En el sector del comercio electrónico de la UE, los consumidores han visto en multitud de ocasiones obstaculizadas las transacciones en línea cuando intentaban adquirir el producto o contratar el servicio de un comerciante situado en otro Estado miembro debido a la técnica del bloqueo geográfico. Conocedor de ello, el legislador vela por la represión de las prácticas discriminatorias en las transacciones comerciales en la UE; esto es, por que no se den situaciones en las que no exista una justificación objetiva para el trato diferente por razón de la nacionalidad, de la residencia o del lugar de establecimiento (incluidos criterios indirectos como la dirección IP o los datos de pago) del cliente en relación con la compraventa de productos y la prestación de servicios en la UE porque dificulta el potencial del comercio electrónico transfronterizo y reprime el pleno uso del mercado único digital. En efecto, este trato diferente no justificado es el que procura eliminar el RBGI, de aplicación desde el pasado 3 de diciembre de 2018. Buena prueba es la multa impuesta por la Comisión Europea al grupo hotelero español Meliá de 6.7 millones de euros por incluir en sus contratos con los operadores turísticos cláusulas restrictivas, que discriminaban entre los consumidores del Espacio Económico Europeo (EEE) en función de su lugar de residencia, infringiendo la normativa europea de defensa de la competencia . Así pues, el RBGI contribuye indudablemente en la formación del mercado interior en línea, adapta las libertades básicas al consolidado escenario digital para impulsar la economía digital, aumentar la libre competencia y las opciones de los consumidores en todo el mercado interior de la UE . Con todo, algunos aspectos de este instrumento pueden crear una fricción con el Derecho internacional privado (o Dipr.).

In the EU e-commerce sector, consumers have often been hindered in online transactions when trying to purchase the product or contract the service from a trader located in another Member State due to geo-blocking. In recognition of this, the legislator ensures that discriminatory practices in commercial transactions in the EU are prohibited, i.e. that there are no situations where there is no objective justification for different treatment on the basis of the nationality, residence or place of establishment (including indirect criteria such as IP address or payment details) of the customer in relation to the purchase of products and provision of services in the EU because it hampers the potential of cross-border e-commerce and stifles the full use of the digital single market. Indeed, it is this unjustified different treatment that the GDPR, which has been in force since 3 December 2018, seeks to eliminate. Proof of this is the fine imposed by the European Commission on the Spanish hotel group Meliá of 6.7 million euros for including restrictive clauses in its contracts with tour operators, which discriminated between consumers in the European Economic Area (EEA) on the basis of their place of residence, in breach of European antitrust rules. Thus, the GDPR undoubtedly contributes to the formation of the online internal market, adapts the basic freedoms to the consolidated digital landscape to boost the digital economy, increase free competition and consumer choice throughout the EU internal market. However, some aspects of this instrument may create a friction with private international law (or Dipr.).