El Informe de 2018 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la aplicación de la Directiva 94/80/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales, COM (2018) 44 final, ha puesto de manifiesto como cada vez más los ciudadanos de la Unión Europea hacen uso de su derecho de libre circulación y residencia en otros estados miembros, de forma que se calcula que existen 14 millones de ciudadanos europeos desplazados en edad de votar. Sin embargo, los niveles de inscripción electoral de estos ciudadanos en las elecciones locales siguen siendo muy poco significativos y su participación en los comicios locales se mantiene en índices extremadamente bajos. Estos datos reflejan que un porcentaje muy alto de estos ciudadanos no pueden ejercer sus derechos electorales, ni en su país de origen, ni en aquel en el que están desplazados, excluyendo por completo su participación democrática. Ello resulta especialmente paradójico en un ámbito, la UE, que propugna la democracia como uno de sus valores y atribuye a los derechos electorales la condición de derechos fundamentales. En este trabajo se abordan los límites del estatuto de la ciudadanía para garantizar la plena participación de los ciudadanos europeos en los asuntos públicos del país de residencia y los condicionantes jurídicos que influyen en el ejercicio efectivo de tales derechos en el ámbito interno de los estados, proponiendo una reformulación de los mismos capaz de otorgar un sello distintivo al estatuto de la ciudadanía en lo que se refiere a los derechos inherentes a la participación política en el país de residencia.