Revisión del art.13 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana a la luz de los compromisos internacionales de España en materia de discapacidad

El capítulo analiza la necesidad de revisar el artículo 13 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana a la luz de los compromisos internacionales asumidos por España tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de 2006. La autora subraya que la Convención no crea derechos nuevos, sino que obliga a los Estados a garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos humanos en igualdad de condiciones. Esto implica no solo reformas legislativas, sino también cambios profundos en el lenguaje jurídico, en las políticas públicas y en la concepción social de la discapacidad. El texto destaca que tanto la Constitución Española como el Estatut mantienen formulaciones ancladas en el modelo médico-rehabilitador, empleando términos como “disminuido” o “afectado”, y concibiendo a las personas con discapacidad como sujetos pasivos que requieren previsión, tratamiento o integración. Estas expresiones contradicen el enfoque de la CDPD, que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, titulares de autonomía y partícipes activos en la sociedad. Además, la autora recuerda que el Estatut obliga a la Comunitat Valenciana a ejecutar los tratados internacionales ratificados por España, lo que hace aún más urgente la reforma del artículo 13. El capítulo ofrece un análisis comparado de constituciones de distintos países, mostrando cómo muchas mantienen referencias desactualizadas o insuficientes, mientras que otras —como México— avanzan hacia un enfoque inclusivo, basado en la accesibilidad, los apoyos y la eliminación de barreras. Este recorrido evidencia que la adecuación normativa es un desafío global, pero también una oportunidad para redefinir la manera en que las sociedades entienden la discapacidad. Finalmente, la autora sostiene que la reforma del artículo 13 es imprescindible para alinear el marco autonómico con la CDPD y con los avances legislativos recientes en España, especialmente la reforma civil y procesal de 2021 que elimina la incapacitación y apuesta por sistemas de apoyo personalizados. Actualizar el Estatut permitiría coherencia interna, cumplimiento internacional y un reconocimiento real de la inclusión como principio estructural.