La digitalización de los Registros civiles y la circulación internacional de sus certificaciones: regulación internacional y europea

Este trabajo se enfrenta a los desafíos legales y a los problemas que suscita la actual tendencia hacia la digitalización de la Justicia y, en particular, de los Registros civiles; así como las dificultades y obstáculos normativos que esta realidad genera para la circulación transfronteriza de los certificados que estos emiten en formato digital (y, por tanto, la movilidad internacional de las personas), en un contexto altamente internacionalizado. En su apartado I se describe la tendencia normativa y ya realidad existente desde una perspectiva comparada -europea y extraeuropea- hacia la digitalización de la administración de Justicia y de los Registros civiles -como, en el caso español, sucede con el sistema DICIREG-. Una loable tendencia, por los beneficios que se derivan de su empleo (en términos de eficacia y eficiencia), pero que desde la perspectiva internacional-privatista genera numerosos obstáculos, que se concretan tanto en un efecto “cuello de botella” o de doble inscripción a los que conlleva. Fundamentalmente por las disparidades técnicas y regulatorias con los que se acometen estas propuestas de un estado a otro. Así pues, tras esta constatación, el estudio se enfrenta críticamente a las distintas iniciativas -convencionales y desde la Unión Europea- que se han acometido para tratar de facilitar la circulación transfronteriza de este tipo de certificados emitidos en formato digital. Por un lado, desde una óptica convencional, los apartados II y III analizan los esfuerzos regulatorios desde la Conferencia de La Haya y la Comisión Internacional para el Estado Civil (CIEC). En relación con la primera, tras observar las limitaciones del Convenio de 1961, se valora el Programa de la apostilla electrónica (e-App), advirtiendo que existe un amplio margen de mejora en su funcionamiento en el ámbito analizado. Algo similar sucede en relación con el juego de -tras la publicación de los pioneros Recomendación núm. 8 y el Convenio núm. 25 de la CIEC- los Convenios núm. 30 (relativo a la comunicación por vía electrónica) y 33 (relativo al uso de la Plataforma de la Comisión Internacional del Estado Civil para la comunicación internacional de datos de estado civil por medios electrónicos). Aunque, en este caso, el problema no se refiere tanto a las limitaciones que presenta el sistema, sino al escaso nivel de ratificaciones e inutilización de la mencionada plataforma. Llegado a este punto, el apartado IV se enfrenta al análisis del marco europeo, dominado por el Reglamento (UE) núm. 2016/1191, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, plenamente aplicable a las situaciones examinadas desde 2019. Una evaluación, al respecto de la circulación intracomunitaria de los certificados emitidos desde los registros civiles, donde se encuentran ciertas luces (al dotar a los Estados de una normativa y formularios multilingües en formato digital uniformes, basada en el principio de confianza, con garantía de derechos y datos personales), pero también llamativas sombras (al constituir un sistema limitado, inacabado e incompleto que permite una indeseable fragmentación normativa), que no acaba de eliminar los riesgos antes mencionados. Por todo ello, el trabajo aboga en su apartado V de conclusiones, por la colaboración -técnica y normativa- entre las distintas instituciones que se encuentran trabajando en este ámbito (por lo que a nosotros respecta, principalmente entre la CIEC la UE), para poder adaptar con éxito el marco normativo vigente a las exigencias que se derivan de la creciente circulación transfronteriza de certificados digitales en el ámbito del estado civil -en términos de favorecer la movilidad internacional, la seguridad y respecto a los derechos fundamentales-.