En los últimos 20 años los tribunales internacionales de protección de los derechos humanos (CIDH y TEDH) han elaborado una doctrina según la cual de estos derechos emanan obligaciones positivas para el Estado, que debe protegerlos eficazmente frente a agresiones de terceros, incluyendo la tutela a través del Derecho penal. Al mismo tiempo, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo los Estados vienen adoptando a partir del 11/09/2001 medidas penales que limitan drásticamente los derechos fundamentales en aras de garantizar seguridad a los ciudadanos, una seguridad que cada vez más tiende a concebirse como un derecho, y en la que las fronteras antes nítidas entre seguridad interior y exterior están cada vez más difuminadas. La concepción de los derechos humanos como fuentes de obligaciones positivas de tutela penal, aunque animada por loables intenciones de proteger a colectivos vulnerables frente a la inacción arbitraria de los Estados, puede sin embargo terminar siendo instrumentalizada por los Estados para incrementar sin límites la intensidad de la coerción penal, particularmente en el ámbito del terrorismo, y por tanto no en favor de los derechos humanos de colectivos vulnerables, sino en detrimento de los derechos fundamentales de libertad de todos los ciudadanos.

In the last 20 years the International Courts of Human Rights (IACHR and ECHR) have established that these rights generate positive obligations for the State, who has to protect them effectively from third party aggressions, an obligation that includes using the criminal law. At the same time, in the fight against terrorism States have adopted since 9/11 criminal law provisions that severely limit fundamental rights in order to safeguard security, a security that increasingly tends to be understood as a right to security, and where the borders that were once clear between internal and external security are each time more confused. The understanding of human rights as generating positive obligations to protect with the means of the criminal law, although it is inspired by commendable considerations of protecting vulnerable groups from grave and arbitrary inaction from Governments, can end up being misused by Governments to extend beyond all limits the intensity of criminal law coercion, particularly in the context of terrorism, and therefore not in order to better protect vulnerable groups' basic human rights, but at the expense of the fundamental rights and liberties of all citizens.