El eje central de este estudio consiste en analizar la regulación normativa de la modalidad procesal de impugnación del despido colectivo, así como las principales dudas interpretativas que su aplicación genera. Con ello, se pretende, determinar si el legislador ha logrado el objetivo perseguido por la reforma del régimen jurídico del despido colectivo, a saber, una mayor seguridad jurídica, una menor ralentización del procedimiento, y, en consecuencia, la tan pretendida celeridad proclamada por la reforma y la concreción de la causa, y, por ende, una menor judicialización respecto de esta. Pues bien, en el capítulo primero, como paso previo necesario para conocer los elementos de la configuración del proceso de impugnación, se aborda instrumentalmente el estudio de la institución jurídico laboral del despido colectivo, centrado fundamentalmente en la causa económica, pues aunque cada causa concreta tiene su propia delimitación conceptual, la causa económica se configura como el eje principal sobre el que pivotan el resto de causas, pudiéndose concluir, que las causas técnicas, organizativas o de producción, son dependientes principalmente, desde el punto de vista de su funcionamiento y operatividad, de la causa económica. Por ello, la utilización del término “causas económicas” o “despido económico” es muy frecuente, debido principalmente, a que todas ellas se subsumen en la causa económica, utilizando el plural de esta, para referirse a todas las restantes, incluyéndolas en la misma especie. Asimismo, se aborda  el estudio y análisis de la desaparición de la autorización administrativa, analizando el papel del intervencionismo administrativo, así como del control judicial de los despidos colectivos derivado de la desaparición de la autorización administrativa, estudio en el que se analizar n los distintos juicios concurrentes a efectos de la calificación del despido. Por último, se aborda el análisis de las causas justificativas del despido colectivo, así como su ámbito numérico, temporal y espacial, y el periodo de consultas, para concluir con la comunicación individual del despido colectivo y la comunicación de este a la autoridad laboral. En el capítulo segundo, como eje central de este estudio, se analiza la modalidad procesal de impugnación del despido por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, regulado en el artículo 124 LRJS. En este capítulo se tratarán los aspectos generales, que comprenden nueve grandes apartados: la normativa reguladora y su evolución, el objeto del proceso, la competencia, la legitimación, el carácter urgente del proceso, la tramitación del proceso, el desarrollo y la finalización del mismo, así como la ejecución de la sentencia. En el capítulo tercero se aborda el estudio y análisis de la impugnación individual del despido colectivo, pues la sentencia que recaiga en el proceso colectivo tendrá efectos de importante calado en los procesos que posteriormente se tramiten a través del procedimiento establecido en los art culos 120 a 123 LRJS, con las especialidades previstas en el art culo 124.13 LRJS. Y es que, el tratamiento de la impugnación individual de un despido colectivo constituye uno de los puntos que presenta mayores dudas interpretativas, convirtiéndose, además, en el “último eslabón de la tramitación procesal del despido colectivo”. En efecto, al margen de las acciones colectivas, los trabajadores individuales también pueden impugnar estas decisiones empresariales, y la reforma de la LRJS operada por el RD Ley 3/2012 (posteriormente Ley 3/2012), ha contemplado los cauces para esas acciones, reconduciendo, como era absolutamente lógico una vez desaparecida la autorización administrativa, las acciones individuales frente al despido colectivo a la modalidad procesal prevista para la impugnación de las extinciones por causas objetivas (arts. 120 a 123 LRJS), pues en el fondo eso es lo que son, y de ahí  la equiparación que se produce en el tratamiento sustantivo y procesal del supuesto. El capítulo cuarto aborda el estudio y análisis de la impugnación del despido colectivo cuando la empresa se encuentra en situación de concurso de acreedores, siendo necesaria la autorización del Juez del concurso para poder proceder a la extinción colectiva de los contratos de trabajo. Cabe destacar que, dada la singularidad de este procedimiento y la reciente modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal por el RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal, se realiza el estudio tanto desde la perspectiva procesal como sustantiva, con la finalidad de facilitar la comprensión de esta institución, en la medida en que la competencia del Juez del concurso comprende la autorización de la resolución de los contratos de trabajo, atribuida al empresario tras la reforma laboral de 2012 y la desaparición de la autorización administrativa. El tratamiento de la impugnación de los despidos colectivos por fuerza mayor, para los que se sigue manteniendo la exigencia de autorización administrativa mediante resolución de la autoridad laboral, que constate la existencia de la causa alegada por la empresa como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo, se aborda en el capítulo quinto. Y es que, el acaecimiento de la fuerza mayor ha de ser constatado por la autoridad laboral cualquiera que sea el número de trabajadores afectados.

The central axis of this study consists of analyzing the normative regulation of the procedural modality of contesting collective dismissal, as well as the main interpretative doubts that its application generates. With this, it is intended to determine if the legislator has achieved the objective pursued by the reform of the legal regime of collective dismissal, namely, greater legal certainty, less slowdown of the procedure, and, consequently, the much sought speed proclaimed by the reform and the concretion of the case, and, therefore, less judicialization regarding it. Well, in the first chapter, as a necessary preliminary step to know the elements of the configuration of the challenge process, the study of the labor legal institution of collective dismissal is instrumentally addressed, fundamentally focused on the economic cause, because although each specific cause has its own conceptual delimitation, the economic cause is configured as the main axis on which the rest of the causes pivot, being able to conclude that the technical, organizational or production causes are mainly dependent, from the point of view of its operation and operability, of the economic cause. For this reason, the use of the term "economic causes" or "economic dismissal" is very frequent, mainly due to the fact that all of them are subsumed in the economic cause, using the plural of this, to refer to all the rest, including them in the same species. Likewise, the study and analysis of the disappearance of the administrative authorization is addressed, analyzing the role of administrative interventionism, as well as the judicial control of collective dismissals derived from the disappearance of the administrative authorization, a study in which the different concurrent trials for the purpose of qualifying the dismissal. Finally, the analysis of the justifying causes of the collective dismissal is addressed, as well as its numerical, temporal and spatial scope, and the consultation period, to conclude with the individual communication of the collective dismissal and the communication of this to the labor authority. In the second chapter, as the central axis of this study, the procedural modality of contesting the dismissal for economic, organizational, technical or production reasons, regulated in article 124 LRJS, is analyzed. This chapter will deal with the general aspects, which comprise nine large sections: the regulatory regulations and their evolution, the object of the process, the competence, the legitimacy, the urgent nature of the process, the processing of the process, the development and completion of the itself, as well as the execution of the sentence. The third chapter deals with the study and analysis of the individual challenge of the collective dismissal, since the sentence that falls in the collective process will have important effects on the processes that are subsequently processed through the procedure established in articles 120 to 123 LRJS, with the specialties provided for in article 124.13 LRJS. And it is that, the treatment of the individual challenge of a collective dismissal constitutes one of the points that presents greater interpretative doubts, becoming, in addition, in the "last link of the procedural processing of the collective dismissal". Indeed, aside from collective actions, individual workers can also challenge these business decisions, and the reform of the LRJS operated by RD Law 3/2012 (later Law 3/2012), has contemplated the channels for these actions, redirecting, as was absolutely logical once the administrative authorization disappeared, the individual actions against the collective dismissal to the procedural modality foreseen for the challenge of the terminations for objective reasons (arts. 120 to 123 LRJS), because basically that is what that they are, and hence  the comparison that occurs in the substantive and procedural treatment of the assumption. The fourth chapter deals with the study and analysis of the contestation of collective dismissal when the company is in a situation of insolvency proceedings, the authorization of the Judge of the insolvency being necessary to proceed with the collective termination of employment contracts. It should be noted that, given the uniqueness of this procedure and the recent modification of Law 22/2003, of July 9, Bankruptcy by Legislative RD 1/2020, of May 5, which approves the Consolidated Text of the Bankruptcy Law, the study is carried out both from the procedural and substantive perspective, in order to facilitate the understanding of this institution, to the extent that the competence of the Judge of the bankruptcy includes the authorization of the resolution of employment contracts, attributed to the employer after the labor reform of 2012 and the disappearance of the administrative authorization. The treatment of the challenge of collective dismissals due to force majeure, for which the requirement of administrative authorization continues to be maintained through a resolution of the labor authority, which confirms the existence of the cause alleged by the company as a motivating cause for the termination of the employment contracts, is addressed in the fifth chapter. And it is that, the occurrence of force majeure must be verified by the labor authority regardless of the number of workers affected