El presente trabajo analiza las medidas legislativas que se obligan a adoptar los Estados parte en el Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia de 2003 para homogeneizar la legis- lación penal sobre la difusión de «material racista y xenófobo» en internet tipificando como delito determinadas conductas contra personas o grupos por razón de su raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico o religión, tratando en primer lugar las cuestiones interpretativas que plantea su redacción y que han sido abordadas por el Informe explicativo. A continuación se estudian los pro- blemas que plantea la aplicación de los criterios que resultan del Protocolo al llamado «discurso del odio» en las redes sociales: la intencionalidad de la conducta y de los efectos de la difusión teniendo en cuenta las especificidades de las redes sociales; la publicidad intencional de la conducta, que se deslinda de las comunicaciones privadas no penalizables por la predeterminación del destinatario, con los problemas que se plantean cuando el destinatario es un grupo de personas; y la definición del material racista y xenófobo que propugna, promueve o incita al odio, la discriminación y la violencia, por remisión a los instrumentos internacionales en los que la incitación es un elemento clave de forma que se incorpora como requisito implícito adicional el «riesgo inminente» según el conocido estándar norteamericano. Finalmente, se examina cómo algunos de estos criterios -en particular, la doctrina del «riesgo inminente»- han sido aplicados en una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2018 sobre el discurso del odio en internet.