa y limita la priorización, en el sentido de
que los Estados pueden verse forzados a priorizar recursos, pero esa
priorización no puede llegar al punto de violar el núcleo de ningún derecho.[61] El
principio de indivisibilidad actúa como una barrera, impidiendo que la escasez
de recursos se use como excusa para anular por completo ciertos derechos. Lo
cual resuena con el planteamiento de Gilabert, quien sostiene que, en un
sistema interconectado, la importancia de los derechos “más importantes”[62] se
transfiere al resto pues estos devienen indispensables para la realización de
los primeros[63].
La aparente contradicción entre indivisibilidad y prioridad se disuelve
al entender que operan en contextos distintos, la primera cuando la realización
simultánea es posible; mientras que la segunda, cuando las concesiones son
inevitables[64]. No
se trata, por tanto, de una renuncia del principio, sino de un reconocimiento
de su aplicación práctica en escenarios de recursos limitados, donde la
prioridad se asigna a aquellos aspectos cuya omisión haría colapsar la
integridad del sistema en su conjunto.[65]
4.2. El giro hermenéutico y el “núcleo esencial” como locus de la
indivisibilidad
La propuesta de Fernández redefine el propósito mismo de la
indivisibilidad de los derechos humanos. La indivisibilidad no es una
descripción de un rasgo de los derechos y tampoco una hipótesis empírica sobre
su coexistencia. Más bien, se trata de un criterio regulador o un principio
hermenéutico que dirige la (re)definición del contenido de cada derecho en
coherencia sistémica con los demás. Por lo que, la cuestión ya no es si los
derechos funcionan o se realizan conjuntamente, sino cómo debemos delimitarlos
para que su interdependencia se vuelva una necesidad lógica y jurídica.
Esta reconceptualización da lugar a un modelo que parte de la distinción
entre el núcleo esencial de un derecho y su contenido periférico. Como sabemos,
el núcleo es el reducto duro e indivisible que dota de identidad al derecho y
sin lo cual este se desvanece[66].
Actúa como una barrera infranqueable para el Estado, que no es susceptible de
ponderación y cuya afectación supone la eliminación del derecho mismo[67] y,
por un efecto sistémico, la erosión de la base sobre la que se asientan los
demás derechos[68]. Es
en este plano donde la indivisibilidad opera de forma absoluta, esto es, donde
la conexión inherente se manifiesta de la manera más fuerte y necesaria, lo que
significa que el contenido esencial de un derecho se define y se delimita de
tal forma que presupone y refuerza el contenido esencial de los demás.
La periferia, en cambio, es el ámbito sujeto a la deliberación
democrática, a la limitación por otros intereses legítimos[69], y a una realización
progresiva y dependiente de los recursos disponibles. Así, por ejemplo, la
prohibición de la censura previa constituye el núcleo de la libertad de
expresión, que es indivisible e interdependiente del núcleo del derecho a la
participación política y del debido proceso; mientras que la regulación de la
publicidad comercial y la desinformación en redes sociales pertenecen a su
periferia.[70]
Estas son limitaciones que no destruyen la esencia del derecho.
No obstante, esta propuesta no está exenta de objeciones. La primera es
nuevamente el problema de la demarcación. La línea entre el núcleo esencial y
el contenido periférico es con frecuencia borrosa y objeto de una intensa
disputa política y filosófica. Así, por ejemplo, lo que para un sector es el
núcleo del derecho a la vivienda (no ser desalojado sin alternativa
habitacional), para un gobierno puede ser parte de la periferia del derecho
sujeto a políticas económicas. Sin embargo, el error está en tomar la
delimitación como un acto de voluntad política, y no como un ejercicio de
razonamiento jurídico. El contenido esencial se define por criterios objetivos,
aquello sin lo cual el derecho se desvanece en una cáscara vacía o en algo
irreconocible y, crucialmente, aquello cuya negación provoca un colapso
sistémico (su negación hace lógicamente imposible o estructuralmente
insostenible el núcleo de otros derechos). Por ejemplo, si un Estado niega
sistemáticamente el acceso a la alimentación a una parte de su población crea
un entorno de desesperación y desorden que hace imposible garantizar el núcleo
de otros derechos como la seguridad personal, la participación política, el
debido proceso o la vida digna. La negación de un núcleo causa un efecto dominó
que destruye la consistencia del sistema de derechos entero.
Una segunda objeción es que esta teoría sea instrumentalizada para
reducir el contenido esencial a un contenido mínimo, justificando de ese modo
el incumplimiento o abandono de la mayor parte del contenido de los derechos
bajo el pretexto de que pertenece a la periferia ponderable. Es decir, esta
teoría podría usarse para justificar un cumplimiento minimalista de los
derechos humanos. Esta crítica, sin embargo, ignora la obligación de
realización progresiva (de la periferia o contenido esencial) que el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos impone a los Estados. No basta con
respetar el núcleo, el Estado mantiene el deber activo de dar pasos
deliberados, concretos y orientados hacia la plena realización de todo derecho,
utilizando el máximo de los recursos que disponga. Por tanto, la distinción
núcleo-periferia, que plantea Fernández, no es un permiso para la inacción sino
una estructura para la acción. Un Estado no podría decir que si garantiza la
educación primaria gratuita (núcleo) ya cumplió con el derecho a la educación,
cuando está legalmente obligado a demostrar que está trabajando activamente
para hacer la educación secundaria y superior progresivamente más accesible
para todos (incluso si esa parte pertenece a la periferia). En otras palabras,
la distinción núcleo-periferia no elimina esta obligación, solo le da forma.
En esa línea, el contenido esencial no es solo un mínimo estático, sino
un centro de gravedad que irradia sus principios –como la no discriminación– y
dota de dirección y coherencia a la expansión de la periferia impidiendo que el
progreso se desvíe de los fundamentos del sistema. Por ejemplo, un Estado que
expande la cobertura de su sistema de salud (periferia) no puede hacerlo de
forma discriminatoria, ofreciendo nuevos tratamientos solo a un grupo étnico.
El principio del núcleo debe guiar la implementación de la periferia, lo cual
impide que el cumplimiento mínimo se blinde.
Finalmente, se podría cuestionar la aplicabilidad del modelo en
situaciones de crisis extremas, como una pandemia, donde los recursos se
vuelven escasos, se deben tomar decisiones complejas y el dilema de “un solo
respirador y varios pacientes” hace impracticable la noción de un núcleo
imponderable porque inevitablemente se afectará el núcleo del derecho a la
salud de algunos pacientes. Sin embargo, debemos distinguir entre el diseño de
las instituciones y políticas públicas en tiempos de normalidad y la toma de
decisiones de emergencia, porque la finalidad de la teoría del contenido
esencial imponderable es guiar lo primero. La obligación del Estado es crear un
sistema sanitario donde, en la medida de lo previsible, no se llegue a la
situación de tener que elegir entre dos o más vidas. La falla del Estado en
tener suficientes respiradores es en sí misma un desacierto en la protección
del núcleo a nivel estructural. La teoría sirve para juzgar el diseño del
sistema, no para resolver los dilemas que surgen cuando ese sistema ya ha
fallado. Es decir, la distinción núcleo-periferia no le dice a un médico qué
hacer con el único respirador, pero sí le dice al legislador que la
financiación de unidades de cuidados intensivos no es un adicional ponderable,
sino parte del contenido esencial del derecho a la salud que debe ser protegido
con la máxima prioridad.
En realidad, esta teoría sí tendría un poder normativo porque incluso
cuando la realización del núcleo de un derecho (salud) se torna materialmente
imposible para todos, los principios del núcleo de otros derechos (igualdad y
no discriminación) permanecen como límites insuperables que deben dirigir el
proceso de decisión. Así, en el dilema del respirador, se deberá exigir que los
criterios de decisión sean justos, transparentes, objetivos y no
discriminatorios. La decisión debe basarse en criterios médicos y no en la
riqueza, el estatus social, la etnia o la afiliación política del paciente. De
este modo, aunque el núcleo del derecho a la salud no pueda satisfacerse para
todas las partes, el núcleo del derecho a la igualdad y a la no discriminación
se mantiene, preservando la justicia del sistema aun en medio de la tragedia.
5. El desafío interno: individualismo y
el “desbordamiento” de la autonomía
5.1. El punto de partida y su conexión con los derechos humanos
Más allá de las críticas externas de carácter empirista, una de las
amenazas más peligrosas para la integridad del sistema de derechos humanos
emerge de una fractura interna, nutrida por una concepción absolutista de la
autonomía y un individualismo expresivo contemporáneo. Esta visión dominante,
cuyo origen se remonta a la autarquía/autosuficiencia estoica y a la reducción
cartesiana del ser humano a mera conciencia[71], convierte la dignidad en
una capacidad de independencia radical respecto de los otros[72] y
de la naturaleza, absolutizando la condición separada del individuo[73].
En el plano jurídico, este postulado –reduccionista del ser humano– se
traduce en el principio “elijo, luego tengo derechos”, un fundamento que, al
limitar la titularidad a los capaces de elegir, socava la universal de los
derechos y los reduce a meras reivindicaciones de poder del individuo frente a
los demás.[74] Se
produce así un quiebre fundamental en tanto los derechos se desvinculan de toda
responsabilidad, de toda relacionalidad con los otros y con la comunidad, de
toda complementariedad, y la correlación entre derechos y deberes se rompe.
Emerge lo que Ballesteros ha denominado “cultura de la querella”, donde el otro es percibido como un recurso o una amenaza, y el derecho se
concibe como un poder ilimitado del yo sin consideración por sus consecuencias.
Los demás solo tienen un deber: no interferir en “mis derechos”[75]. Lo
que también excluye los deberes con uno mismo, sobre la base de la idea de la
disponibilidad ilimitada de los recursos y de los derechos, permitiendo incluso
la violación de los propios derechos y libertades.
Cuando los derechos son degradados a la categoría de meros deseos, su
fundamento deja de ser la dignidad universal y relacional y pasa a ser la
intención o volición puramente individualista, por naturaleza ilimitada y
particular. Se destruye así la noción misma de un estándar común –cada
individuo crea su propio sistema de valores– abriendo la puerta a un conflicto
irresoluble entre deseos contrapuestos que torna la indivisibilidad en un
imposible lógico. Esta concepción, además, se erige sobre la ficción de un
individuo autosuficiente, omitiendo la vulnerabilidad constitutiva del ser
humano y, con ello, las condiciones materiales y relacionales que hacen posible
una vida digna.
Ahora bien, debemos aclarar que esta crítica no se refiere a la
formulación clásica de la autonomía. En la tradición neokantiana, la autonomía
es indisociable de los deberes hacia la humanidad en la propia persona y
excluye cualquier instrumentalización del otro[76].
Del mismo, doctrinarios liberales como Feinberg enraízan la autonomía en una
agencia racional compleja –alineada con los deseos de segundo orden– no en la
mera satisfacción de impulsos o apetitos inmediatos (deseos de primer orden)[77].
Sin embargo, en el debate bioético y jurídico contemporáneo, este concepto ha
sufrido un desbordamiento hacia un individualismo expresivo. Esta mutación
–donde el deseo y la voluntad se erigen como fundamentos exclusivos del
derecho– es evidente en la tesis de la “libertad procreativa” de Robertson[78],
o en la consolidación de la “voluntad procreacional”
propugnada por autoras como Lamm[79].
A nivel jurisprudencial, este paradigma se manifiesta en la sentencia Artavia
Murillo de la Corte IDH, donde el deseo de descendencia se judicializa y
homologa de facto con un derecho al hijo, sentando el precedente de que el
anhelo de tener un hijo biológico genera obligaciones prestacionales o de
abstención para el Estado.
Nuestra crítica no se dirige contra el núcleo de la agencia personal
sino contra el individualismo expresivo, que deviene en la falacia dogmática de
tratar diversos asuntos vitales, entre ellos la reproducción humana, como si se
tratara de una acción puramente autorreferente. Ello contradice los límites
estructurales de la autonomía, como el principio de daño y la exigencia de
voluntariedad genuina (que trataremos más adelante). Es esta voluntarización e
individualización de los derechos, y no la autonomía moral originaria, la que
erosiona el carácter relacional de los derechos humanos.
Ahora bien, descender a la reproducción humana permite ilustrar en la
práctica la tesis teórica expuesta. Hoy, el individualismo ateleológico aborda
la autonomía reproductiva desconectándola de las condiciones habilitantes del
sujeto. Sin embargo, bajo el principio de indivisibilidad resulta imposible
escindir este derecho de libertad del derecho a la salud mental. Como veremos,
la verdadera autonomía reproductiva depende estructuralmente del bienestar
psicológico, demostrando que los derechos son un entramado interdependiente y
no meros deseos incondicionados.
5.2. El “desbordamiento” de la autonomía reproductiva
Este desbordamiento conceptual de la autonomía encuentra su
manifestación en dos interpretaciones actuales de la autonomía reproductiva.
Por un lado, se la concibe como una “autonomía del apetito” absoluto e
invencible: si deseo tener hijos, tengo derechos a tenerlos; si no los deseo,
tengo derecho a no tenerlos. El fundamento es el poder de la voluntarización;
el contenido, la exigencia de que el Estado y los demás se adapten y sometan a
ella. Por otro lado, atendiendo a la situación de la mujer respecto del varón
en temas relacionados con la reproducción, se esgrime un argumento de igualdad.
Según el cual, al ser la maternidad la diferencia fisiológica más significativa
entre hombre y mujer, y la que incide de mayor forma en la vida de la mujer, la
completa igualdad entre ellos no será posible mientras la mujer no sea libre
para decidir tener o no hijos[80].
Por lo que, restringirles la posibilidad de decidir libremente sobre el
embarazo llevaría a perpetuar la subordinación de las mujeres y preservar los
roles tradicionales y discriminatorios.[81]
Sin embargo, al reducir la diferencia sexual a una mera identidad con la
norma masculina[82], se
alienta a las mujeres a rechazar la maternidad (tratándola como una desventaja
o algo “malo”) para poder alcanzar la igualdad sustantiva frente al hombre. Es
decir, que sea la mujer la que siempre tenga que pagar un precio más alto por
su autonomía e igualdad[83].
Ello perpetúa un modelo, propio del individualismo postmoderno, que sobrevalora
lo que se hace en el ámbito público y devalúa lo privado[84] y relacional (hogar,
crianza, cuidados, etc.) y que, por tanto, incentiva a las mujeres la
“urgencia” de tener mayor presencia afuera y mayor “control” de su cuerpo y de
sus decisiones, siguiendo el modelo masculino de ciudadano, trabajador y de
reproducción.
Nuestra intención no es imponer la procreación como un mandato ni
cuestionar la autonomía de las mujeres para decidir el valor que otorgan a la
maternidad en sus planes de vida. Por el contrario, la justicia exige
garantizar la capacidad (la libertad sustantiva y las condiciones materiales
para ejercerla), pero jamás debe obligar al funcionamiento[85].
Sin embargo, el reconocimiento de esta libertad no agota el problema
estructural –y aquí radica el núcleo de nuestra crítica– visible cuando el
diseño institucional y el mercado promueven la no maternidad no como una
elección legítima y libre entre bienes humanos básicos, sino como el único
camino viable para poder acceder a las mismas oportunidades en el ámbito
público.
Bajo la óptica Rawlsiana, una estructura
básica justa exige una equitativa igualdad de oportunidades y neutralidad
frente a las doctrinas comprehensivas del bien. No obstante, cuando las
instituciones sociales y laborales están diseñadas de tal manera que exigen la
renuncia a la crianza para evitar la marginación profesional, el sistema
abandona su neutralidad. No se está protegiendo la capacidad de elegir, sino
imponiendo un modelo que entiende la igualdad como la adopción de un plan de
vida desprovisto de responsabilidades de cuidado. Por tanto, cuando la mujer
renuncia a la maternidad para competir, no está ejerciendo una libertad en un
entorno neutral, sino que se está sometiendo a un modelo androcéntrico para no
ser penalizada económicamente.
La autonomía reproductiva que deviene en una erosión individualista se
presenta desconectada de tres anclajes fundamentales: i) de la realidad
objetiva, al basarse únicamente en la preferencia subjetivista (sobre la
existencia y las características de los hijos) sin referencia a bienes
objetivos como la procreación[86];
ii) de la relacionalidad, al ignorar las responsabilidades inherentes a los
vínculos humanos; y iii) de la propia fragilidad
humana, al operar desde el espejismo de la autosuficiencia en lo relacionado a
la reproducción. Esta autonomía desvinculada, que ignora las condiciones reales
que hacen posible una vida digna, termina defendiendo prácticas que, aunque
técnicamente son una “elección”, generan una profunda angustia psicológica y
emocional (afectando la salud mental) o mercantilizan o dañan el cuerpo humano
(vulnerando la integridad personal), negando así la vulnerabilidad y la
dignidad humanas.[87]
Cuando un derecho se convierte en la cobertura de un deseo desvinculado,
que por naturaleza es ilimitado y potencialmente egoísta, su desbordamiento es
inevitable: no tiene por qué ser coherente con los derechos de los demás o con
el bien común. En primer lugar, los hijos son convertidos en bienes cuya
existencia y características se someten a una lógica utilitarista, valorados
siempre que satisfagan el proyecto de autorrealización parental, y cuya crianza
y cuidados representan una enajenación de la autarquía de los padres. En
segundo lugar, esta lógica rompe la unidad de propósito del sistema de
derechos. A medida que su contenido se desfigura, la autonomía reproductiva (no
solo se desvincula de otros derechos) comienza a erosionar activamente el
núcleo de otros derechos. Siguiendo un ejemplo anterior, una autonomía que
exige el acceso a cualquier tecnología reproductiva sin considerar sus
consecuencias psicológicas socava el derecho a la salud mental; una que
mercantiliza el cuerpo humano vulnera la integridad personal. En este
escenario, la autonomía rompe su vínculo de indivisibilidad con otros derechos
y se convierte en su adversaria.
Esta ruptura también se manifiesta en el quiebre de su relacionalidad
inherente. En un sistema coherente, la interdependencia opera como una dinámica
de sinergia positiva, según la cual la realización (incluso parcial) de un
derecho actúa como catalizador para la realización de otros, y viceversa. Sin
embargo, una autonomía reproductiva desbordada ya no genera sinergias positivas
con otros derechos, esto es, su disfrute no genera un mayor disfrute en otros
derechos, ni la realización de otros derechos deviene en un mejor disfrute de
dicha autonomía; sino que su expansión se produce a costa de ellos.
Un caso de estudio para ilustrar este quiebre de la complementariedad se
encuentra en una reciente investigación sobre el impacto que el incremento del
bienestar mental tiene en las decisiones reproductivas de parejas que
previamente habían optado por no tener hijos motivados por dinámicas traumáticas o
disfuncionales[88]. En
un sistema de derechos funcional e interdependiente, cabría esperar que un
aumento significativo en la salud mental (componente del derecho a la salud) se
tradujera en un ejercicio más consciente y pleno de la autonomía reproductiva.
Desde esta perspectiva sistémica, la realización del núcleo del derecho a la salud mental no cambia
arbitrariamente el deseo, sino que restaura y fortalece la capacidad para una
autonomía más robusta. Con esta capacidad restaurada, la persona puede
reexaminar el bien de la procreación desde una nueva perspectiva de bienestar,
lo que puede conducir a un cambio en su percepción y en su decisión final.
No obstante, lo que se observa es un fenómeno distinto. En lugar de
fortalecerse la capacidad de decidir, parece satisfacerse o sustituirse el
deseo subyacente que la propia autonomía buscaba gestionar. El goce del derecho
a la salud mental no potencia el ejercicio del derecho a la autonomía
reproductiva; más bien, parece competir con él o anular su objeto, demostrando
que ambos derechos han dejado de operar en una dinámica de apoyo mutuo. Ya no
se refuerzan, sino que van en direcciones divergentes, revelando la fractura
del sistema cuando uno de sus componentes se desvincula de su fundamento en la
dignidad relacional. Este asunto
será desarrollado con mayor detalle en secciones posteriores.
5.3. La indivisibilidad como límite
Antes de adentrarnos en el estudio de la fractura interna entre dos
derechos puntuales, es necesario explicar cómo el principio de indivisibilidad
y la noción de contenido esencial operan como el cimiento teórico necesario
para reconducir la autonomía reproductiva y suturar la triple desvinculación
que precipita su “desbordamiento”.
En primer lugar, la indivisibilidad como principio hermenéutico, ordena
que el núcleo de un derecho se defina en coherencia con el núcleo de los demás,
forzando así su re anclaje en un fundamento objetivo.
A través de esta exigencia es posible revincular la autonomía reproductiva con
la realidad y los límites que ésta impone. Ello implica redefinir su contenido
esencial no a partir del deseo y la preferencia subjetiva, sino en concordancia
con las condiciones y exigencias de la naturaleza y dignidad humana universal.
Se traza así una línea que distingue entre los bienes que hacen posible una
vida digna y plena, y la anarquía de las preferencias inconmensurables,
evitando que el derecho se degrade en una mera cobertura para el deseo.
En segundo lugar, la indivisibilidad nos compele a abandonar la ficción
del individuo autárquico y a recuperar una antropología del ser humano como
ser-en-relación[89].
Consecuentemente, la autonomía reproductiva debe ser reconsiderada desde la
perspectiva del otro[90],
especialmente del más vulnerable. Deja de ser concebida como independencia para
ser entendida como interdependencia. Surge así el concepto de una “autonomía
reproductiva relacional”[91], un
constructo que integra los derechos de los demás y los deberes para con ellos y
para con uno mismo, los cuales la moldean y la delimitan. Si la clave de la
persona reside, como lo plantea Ballesteros, en los deberes de cuidado (de los
otros, de la naturaleza y de sí mismo)[92], una concepción relacional
de la autonomía reproductiva pone el acento en la responsabilidad, el
compromiso, la vulnerabilidad compartida y la compasión, reorientando su
fundamento desde la mera voluntad hacia el bien que ésta encierra para sus
titulares[93].
Finalmente, el retorno al núcleo esencial es un retorno a la
vulnerabilidad humana y su protección, como condición antropológica fundamental[94]. A
través de la indivisibilidad, se revaloriza que el ser humano es antes y más
radicalmente vulnerable que autosuficiente. Esta verdad se manifiesta con una
nitidez particular en la esfera de la reproducción, donde la vulnerabilidad se
despliega en múltiples dimensiones: en la precariedad del conocimiento sobre el
propio cuerpo, la fragilidad de la salud reproductiva, las incapacidades
emocionales para afrontar la maternidad/paternidad (depresión gestacional y
posparto), la exposición a la violencia obstétrica, a partos deshumanizados, a
la masculinidad y feminidad tóxicas, a estándares y expectativas culturales
sobre la paternidad/maternidad y a los estereotipos de género[95]. Un
ejercicio auténtico de la libertad reproductiva no puede ignorar estas
condiciones de vulnerabilidad estructural. Al reconocerlas, se manifiesta el
carácter indispensable de otros derechos (a la salud, a la integridad, a la no
discriminación) para que la autonomía reproductiva pueda desplegarse y se
reafirma la correlación ineludible entre derechos y deberes, reconstruyendo así
la cohesión de un sistema que la autonomía desbordada había hecho quebrar.
6. El modelo propuesto en el contexto de
parejas DINK[96]
6.1. Núcleo indivisible de dos derechos “contrapuestos”
El fundamento de los derechos humanos no reside en la mera
volición/elección individualista o el beneficio subjetivo, sino en su anclaje
en los aspectos básicos de la plena realización humana. Si bien la concepción
contemporánea tiende a reducir la maternidad y paternidad a meras elecciones
que deben ser “sinceramente deseadas”[97], dicha libertad no se
justifica en sí misma, sino en la posibilidad de alcanzar bienes constitutivos
del florecimiento humano en el contexto de la vida social[98]. La procreación, en esta
línea, es uno de estos bienes básicos[99], y el derecho a la
autonomía reproductiva encuentra su telos en la salvaguarda y promoción de la participación en
este bien fundamental[100].
Este enfoque teleológico impone una redefinición del contenido del
derecho puesto que entiende que las libertades humanas están orientadas a fines
valiosos y que la reproducción no es un acto neutro, sino la realización de un
bien fundamental. La autonomía reproductiva no es, por tanto, un derecho a
“elegir tener o no tener hijos” como si ambas opciones fueran el objeto del
derecho, sino el derecho que protege el bien de la procreación para quien esté
dispuesto a realizarlo; dicho de otra manera, el derecho a la protección de la
capacidad de acceder al bien de la procreación para quien desea realizarlo[101].
Su protección jurídica se dirige a remover los obstáculos –como las
esterilizaciones forzadas o las políticas antinatalistas coercitivas– que
impiden injustamente a una persona realizar este aspecto de su desarrollo. Se
colige de ello que la decisión de no procrear pertenece a una
categoría distinta: es una libertad negativa o fáctica, la ausencia de una
obligación de procrear que, si bien debe ser respetada, no constituye el núcleo
positivo y teleológico del derecho[102], sino que recae en el
ámbito general de la libertad personal[103].
Esta distinción encuentra un paralelo en el derecho a la salud. No se
trata de un derecho a estar sano[104] –un resultado específico–
sino del derecho a la protección y promoción de la salud como bien individual y
social irrenunciable[105].
Por un lado, la individualidad biológica, psíquica y emocional de cada ser
humano evidencia que la salud tiene una innegable vertiente individual[106],
es un bien individual que “tiene un componente de don y otro de motivación
personal (nace y se hace)”[107].
Por otro lado, la salud es un bien social o colectivo en tanto que es un gran
recurso de la sociedad y un activo para el desarrollo económico y social[108].
Su contenido comprende el acceso a un sistema de prevención de la enfermedad,
protección y promoción de la salud que le brinde a la persona posibilidades
iguales y reales para alcanzar (y disfrutar a lo largo del tiempo) el máximo
grado de bienestar físico y mental posible; sin que las circunstancias sociales
sean un obstáculo para ello[109].
En esa línea, cuando se habla de salud no se está haciendo referencia a
preferencias o deseos subjetivos sino a hechos objetivos en los que cabe
verificar una carencia humana esencial[110]. En este sentido, la salud
es una necesidad: i) básica, necesaria e indispensable para conducir una vida
digna a tal punto que quien no logra su satisfacción lleva una vida inhumana,
carente de un bien mínimo exigible por la condición de ser humano; ii)
objetiva, cuya privación, que es externa al sujeto, puede constatarse con
claridad y evidencia. Así, la carencia de asistencia sanitaria es claramente
determinable en los sujetos que la padecen; iii)
generalizable, puede extenderse a toda la humanidad e iv)
histórica, ligada a un contexto espacio-temporal
específico, de modo que puede variar si esas circunstancias varían[111].
De forma análoga, la autonomía reproductiva protege la capacidad y las
condiciones para el discernimiento y la realización del bien de la procreación.
Y es aquí donde se revela la indivisibilidad de su núcleo esencial con el
derecho a la salud, particularmente –lo que trataremos aquí– en su dimensión
mental. Por un lado, la salud mental opera como la infraestructura interna de
la libertad y la agencia humana[112],
es decir, comprende/protege la capacidad de pensar con claridad, gestionar las
emociones, afrontar el estrés normal, deliberar y planificar el futuro sin caer
en ansiedad. Lo que hace al núcleo del derecho a la salud mental la condición
de posibilidad[113]
para que el núcleo de la autonomía reproductiva alcance su finalidad[114],
esto es, que el discernimiento sobre el bien de la procreación y el
relacionamiento de la persona con este bien sea libre y auténtico.
Un ejercicio deficiente del derecho a la salud mental reflejado en un
estado de ansiedad crónica, depresión, o trauma no resuelto interfiere
negativamente con el ejercicio del derecho a la autonomía reproductiva al
distorsionar la percepción de la realidad y del futuro, haciendo que la
procreación se perciba como una amenaza, una carga insoportable o una fuente de
sufrimiento inevitable. Así, una autonomía reproductiva ejercida desde un
estado de grave deterioro mental no es la realización de un derecho, sino un
acto potencialmente destructivo. Por tanto, el núcleo de la autonomía
reproductiva –en conformidad con la indivisibilidad como criterio regulador–
debe incluir las precondiciones de salud mental que la hacen una facultad
constructiva y no destructiva.
Se establece así una dinámica de interdependencia recíproca donde la
realización o violación de cualquiera de ellas fortalece o debilita,
respectivamente, a la otra. Por un lado, la mejora en la salud mental no dicta
la decisión reproductiva, sino que crea las condiciones para una elección
verdaderamente libre al restaurar la capacidad interna del sujeto para
reevaluar el bien de la procreación como una posibilidad real y deseable. Por
otro lado, un ejercicio de la autonomía reproductiva que no se ancla en la elección por elección, sino en una
valoración objetiva del bien, fortalece la salud mental. La toma de una
decisión fundamental de manera consciente y deliberada genera una sensación de
coherencia, propósito y paz interior, pilares del bienestar psíquico y
emocional que un sistema de derechos coherente debe proteger y promover.
6.2. La ruptura interna
Cuando el deseo y la volición subjetivista se establecen como el
fundamento de un derecho, como ocurre en ciertas concepciones de la autonomía
reproductiva, su conexión con el sistema de derechos se rompe. Esta alteración
se muestra en la lógica que subyace en la decisión de ciertas parejas DINK. En
varios casos, el deseo de no procrear y la facultad de materializarlo se
convierten en el núcleo mismo del derecho obstruyendo así cualquier canal de
comunicación con la procreación. Consecuentemente, el sistema se vuelve
incomprensible para el propio sujeto, es decir, estas parejas son incapaces de
reconocer o articular cómo las mejoras en su salud mental moldean e impactan
objetivamente en su autonomía reproductiva, o de siquiera avizorar un cambio en
su percepción sobre la procreación y la paternidad/maternidad.
El derecho, así concebido, se fundamenta en una preferencia individual
(“no quiero hijos”) que se asume estática y desvinculada. Su contenido deviene
puramente negativo que es el “derecho a no ser interferido en la decisión de no
tener hijos”. Al operar de este modo, la autonomía deja de ser una facultad
relacional para convertirse en un escudo defensivo que se blinda frente a la
influencia de otros derechos. El ejercicio de estos, como la búsqueda de la
salud mental, es susceptible de ser percibido no como una sinergia, sino como
una intromisión.
Este paradigma de autonomía reproductiva es incapaz de procesar el
cambio. Si una mejora en el bienestar mental conduce a una reconsideración de
la paternidad/maternidad, el modelo individualista lo interpreta no como el
florecimiento de una autonomía más plena, sino como una contradicción o una
traición a la preferencia original que el “derecho” debía blindar. El sujeto,
atrapado en este marco, no puede explicar su propia evolución, pues su
paradigma niega la posibilidad de que la autonomía sea un proceso dinámico y
vulnerable, intrínsecamente influido por el bienestar integral, y que la
procreación pueda convertirse en el bien protegido.
Ahora bien, esta vinculación de la salud mental con las decisiones
reproductivas no busca patologizar opciones de vida legítimas en una sociedad
plural, ni estereotipar a quienes optan por no tener hijos. Al contrario, el
propio paradigma liberal exige someter estas decisiones al escrutinio de la
agencia racional. Como advierte Feinberg, la autonomía genuina requiere la
ausencia de coacciones internas que vicien la voluntariedad. En este sentido,
la evidencia empírica demuestra que, en una pluralidad de casos, la decisión
radical de no tener descendencia está íntimamente asociada a fragilidades en la
salud mental y dinámicas disfuncionales. Investigaciones clínicas han
documentado que ciertas configuraciones familiares sin hijos presentan cuadros
de “desnutrición relacional” heredada –manifestada en parentalización
temprana, rechazo a la dependencia, violencia doméstica, abandono o agotamiento
emocional– donde la negativa a cuidar de un tercero responde a una necesidad no
resuelta de ser cuidados[115].
Asimismo, se observaron cuadros de ansiedad ante una responsabilidad perpetua y
la exigencia de la “maternidad intensiva y perfecta”[116].
Así las cosas, el Derecho no puede presumir una autonomía reproductiva
plena allí donde las condiciones psicológicas subyacentes operan como
coacciones internas que merman la capacidad del sujeto para ejercer una
voluntad genuina, independientemente de si la procreación es asumida o no como
un bien objetivo. Por tanto, vincular salud mental y autonomía reproductiva no es patologizar, es
verificar la estructura de la agencia. En cambio, ignorar la interdependencia
entre ambas no es un ejercicio de neutralidad estatal, sino una renuncia del
Derecho frente a decisiones estructuralmente defectuosas que el propio
paradigma liberal clásico consideraría inválidas.
En esta línea, debemos distinguir entre la aprehensión racional de un
bien básico y la obligación de perseguirlo. Cuando la salud mental se encuentra
comprometida por dinámicas traumáticas o disfuncionales, es clínicamente
esperable que la persona experimente un bloqueo afectivo o cognitivo que le
impida percibir, e incluso tolerar, la procreación y la crianza de forma
saludable. Sin embargo, advertir esta interdependencia no equivale a establecer
un mandato reproductivo. La restitución o el cuidado de la salud mental no
tiene como fin forzar la opción por la paternidad/maternidad, puesto que, en un
marco de bienes humanos inconmensurables, ninguna persona está moral ni
jurídicamente obligada a procrear.
Por el contrario, un modelo anclado en la indivisibilidad redefine la
autonomía no como la protección de una elección estática, sino como la
capacidad dinámica para un discernimiento auténtico sobre la procreación. Donde
el objetivo de garantizar la salud mental es disipar las coacciones internas
derivadas del trauma para permitir que la persona sea capaz de hacer una
valoración positiva y genuina de la procreación (como un bien en sí mismo). Una
vez mejorada esta sanidad integral, la persona posee la libertad para
estructurar su plan de vida, puede optar legítimamente por no ser padre o
madre, pero dicha elección ya no emanará de un rechazo patológico, de un trauma
no resuelto o de la incapacidad para reconocer el valor intrínseco de la vida,
sino del ejercicio de una autonomía robusta que, reconociendo el valor de la
procreación, decide libremente priorizar la consecución de otros bienes humanos
básicos.
6.3. La aplicación del modelo
La evidencia empírica sobre la separabilidad de los derechos humanos,
presentada por Nickel y otros autores, lejos de refutar la indivisibilidad, no
hace sino confirmar que en la periferia gradual de los derechos los Estados
pueden y deben priorizar. Es en este plano donde resulta factible que coexistan
la alta realización de unos derechos y la baja realización de otros. El error
de la tesis de la separabilidad, por tanto, no está en la observación fáctica
en sí misma, sino en la indebida generalización de esa observación al sistema
en su conjunto, ignorando la lógica necesaria y unitaria que gobierna el núcleo
indivisible de los derechos.
Así, mientras un Estado puede debatir legítimamente sobre el nivel de
cobertura de su seguro de desempleo (periferia del derecho a la seguridad
social), no puede sostener que la protección contra la inanición (núcleo del
derecho a la alimentación) sea separable del núcleo del derecho a no ser
torturado. La vulnerabilidad extrema que genera la primera socava
estructuralmente la garantía del segundo. Por tanto, este modelo sistémico
reconoce la realidad de la priorización en la periferia de los derechos al tiempo
que establece un límite normativo infranqueable en el núcleo de estos, como
exigencia directa de la dignidad humana. Por lo que, aceptamos la premisa
fáctica de Nickel, pero rechazamos su conclusión normativa.
Por otro lado, frente al segundo y acaso más peligroso desafío, la
erosión interna del sistema por la “ideología del deseo”, la indivisibilidad se
coloca como una barrera normativa. Entendida como un principio de coherencia
sistémica, opera como una barrera de contención contra la desvinculación y el
desbordamiento de los derechos. En el nexo específico entre autonomía
reproductiva y salud mental, la exigencia de coherencia del núcleo esencial
implica que cualquier interpretación de la primera que conduzca a resultados
que socaven la segunda es, ipso facto,
una interpretación que ha violado el principio de indivisibilidad.
Mediante
este principio es posible evitar que la autonomía reproductiva, justificada en
el mero deseo, devenga en la destrucción del bienestar, recuperando así su
unidad de propósito y su complementariedad efectiva. Si el individualismo ha
empobrecido el concepto de autonomía, reduciéndolo a una preferencia estática,
un enfoque sistémico revela que la verdadera autonomía es un proceso dinámico,
intrínsecamente ligado a nuestra vulnerabilidad y bienestar. Esta propuesta,
por tanto, no busca coartar la autonomía, sino liberarla de una concepción
empobrecedora. Se trata de redefinirla como una capacidad dinámica y relacional
que se nutre, en su núcleo, de la salud psíquica y el bienestar integral. Así,
la indivisibilidad no se presenta como una limitación externa o una enemiga de
la autonomía, sino como la condición de posibilidad que la hace sostenible y
verdaderamente humana.
7. Conclusiones
El aporte de este trabajo ha residido en la articulación de un modelo de
indivisibilidad, fundado sobre la distinción entre el núcleo esencial y la
periferia gradual de los derechos, capaz de ofrecer una respuesta a la doble
amenaza que hoy asedia al sistema de derechos humanos. Por un lado, este modelo
ofrece una respuesta al escepticismo empírico al integrar la realidad de la
priorización estatal y la coexistencia de distintos niveles de disfrute dentro
de una estructura normativa coherente. Por otro lado, se erige como un muro de
contención frente a la deriva individualista que amenaza con desvincular los
derechos, y específicamente la autonomía reproductiva, de su anclaje en una
dignidad compartida.
Este
modelo es importante tanto para la teoría como la práctica del DIDH. Con este
enfoque se rescata a la indivisibilidad de su condición de mero lema político
para convertirla en una herramienta hermenéutica y analítica de primer orden.
Al centrarse en el núcleo esencial, el modelo proporciona a los legisladores un
marco para la formulación de políticas públicas que sean efectivas y
respetuosas de la integridad del sistema; fortalece la justiciabilidad de los
derechos sociales al definir un umbral no negociable que, además, es
imprescindible para el disfrute de otros derechos; y ofrece a los jueces un
criterio más sólido para la interpretación sistemática. Ante un caso, el
juzgador deberá trascender el derecho presuntamente lesionado, para examinar
aquellos derechos de los que depende su realización, de tal forma que pueda
verificar el impacto que aquellos tuvieron en el derecho vulnerado y las
consecuencias de la violación en aquellos.
Es evidente que este enfoque no cierra el debate, más bien inicia uno
nuevo. Es necesario también que futuras investigaciones apliquen de forma
detallada la distinción núcleo-periferia para estudiar las formas en que los
derechos se sostienen unos a otros; especialmente en el caso de derechos
complejos, como los derechos de los migrantes o los derechos medioambientales.
En última instancia, un sistema de derechos humanos incapaz de neutralizar los
peligros externos y de suturar sus fracturas internas, no puede perdurar. La
indivisibilidad, entendida como coherencia sistémica, no es una opción entre
otras posibles; es su garantía de supervivencia.
8. Bibliografía
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·
Docente de tiempo completo en el Departamento de Derecho y Ciencia Política,
Universidad Católica San Pablo (UCSP). Dirección Postal: Urb. Campiña
Paisajista, s/n, Quinta Vivanco, Arequipa, 04001. Correo electrónico:
amelgar@ucsp.edu.pe. 0000-0001-9372-702X. Esta investigación ha sido
desarrollada gracias al financiamiento de la UCSP a través del concurso de
Proyectos de Investigación Interdisciplinar 2024, PII24-UCSP-15.
[1] Donde se utiliza por primera vez oficialmente el término indivisible. ONU, Proclamación de
Teherán, aprobada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos,
Teherán, 13 de mayo de 1968, párr. 13.
[2] Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Parágrafo I.5 de la Declaración
y Programa de Acción de Viena, A/CONF.157/23, Viena, 14-25 de junio de 1993.
[3] Para Donnelly, los derechos humanos son una
estructura indivisible en la cual el valor de cada derecho se ve incrementado
por la presencia de los otros. Cfr. Donnelly, J.; Universal Human Rights in
Theory and Practice, Segunda Edición, Estados Unidos: Cornell University, 1993, p. 27.
[4] Cfr.
Whelan, D. J.; “Untangling the Indivisibility, Interdependency and
Interrelatedness of Human Rights”, Working
paper 7, Estados Unidos, The Human Rights Center,
University of Connecticut, 2008, p. 10; De Beco, G.; “The indivisibility of
Human Rights and the Convention on the rights of persons with disabilities”. International and Comparative Law Quarterly,
68(1), 2019, pp. 141–160, p. 146; Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility:
Towards a Theory of Supporting Relations between Human Rights”, Human Rights Quarterly, 30(4), 2008, pp.
984-1001, p. 994; Soiffer, S. y Rowlands, D.;
“Examining the Indivisibility of Human Rights: A Statistical Analysis” Journal of Human Rights, 17(1), 2017,
pp. 89–106, p. 97.
[5] Soiffer, S. y Rowlands, D.; “Examining the
Indivisibility…”, cit., p. 89.
[6] Cfr. Finnis, J.; Ley Natural y Derechos Naturales, Buenos Aires: Abeledo-Perrot,
2000,
pp. 121-124; pp. 148-152 y pp. 184-188.
[7]
Ibidem, pp. 142-147.
[8] Cfr.
Rawls, J.; Liberalismo político, México: FCE, UNAM, 1995, pp. 171-203;
Cfr. Griffin, J.; On Human Rights, Oxford: OUP, 2008, pp. 31-37.
[9] Nickel, J.;
“Rethinking Indivisibility…”, cit., pp. 987-988.
[10]Coinciden: Whelan, D.
J.; Indivisible Human Rights: A History,
Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2010, p. 3; Goodhart, M.;
“Revisiting interdependence in times and terms of crisis”, Journal of Human Rights, 19(5), 2020, pp. 521-522. Según Craig Scott, la AGNU utiliza
ambos términos indistintamente.
Cfr. Craig, S.; "Interdependence and
Permeability of Human Rights Norms: Towards a Partial Fusion of the
International Covenants on Human Rights." Osgoode Hall
Law Journal, 27(3), York University, 1989, pp. 769-878, p. 779.
[11] Por ejemplo, el derecho a un juicio justo es parte del derecho al debido
proceso. Estas conexiones, aunque fuertes y necesarias, no abarcan a todos los
derechos. Nickel, J.;
“Rethinking Indivisibility…”, cit., pp. 987-988.
[12] Nickel, J.;
“Rethinking Indivisibility…”, cit., pp. 991-994.
[13] Nickel, J.;
“Rethinking Indivisibility…”, cit., p. 999.
[14] Nickel, J.;
“Rethinking Indivisibility…”, cit., p. 994.
[15] Nickel, J.;
“Rethinking Indivisibility…”, cit., pp. 994-995.
[16] Cfr. Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., p.
997.
[17] Cfr. Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”, cit., p.
985.
[18] Cfr.
Finnis, J.; Ley natural…, cit., pp. 241-250.
[19] Los
bienes humano básicos protegidos son inconmensurables;
ninguno es un mero medio para otro, ni puede reducirse a una métrica común. Cfr. Finnis, J.; Ley natural…, cit., pp.
142-147.
[20] Cfr. Carozza, P.;
“Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law”, 97
AJIL. 38, 2003, pp. 42-44.
[21] Cfr. Goodhart, M.; “Revisiting…”, cit.,
p. 522.
[22] Cfr. Goodhart, M.; “Revisiting…”, cit.,
p. 522.
[23] Cfr. Shue, H.; Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy,
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996, citado
por Goodhart, M.; “Revisiting…”, cit., pp. 522-523.
[24] Cfr. Ashford, E.; “The alleged dichotomy between positive
and negative rights and duties”, en Global Basic Rights, Beitz, C. R. y
Goodin, R. E. (eds.), Oxford, UK: Oxford University Press, 2009, p. 97.
[25] Cfr. Ashford, E.; “The alleged dichotomy…”, cit., pp.
94-96; Goodhart, M.; “Revisiting…”, cit., pp. 522-523.
[26] Ashford,
E.; “The alleged dichotomy…”, cit., pp. 94-96.
[27] Cfr. Goodhart, M.; “Revisiting…”, cit., pp. 523-524.
[28] Macías, J.; “Noble mentira” y bien
común: la justificación platónica del uso de la mentira como herramienta de
gobierno del filósofo”, Stylos,
Nº 20, 2011, p. 150. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/3959/1/noble-mentira-bien-comun-macias.pdf
[29] Cfr. Gilabert, P.; “The importance of linkage arguments for
the theory and practice of human rights: A response to James Nickel”, Human Rights Quarterly, 32(2), 2010, pp.
425–438, pp. 430, 435.
[30] Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 429.
[31] Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 429.
[32] Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 429.
[33] Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 429.
[34] Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 431.
[35] Gilabert,
P.; “The importance…”, cit., p. 430, 436.
[36]
"Supporting relations" Gilabert, P.; “The importance…”, cit., p. 429.
[37] Gilabert,
P.; “The importance…”, cit., pp. 430, 436.
[38]
Gilabert da un ejemplo sobre las escaleras de emergencia. Cfr. Gilabert,
P.; “The importance…”, cit., p. 435.
[39] Nickel recurre a la analogía de que
las manos de una persona son mutuamente útiles, pero no indispensables porque
la pérdida de una no anula la función de la otra; en cambio, el corazón y el
hígado son indispensables porque la falla de uno precipita el colapso del otro.
Nickel, J.
W.; “Indivisibility and Linkage Arguments: A Reply to Gilabert”, Human Rights Quarterly, 32 (2), 2010,
pp. 439-446, p. 442.
[40] Cfr. Nickel, J. W.; “Indivisibility…”, cit, p. 443.
[41] Nickel propone el
uso de los alicates domésticos como una analogía. Nickel, J. W.; “Indivisibility…”, cit, p. 443.
[42] Nickel, J.
W.; “Indivisibility…”, cit., p. 441.
[43] Nickel, J.
W.; “Indivisibility…”, cit, p. 444.
[44] “Some
children do receive at least a partial education, however, which supports the
implementation of other rights to some degree because these children, once
grown up, are more capable of understanding, using, and protecting their rights
and of assisting others in doing so.” Nickel, J. W.; “Indivisibility…”, cit, p. 445.
[45] Nuestra común humanidad y dignidad
son realidades encarnadas en cada modo de ser o de manifestarse el ser humano.
Cfr. Fernández Ruíz-Gálvez, E.; “Derechos humanos: ¿Yuxtaposición o
integración?”, Anuario de filosofía del derecho, ISSN 0518-0872, Nº 13-14, 1996-1997, pp. 679-702, p. 694.
[46] Cfr. Fernández Ruíz-Gálvez, E.;
“Derechos humanos…”, cit., p. 694.
[47] Cfr. Meyer-Bisch, P., “Le corps des
droits de I‘homme”, Suisse: Fribourg, Editions Universitaires, 1992, pp. 121 ss. citado por Fernández
Ruíz-Gálvez, E.; “Derechos humanos…”, cit., pp. 693-695; Cfr. Ribeiro, R.;
“Derechos Humanos, apuntes a la luz de Pedro Nikken”, Revista
Instituto Interamericano de Derechos
Humanos,
ISSN 1015-5074, Nº. 71,
2020, pp.
167-192, p. 177.
[48] “No
existe una división simple o autorizada de los derechos humanos en general ni
de los derechos de la Convención en dos categorías” (Comité de los Derechos del
Niño, Observación general Nº 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del
Niño, 27 de noviembre de 2003, CRC/GC/2003/5, párrafo 6).
[49] Cfr. Alston,
P.; “Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights”, UN. Human Rights
Council, 28 April 2016, A/HRC/32/313, párr.
63.
[50] Cfr. Fernández Ruíz-Gálvez, E.;
“Derechos humanos…”, cit., p. 699.
[51] Cfr.
Pérez Luño, A. E.; Los derechos
fundamentales, Madrid: Tecnos, 6 ed.,1995, p. 134.
[52] Cfr. Mihr, A. y Gibney, M.; The SAGE handbook of human rights. Los Angeles: SAGE, 2014, p. 123.
[53] García Ramírez, en su voto razonado
a la OC 18/2003 de la Corte IDH, 17 de septiembre de 2003, “Condición jurídica y derechos de
los migrantes indocumentados” voto razonado de García Ramírez, párr. 27.
https://www.refworld.org/es/jur/jur/corteidh/2003/es/130574
[54] Cfr. Fernández Ruíz-Gálvez, E.; “Derechos
humano…”, cit., p. 698. Cfr. Rishmawi, M.; A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the
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humanos: Una guía conceptual, México, Instituto Belisario Domínguez, Senado
de la República, 2014, p. 105.
[55] De Beco, G.;
“The indivisibility…”, cit., p. 149.
[56] De Beco,
G.; “The indivisibility…”, cit., p. 145.
[57] Soiffer, S. y Rowlands, D.; “Examining the
Indivisibility…”, cit., p. 92.
[58] De Beco, G.; “The indivisibility…”, cit., p. 146.
[59] Serrano, S. y Vásquez, D.; Los derechos humanos…, cit., pp. 29-30.
[60] Serrano, S. y Vásquez, D.; Los derechos humanos…, cit., pp. 29-30.
[61] Fernández Ruíz-Gálvez, E.;
“Derechos humanos…”, cit., p. 700.
[62] Nickel menciona, por ejemplo, las
cláusulas de suspensión introducidas por el CEDH, el PIDCP y la CADH, todos los
cuales permiten que algunos derechos, pero no otros, puedan suspenderse
temporalmente durante ciertas situaciones de emergencia. Cfr. Nickel, J.; “Rethinking Indivisibility…”,
cit., p. 996.
[63] Según Gilabert, dichas normas no
tendrían sentido a menos que se considerara que algunos derechos tienen
prioridad sobre otros. Cfr. Gilabert, P.; “The importance…”,
cit., p. 433
[64] Gilabert,
P.; “The importance…”, cit., p. 433
[65] Nickel, J.;
“Rethinking Indivisibility…”, cit., p. 995.
[66] Cfr. Fernández Ruíz-Gálvez, E.; “Derechos
humanos…”, cit., p. 700.
[67] Castillo Córdova, L.; “El significado del contenido
esencial de los derechos fundamentales”, Foro
Jurídico, (13), 2014, pp. 146-147. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13783
[68] El contenido de los derechos recibe
de su fundamento un carácter coexistencial y
relacional determinante. Cfr. Cianciardo, J.; “Los
límites de los derechos”, Dikaion, 10, 2001, pp. 53-73, p. 72.
[69] Cfr. Castillo
Córdova, L.; “El significado del contenido esencial de los derechos
fundamentales”, Foro Jurídico, (13),
2014, pp. 143–154, pp. 148.
[70] Existen conductas materialmente
expresivas que, sin embargo, no forman parte del ámbito jurídicamente protegido
del derecho a la libre expresión. Cfr. Martínez-Pujalte, A.-L. “Ámbito material
de los derechos fundamentales, dimensión institucional y principio de
proporcionalidad. STC 136/199, de 20 de julio”. Persona y Derecho, 54, pp.
75-116, p. 77.
[71] Ballesteros, J.; “El individualismo
como obstáculo a la universalidad de los derechos humanos”, Persona y derecho, ISSN 0211-4526, Nº. 41, 1999, pp. 15-28, p. 16.
[72] Ver Cotta, S.; La coexistencialidad ontológica como
fundamento del derecho. En Persona y
Derecho. 9, 1982, pp. 13-18, p. 17.
[73] La cultura de la separación como la
llama Ballesteros, J.; “El individualismo…”, cit., p. 16.
[74] Cita a Kant para ilustrar esta
visión que exige ser "su propio señor" y tener propiedad para ser
sujeto de derecho, excluyendo a quienes necesitan tutela. Ballesteros, J.; “El
individualismo…”, cit., p. 18.
[75] Ballesteros, J.; “El
individualismo…”, cit., p. 18.
[76] Kant, I.; Fundamentación
de la metafísica de las costumbres (M. García Morente, Trad.). Alianza Editorial, 1785/2012, Ak. IV, 429-440.
[77] Feinberg, J.; Harm to Self:
The moral limits of the Criminal Law, Vol. 3, OUP, New York, 1986, pp. 27-
142.
[78] El deseo de
reproducirse genera un derecho a usar cualquier medio tecnológico no coactivo
para lograrlo. Con ese argumento, Robertson eleva el deseo de ser padre/madre a
un estatus casi supremo que invisibiliza el tejido relacional de la filiación,
convirtiendo la tecnología médica y los gametos en instrumentos al servicio del
yo, desdibujando la frontera entre la persona y el producto biotecnológico. Cfr. Robertson,
J.; Children of choice: Freedom and the New Reproductive Technologies,
PUP, Princeton, 1994, pp. 3-44.
[79] Se instituye la
voluntad procreacional como la única fuente creadora
de la filiación paterno/materno-filial y con ello se
consolida una visión contractualista e individualista de la familia. Así, el
“yo quiero ser padre” se vuelve performativo creando realidad jurídica por sí
solo. Esto separa fácticamente los derechos de la base material/ontológica, que
es el núcleo de nuestra crítica. Cfr. Lamm, E.; Gestación por sustitución.
Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres, Universitat de Barcelona,
Barcelona, 2013, pp. 31-57.
[80] Gómez Montoro, A.; “Autonomía
reproductiva”, en Benavente Moreda, P. (coord.); Mujeres y derechos, Madrid: Marcial Pons, 2020, p. 73
[81] Cfr. Gómez Montoro, A.;
“Autonomía…”, cit., p. 74.
[82] Bachiochi, E.;
“Embodied Equality: Debunking Equal Protection Arguments for Abortion Rights”. Harvard
Journal of Law and Public
Policy, 34, pp. 890 - 950, pp.
893-95.
[83] Smolin, D.
M.; “Why Abortion Rights are not
Justified By Reference to Gender Equality: A Response
to Professor Tribe”, J. Marshall L. Rev.,
621 (23), 1990, p. 639.
[84] Visto como “campo de
concentración”. Cfr. Ballesteros, J.; “El paso…”, cit., p. 17.
[85] Cfr. Nussbaum, M.; Women
and Human Development: the capabilities approach, CUP, Cambridge, 2000, pp.
34-110.
[86] Estos argumentos
presuponen la tradición teleológica o del perfeccionismo moral de raigambre
aristotélica, cuya defensa exhaustiva excede los propósitos y los límites de
este trabajo. Bajo este paradigma, los derechos y las libertades no se conciben
como fines en sí mismos, ni como meros instrumentos para la satisfacción del
principio de deseo o de preferencias subjetivas emancipadas de un orden
racional. Por el contrario, se justifican normativamente en tanto constituyen
condiciones necesarias para la consecución de bienes humanos básicos e
intrínsecamente valiosos. Para una defensa contemporánea de esta
fundamentación, resultan importantes los trabajos de Robert P. G.; Making Men Moral. Civil liberties and public morality, Oxford: OUP, 1993 y de Simón Yarza, F.; Entre
el deseo y la razón. Los derechos humanos en la encrucijada. Madrid: Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2017. Para revisar las objeciones a
esta postura desde el liberalismo “antiperfeccionista”
puede acudirse a autores como Atienza, M.; El sentido del Derecho,
Barcelona: Ariel, 2001 o MacCormick, N.; Practical
reason in Law and Morality,
Oxford: OPU, 2008.
[87] Ver Melgar Rimachi, A.; “Las
técnicas de reproducción humana asistida y su desvinculación del derecho a la
salud y autonomía reproductivas”, Revista
Chilena De Derecho, 51(2), 2024,
pp. 99–129. https://doi.org/10.7764/R.512.4
[88] Ver Melgar Rimachi, A. A. y Meza
Perochena, A C.; “Del vínculo humano-animal a la decisión parental: salud
mental, autonomía y reevaluación de la paternidad/maternidad en parejas DINK” [Manuscrito presentado para su publicación], 2025.
[89] Cfr.
Ballesteros, J.; “El individualismo…”, cit., p. 19.
[90] “El hombre es en cuanto es en
relación con los otros, la relación es el elemento constitutivo radical de la
existencia humana”. Ballesteros, J.; “El paso…”, cit., p. 19.
[91] Cfr.
Chodorov, Nancy, El ejercicio de la
maternidad, Barcelona: Gedisa, 1984, citada por Ballesteros, J.; “El
individualismo…”, cit., p. 20.
[92] Cfr.Ballesteros, J.; “El individualismo…”, cit., p. 25.
[93] Cfr. Maccormick, N.; Derechos de los niños, AFD 1988, p. 293
ss., citado por Ballesteros, J.; “El individualismo…”, cit., p. 22.
[94] Todos somos vulnerables, pero nadie
lo es exactamente del mismo modo. Cfr. Chavez-Fernández Postigo, J.;
“Vulnerabilidad y dignidad: un diálogo con la teoría de Martha Fineman”, Díkaion, 32(1), 2003, p. 21. https://doi.org/10.5294/dika.2023.32.1.18
[95] Cfr. Melgar Rimachi, A. A.; Mitos y
verdades de la Reproducción Humana Asistida. Un estudio de la percepción
arequipeña sobre las TERAS, Prudentia
Iuris, (98), 2024, p. 21. https://doi.org/10.46553/prudentia.98.2024.2
[96] Abreviatura en inglés de “Double Income, No Kids” (doble ingreso,
no hijos).
[97] Algunos
autores consideran que la autonomía reproductiva comprende el derecho a no
tener hijos. Cfr. De Barbieri, T.; “Derechos reproductivos y sexuales.
Encrucijadas en tiempos distintos”, Revista
Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales, 62(1), pp.
45-59, p. 54. Otros insisten en que este derecho comprende la opción por la
procreación. Cfr. Vega Gutiérrez, A. M.; Los “derechos reproductivos” en la
sociedad postmoderna: ¿una defensa o una amenaza contra el derecho a la vida?,
1998, en Vidal Martínez, J. (Coord.), Derechos
reproductivos y técnicas de reproducción asistida, Granada: Biblioteca de
Derecho y Ciencias de la vida, pp. 1-52, p. 17; Elósegui
Itxaso, M.; Diez temas de género. Hombre
y mujer ante los derechos productivos y reproductivos. Madrid: Ediciones
Internacionales Universitarias, 2002, p. 136.
[98] Cfr. Finnis, J.; Ley Natural…, cit., p.117.
[99] Los
bienes básicos pueden ser considerados como bienes comunes en la medida en que
“son buenos para todas y cada una de las personas” y cada uno de ellos “puede
ser participado por un número inagotable de personas en una variedad inagotable
de formas o en una variedad inagotable de ocasiones”. Finnis, J.; Ley Natural…, cit., p. 184.
[100] “La vida-en-su-transmisión”.
Finnis, J.; Ley Natural…, cit., p.
118.
[101] Siempre
que los medios empleados no vulneren el núcleo esencial de otros derechos
humanos.
[102] El deseo de no tener hijos no es
una razón suficiente para considerarlo un derecho.
[103] Podríamos decir que esta libertad
negativa no forma parte del ámbito jurídicamente protegido ni del ámbito
material de la autonomía reproductiva. Cfr. Martínez-Pujalte, A.-L. “Ámbito
material…”, cit., p. 79. Cfr. Serna, P. y Toller, F., La interpretación constitucional de los derechos fundamentales,
Buenos Aires: La Ley, 2000, p. 65.
[104] Factores como la genética, la
propensión individual a enfermedades y los estilos de vida poco saludables
escapan al control de los Estados. Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Observación General número
14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (E/C.12/2000/4,
CESCR), 11 de agosto de 2000, párr. 4, 8 y 9.
[105] Cfr. Marcos del Cano, A. M.,
“Derecho a la protección de la salud: Delimitación y alcance en el contexto
actual”, en Marcos del Cano, A. M. (dir.), El derecho a una asistencia sanitaria para
todos: Una visión integral, Madrid: Dykinson, 2017, p. 27.
[106] Fernández Ruiz-Gálvez, E.;
“Condicionantes sociales de la salud: Una cuestión de justicia distributiva”, Derechos Humanos y Bioética, 2017, pp.
1-10, p. 2. https://derechoshumanosybioetica.org/condicionantes-sociales-saludencarnacionfernandez.pdf
[107] Martínez
Part, S., “Derecho a la salud: competencia pública/privada”, en Fernández
Ruiz-Gálvez, E. y Garibo Peyró, A. P.; El
futuro de los derechos humanos, Valencia: Tirant lo blanc,
2016, p. 137.
[108] Cfr. Fernández Gálvez-Ruíz, E.; “La
salud como capacidad global y el reto de la equidad”, Derechos y Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos
humanos, n. 41, junio 2019, pp. 83-115, p. 98.
[109] Cfr.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 14: El derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud (E/C.12/2000/4, CESCR), 11 de agosto de 2000, párr.
8.
[110] Cfr. Talavera Fernández, P.; “El
actual paradigma subjetivista de la salud y sus repercusiones en su
configuración como derecho humano y su cobertura universal”, en Santos, J. A.,
Albert, M., Hermida, C. (Eds.), Bioética
y nuevos derechos, Granada: Comares, 2016, pp. 105-132. p. 115.
[111] Añon, M.J.; Necesidades y derechos, Madrid: CEC, 1994, pp. 61-69, citado en
Cfr. Talavera Fernández, P.; “El actual…”, cit., p. 115.
[112] El Comité CEDAW reconoce que una de
las formas y consecuencias de la violencia de género es el daño o sufrimiento
psicológico, afectando la capacidad de decisión y actuación de la víctima.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación
general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la
que se actualiza la recomendación general núm. 19, 26 de julio de 2017, CEDAW
/C/GC/35, Párr. 14. https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf.
[113] O presupuesto primario e
indispensable para el ejercicio real y pleno de la autonomía reproductiva.
[114] Cfr. Gable,
Lance and Gostin, Lawrence O., Mental Health as a Human Right (June 18, 2009).
SWISS HUMAN RIGHTS BOOK, Vol. 3, pp. 249-261, Rüffer
& Rub, 2009, Wayne State University Law School Research Paper No. 09-15, p.
250. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1421901.
[115]
Cárdenas-Medina, M. A., et al.; “Dinámica relacional de familias que deciden no
tener descendencia”, Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 7(1),
2015, pp. 143-162. https://revistas.udea.edu.co/index.php/psicologia/article/view/25268;
Correa Ramírez, C., et al.; “La decisión de no ser padres: motivaciones desde
la trayectoria vital y personal de la pareja”, Revista Virtual Universidad
Católica del Norte, (70), 2023, pp. 121-154. https://www.doi.org/10.35575/rvucn.n70a6
[116]
González Hincapié, V., & López López, M. T.;
“¿Aplazando la llegada del primer hijo? Un estudio cualitativo sobre las
percepciones en torno al retraso de la fecundidad”, Revista De Sociología, 106(2),
2021, pp. 221–253. https://doi.org/10.5565/rev/papers.2735